Hace dos semanas nos preguntábamos aquí hasta dónde llegarían las renuncias y concesiones del Partido Popular tras asociarse con Vox para gobernar juntos en Castilla y León. La pregunta es ahora aún más pertinente que entonces después de que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, siguiendo las instrucciones de Santiago Abascal, haya tenido aparcado el proceso de investidura de Alfonso Fernández Mañueco el tiempo necesario para que Vox doblegara al PP obligándole a aceptar nuevas exigencias que no figuraban el “Acuerdo de Legislatura” firmado por ambos partidos el pasado 10 de marzo.
Tras designar candidato a Fernández Mañueco, el propio Pollán señaló las fechas del 25 o el 29 de marzo para celebrar la correspondiente sesión de investidura. Era lo razonable cuando el único trámite previo consistía en reunir a la Mesa y a la Junta de Portavoces de las Cortes para convocar el pleno. Sin embargo, el calendario siguió corriendo sin que el presidente de las Cortes diera cumplimiento a ese trámite, demorando con ello no solo la investidura y la formación del nuevo gobierno, sino también el propio funcionamiento del Parlamento Autonómico, que a fecha de hoy ni siquiera tiene definitivamente constituidos los grupos parlamentarios.
Preguntado días después por la causa de dicha demora, Pollán afirmó que estaba “a la espera de que Vox y el PP le comuniquen que han cerrado el acuerdo”. De esa forma el presidente de las Cortes confirmaba que ambos partidos estaban renegociando el “Acuerdo de Legislatura” firmado el 10 de marzo, un documento que Abascal consideraba insuficiente para apoyar la investidura de Fernández Mañueco.
Gracias a la injustificable demora perpetrada por el presidente de la Cámara, el líder nacional de la extrema derecha abordaba simultáneamente dos objetivos. Uno de ellos, ya conseguido, era el de que la investidura y formación del primer gobierno PP-Vox se produjera después del congreso nacional del PP, de forma que Alberto Núñez Feijóo no pudiera desvincularse del mismo. Por más que haya querido ponerse de perfil ante un pacto que chirría con su discurso “moderado y centrista”, Núñez Feijóo empaña su recién estrenado liderazgo avalando el primer pacto del PP con la ultraderecha en una comunidad autónoma.
Ampliación secreta del acuerdo de 10 de marzo
El otro objetivo de Abascal era el de imponer al PP nuevas condiciones y exigencias, tanto en lo referente al reparto de poder entre ambas partes como a determinados aspectos programáticos de fuerte contenido ideológico, tales como los referentes a la Violencia de Género, la Memoria Histórica, la “emigración ordenada” o el “adoctrinamiento ideológico”.
Dicha renegociación se ha mantenido con total hermetismo y opacidad, sin hacer público su resultado, lo que supone hurtar a la ciudadanía y las propias Cortes el contenido completo del acuerdo global alcanzado entre los socios de gobierno. Y todo apunta a que Mañueco no lo desvelará durante el debate de investidura, manteniendo en secreto la “agenda oculta” que finalmente le permitirá ser reelegido presidente con el apoyo del Vox.
Por ser de obligada publicación en el Bocyl, sabremos más pronto que tarde como queda la nueva estructura de la Junta y el organigrama completo de funciones y competencias, y en concreto las atribuidas a la vicepresidencia asignada a Juan García Gallardo, quien reclamaba para sí la presidencia de la comisión de secretarios generales y la dirección de comunicación (adscrita en la anterior Legislatura al propio presidente).
Y es posible que el debate de investidura permita conocer si el PP ha tragado con algunas exigencias que no figuraban en el acuerdo inicial, tales como la derogación expresa de la Ley de Violencia de Género o la del decreto sobre Memoria Histórica. Pero habrá diversos acuerdos que no se desvelarán en el hemiciclo precisamente por formar parte de la “agenda oculta” pactada durante esta renegociación. Por poner algún ejemplo, desde ámbitos sanitarios se teme el bloqueo de la Ley Orgánica de la Eutanasia, que viene aplicándose desde el pasado año a través de la Comisión de Garantía y Evaluación dependiente del Sacyl. Y también se prevén mayores dificultades aún para ejercer el derecho al aborto.
