La Alianza Upa-Coag reclama a la Junta de Castilla y León que atienda la reclamación de muchos ganaderos de la región que comprueban absolutamente desesperados cómo la empresa encargada de la vacunación contra la lengua azul no está disponibles y por lo tanto no atiende el teléfono donde se les demanda la vacuna en sí y el desplazamiento de un equipo para suministrarla a los animales, por lo que es un “verdadero caos esta gestión”.
La organización profesional ha criticado que la situación “caótica” generada por parte de los equipos veterinarios dependientes de la Junta de Castilla y León, que “no responden a las demandas continuas” de los afectados, por lo que la responsabilidad final corresponde al Gobierno regional por no exigirles eficiencia, diligencia y medios de refuerzo de personal suficiente para desempeñar los trabajos de vacunación contra esta enfermedad.
En este sentido, la Alianza Upa-Coag ha indicado que “teme” que ante la “desesperación” de los ganaderos estos decidan buscarse la vida por su cuenta asumiendo los gastos de la vacunación, y por lo tanto el sector productor sea “víctima del interés que pudiera tener la propia Consejería de Agricultura y Ganadería en ir privatizando poco a poco unos servicios que debería asumir directamente el Gobierno autonómico”.
La Alianza Upa-Coag ha recordado que esta enfermedad de rumiantes no afecta al ser humano, y su vacunación es obligatoria en zonas donde está detectado el mosquito a todos los animales de más de tres meses.
También hay que tener en cuenta que una vez confirmada la presencia de la enfermedad por parte del muestreo que se realiza periódicamente se procede a la inmovilización de la explotación, tal y como dicta el protocolo sanitario.
Una vez confirmado el foco, las medidas legales consisten en la vacunación obligatoria de las unidades veterinarias afectadas y en el establecimiento de una zona de inmovilización alrededor del origen del foco.