Si la palabra de los políticos, de todos en general, no estuviera tan devaluada, en Castilla y León no llevaríamos desde principios de septiembre dando poco menos que por segura la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas. Simplemente porque el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, único facultado para activar ese adelanto electoral, en ningún momento ha dejado de asegurar su propósito de agotar la actual Legislatura, estableciendo como única condición para ello que se mantenga la estabilidad de gobierno.
“Todo el mundo que me conoce, y lo he dicho hasta la saciedad, sabe que lo que quiero es agotar la Legislatura”, reiteraba recientemente entrevistado por Carmen Morodo en el diario La Razón. “Pero también quiero estabilidad política y parlamentaria y espero que se mantenga a lo largo de los 16 meses que nos quedan hasta acabar el mandato”, añadía el presidente de la Junta.
Y siendo cierto que desde que la procuradora María Montero abandonó Ciudadanos el bloque de gobierno perdió la mayoría parlamentaria, también lo es que ello no ha impedido la gobernabilidad. PP y Cs han perdido desde entonces diversas votaciones parlamentarias y se han visto obligados a admitir comisiones de investigación con las que no estaban de acuerdo, pero todo ello en ningún momento han puesto en riesgo la estabilidad del gobierno Mañueco.
¿Qué puede poner en estos momentos en riesgo esa estabilidad? La respuesta es obvia: Que la Junta no pudiera sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad para 2022 que actualmente tramitan las Cortes. Si se diera ese supuesto, el presidente dispondría de un argumento de peso para disolver la Cámara y adelantar las elecciones.
Pero ese supuesto es extremadamente remoto, ya que, una vez que el partido Por Ávila (XAV) accedió a aprobar el techo de gasto, todo apunta a que, solventados los tiras y aflojas en la negociación de las contrapartidas, la formación abulensista aportará su voto para que los Presupuestos sigan adelante.
Las recientes declaraciones a este diario del alcalde de Ávila y líder de XAV, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, condicionando el acuerdo presupuestario a la no convocatoria de elecciones anticipadas son de una lógica aplastante. “Sería absurdo negociar unos Presupuestos para que el día después se convoquen unas elecciones y esos Presupuestos no se ejecuten”, argumenta Sánchez Cabrera, quien haría un papelón si las contrapartidas obtenidas para Ávila quedan en papel mojado a causa de un adelanto electoral. Pero XAV no puede tensar mucho esa cuerda, ya que si su intransigencia hace fracasar los Presupuestos, se esfumará cualquier contrapartida.
Si, como es previsible, los Presupuestos salen adelante Mañueco carecerá de razones objetivas para incumplir su compromiso de agotar la Legislatura. Tan solo le quedaría la excusa de precipitar las elecciones para frustrar la moción de censura que los socialistas pueden volver a presentar a partir del 10 de marzo. Pero a estas alturas esa es una excusa muy cogida por los pelos, ya que por parte del PSOE resultaría una temeridad reiterar una iniciativa que no tiene el menor viso de prosperar.
Sondeo disuasorio.- Entretanto, están apareciendo nuevos factores disuasorios del adelanto electoral. Si la pasada semana nos referíamos aquí a un calendario judicial adverso para el PP, no hay que perder de vista los resultados del reciente sondeo electoral de Metroscopia. Sus resultados devuelven al PP a su condición de fuerza más votada (34-37 escaños) pero alejado de la mayoría absoluta que marcan los 41. Y lo que es peor, aritméticamente su único apoyo posible para seguir gobernando sería Vox, que emergería como tercera fuerza política con 10 u 11 procuradores.
A poco más de un año de las elecciones autonómicas de 2023, es posible que, ante la perspectiva de gobernar bajo el sometimiento de Vox, a Mañueco le traiga más cuenta mantener su actual alianza con Ciudadanos, cuya corriente oficial, afín a Inés Arrimadas, que controla el grupo parlamentario, se ha plegado completamente ante el PP, tratando con ello de evitar como sea un adelanto electoral que certificaría la defunción del partido.
Con Ciudadanos completamente inerme, el único problema de Mañueco no radica en las Cortes, sino en el seno de su propio gobierno, concretamente en la huida hacia adelante de la consejera Verónica Casado, que ha convertido el Sistema Público de Salud en un permanente foco de conflictos. A diferencia de su mentor, el vicepresidente Francisco Igea, que ha ido recogiendo velas, Casado sigue haciendo de su capa un sayo ante la creciente indignación dirigentes, alcaldes y cargos públicos del PP.
Un problema de autoridad que, una vez aprobados los nuevos Presupuestos, Mañueco puede resolver de un plumazo acometiendo la oportuna remodelación de su gobierno. Ese sí sería un verdadero golpe de autoridad.
Cosas veredes
Fernández y el sapo Arnaldo.- Al portavoz estatal de Podemos y a la sazón secretario autonómico del partido en Castilla y León, Pablo Fernández, no le ha quedado más remedio que reconocer que sus diputados se han “tragado un sapo terrible y deleznable” al votar a Enrique Arnaldo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Conocidas las andanzas de Arnaldo a la sombra del PP, la ingesta no ha sido de un sapo común, sino de un ejemplar del “sapo de caña”, la especie de mayor tamaño y voracidad.
Fernández responsabiliza al PP de un trágala que se hubiera evitado simplemente con no aceptar un reparto de cromos en las antípodas de la regeneración democrática. Y olvida que alguna diputada de Podemos se ha negado a deglutir tan deleznable batracio.
Altavoces prestados.- Dada la relación fraternal entre ambas organizaciones, a nadie ha extrañado que el diputado de “Teruel existe”, Tomás Guilarte, haya asumido como propias ocho enmiendas de Soria ¡Ya! solicitando mayor dotación en los PGE para ejecutar los tramos de las Autovías A-11 y A-15 que discurren por territorio soriano.
Este tipo de colaboración entre fuerzas afines tiene precedentes. En su día el añorado José Antonio Labordeta, diputado de la Chunta Aragonesista, hizo suyas las enmiendas de Tierra Comunera a la reforma del Estatuto de Castilla y León. Y muy conocidas son las numerosas iniciativas del senador de Compromís Carles Mulet en apoyo de la Autonomía de la Región Leonesa y de otras muchas reivindicaciones leonesistas.
Un obispo menos.- La Iglesia está a punto de perder una de las once diócesis con las que contaba en Castilla y León. La Santa Sede ha resuelto la larga interinidad en el obispado de Ciudad Rodrigo nombrando un mismo titular para esta diócesis y la de Salamanca, de las que se hace cargo el hasta ahora obispo de Plasencia, José Luis Retana.
Tras perder la batalla librada para seguir contando con obispo propio, en Miróbriga se resignan a que el Vaticano disponga en breve la extinción de la histórica diócesis Civitacense, cuyos orígenes se remontan a 1161.