Por si no fuera suficiente esta especie de “extorsión” política aplicada por Vox al PP, el partido de Abascal se permitía, sin haber cerrado la nueva negociación ni estar convocada la sesión de investidura, dar a conocer oficialmente los nombres de quienes ocuparán las consejerías de Agricultura, Industria y Empleo y Cultura. Otra humillación infligida al futuro presidente, quién, con el Estatuto de Autonomía (art.28) en la mano es el único facultado para nombrar o separar a los consejeros de la Junta. Los partidos del gobierno pueden proponer los nombres que tengan por oportunos, pero el nombramiento de todos los consejeros es de exclusiva competencia del presidente. Y en la práctica Vox no los ha propuesto, los ha designado como si tuviera facultad para ello.
Si Mañueco no estuviera atrapado entre las garras de Abascal, estaría en su derecho de vetar a alguno de los “consejeros” proclamados por Vox, pero no será el caso. Ni siquiera al catedrático Gonzalo Santonja, un sinuoso personaje que ha recalado en la órbita de Vox al término de una trayectoria política que en los años 80 (consta que al menos hasta las elecciones europeas de 1987) estuvo ligada a Herri Batasuna. Santonja llega al cargo de la mano de su amigo Fernando Sánchez Drago, consejero áulico y biógrafo oficial de Abascal.
Mañueco, que ha mantenido un silencio sepulcral durante la “extorsión” a la que le ha sometido su socio de gobierno, aseguraba en el congreso de Sevilla que en su nuevo gobierno “van a regir los principios, valores y políticas del PP”. Tal afirmación que no se compadece con la realidad de que ha sido Vox quien ha impuesto el sello dominante y ha marcado en todo momento la pauta a una coalición que convierte al presidente de la Junta en rehén político de Abascal, el primo de Zumosol que va a controlar desde Madrid hasta el último movimiento en la Junta.
Mañueco, castigado sin cuota en el nuevo Consejo de Dirección
Tras el cónclave sevillano, se daba por hecho de que el PP de Castilla y León dispondría de cuota en el nuevo Consejo de Dirección del PP, la cúpula (secretario general, coordinador y vicesecretarios) que dirige con el presidente el día a día del partido en Génova. Y el chasco ha sido morrocotudo.
Mañueco aspiraba a colocar en una de las vicesecretarias al portavoz del grupo popular en las Cortes, Raúl de la Hoz. Y tan seguro estaba de ello que ya había decidido reemplazarle con Ángel Ibáñez, para encomendar la consejería de Presidencia a Jesús Julio Carnero, obligado a ceder la de Agricultura a Gerardo Dueñas, el elegido por Vox para hacerse cargo de la misma. Pero el PP de Castilla y León no ha obtenido plaza en el Consejo de Dirección, acaparado casi en su totalidad por andaluces y gallegos. Feijóo ha mostrado así su enorme cabreo con Mañueco, y no tanto por el pacto en sí con Vox como por la inmensa torpeza con la que lo ha venido negociando.
Y no ha quedado ahí el ninguneo de Feijóo, ya que, de los tres vocales de Castilla y León en el nuevo comité ejecutivo nacional, tan solo uno, la presidenta provincial del PP de Segovia, Paloma Sanz, es de la confianza de Mañueco. Los otros dos son su antiguo contrincante en las primarias, Antonio Silván, que ya estaba con Casado, y la ex consejera Pilar del Olmo, jefa del grupo popular en el ayuntamiento vallisoletano. Tras la designación de esta última, que estaba prácticamente desahuciada para repetir como candidata a la Alcaldía, se adivina a distancia la mano del ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que ya apadrinó su salto a la política municipal.
Para desgracia de Mañueco, Herrera mantiene intacta su estrecha relación personal con Feijóo. El ex presidente de la Junta, hoy apesebrado en el Consejo Consultivo, se incorporará con toda seguridad a ese comité asesor de notables del partido del que piensa rodearse el nuevo presidente nacional del PP.