El Constitucional estudiará esta semana el recurso del Gobierno contra la ley de Castilla y León que permite cazar al lobo

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de la próxima semana los recursos presentados por el Gobierno contra dos normas autonómicas, la del Ejecutivo de Castilla y León que considera al lobo una especie susceptible de ser cazada al norte del río Duero y la del País Vasco que permitía imponer restricciones si no se estaba vacunado contra el coronavirus.

Según ha informado la corte de garantías, los magistrados abordarán la ponencia del magistrado Ramón Sáez Valcárcel sobre el recurso contra los artículos de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León que incluyen al lobo entre las especies objeto de “aprovechamiento”.

El lobo tenía en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007 --legislación básica del Estado-- una protección estricta para las poblaciones al sur del río Duero, pero se admitía su caza controlada para las poblaciones ubicadas al norte del mismo.

Bajo este régimen, se aprobó la Ley de Caza de Castilla y León de 1 de julio de 2021, donde se contempla por ello la posibilidad de caza controlada del lobo al norte del Duero, previa obtención de la correspondiente autorización administrativa.

Sin embargo, tres meses después, el Gobierno aprobó la Orden Ministerial de 20 de septiembre de 2021 que amplía también la restricción de la caza del lobo al norte del río Duero, abarcando por tanto todo el territorio de España, y alterando la previa previsión legal básica que venía desde el año 2007.

Esta orden fue inmediatamente impugnada por la Junta de Castilla y León ante la Audiencia Nacional mediante un recurso contencioso administrativo, como también lo hicieron gobiernos autonómicos de diferentes signos políticos, como Cantabria, Asturias o Galicia, que en la actualidad se están tramitando.

El Gobierno aduce que dicha orden, aun siendo de fecha posterior, ha hecho que devenga en inconstitucional la ley autonómica aprobada previamente por las Cortes de Castilla y León, por lo que piden la nulidad en lo que afecta a la caza del lobo.