El juez de Perla Negra rechaza los recursos de los 10 imputados e incluye el presunto cohecho de un exalto cargo de Juan Vicente Herrera
El titular del Juzgado de Instrucción número 2, que investiga el caso Perla Negra, el sobrecoste millonario de un edificio de Economía de la Junta de Castilla y León en Valladolid y la compra de terrenos sobrevalorados para un polígono industrial, ha desestimado los recursos de los 10 imputados. La causa es una de las que más preocupa al Gobierno regional: entre los investigados figuran quienes formaron parte de la cúpula de la Consejería, a excepción del consejero, que falleció inesperadamente antes de declarar en calidad de investigado.
El juez sí acepta a petición del PSOE, que ejerce la acusación popular, y de la Fiscalía, añadir el presunto cohecho que recibió de los constructores el que fuera secretario general y viceconsejero de Economía, Rafael Delgado. El exnúmero 2 de la Consejería se hizo con un piso a través de una complicada maraña de empresas.
La vivienda, de 235 metros cuadrados en pleno Paseo de Zorrilla, fue comprada por Tecnicyl, la sociedad de uno de los responsables de la promotora Urban Proyecta, en abril de 2006. Tan solo un mes después, la Junta le adjudicó la construcción del edificio Perla Negra. El piso se transfirió por 437.747,65 euros, el mismo precio que pagó Tecnicyl, a Nereo de Inversiones, administrada por Carlos González Maestro.
Gónzalez Maestro, también imputado en el caso, es un abogado relacionado con una veintena de empresas entre las que figuran San Cayetano, cuyos responsables (los hermanos Esgueva Gutiérrez) están imputados tanto en la Trama Eólica como en el caso Perla Negra, o Cementos la Bureba, una de las sociedades presuntamente beneficiadas por el pelotazo del sobrecoste del parque empresarial de Portillo y que forma parte de la causa. El letrado también es administrador de la sociedad que se constituyó para gestionar el fallido polígono.
En 2011, con el pelotazo del edificio Perla Negra, con un coste estimado de 40 millones de euros y una venta a la Junta que ronda los 70, y con un Polígono por el que la Junta compró terrenos previamente adquiridos por empresarios afines y revendido por 9 veces más de su valor real, ya ejecutado, Delgado dejó la Junta de Castilla y León.
Su siguiente paso fue alquilar ese piso de Zorrilla a Tecnicyl, por 900 euros mensuales. En septiembre de 2012 lo compró, y lo hizo a través de su sociedad Samuño Activos SLU. Una serie de correos intervenidos en una inspección de Hacienda, a los que tuvo acceso eldiario.es, dan las pistas de cómo se preparó la extraña transacción. En abril de 2012, el abogado Jesús Rodríguez Recio, considerado durante la investigación como el testaferro de Delgado pero hoy fuera de la causa, mandó un correo al administrador de Nereo para exponer cómo Delgado y él pretendían “rematar el asunto del piso de Zorrilla” para poner el plan en marcha ese mismo mes “a todos los efectos”. El correo iba con copia a los responsables de la promotora y la constructora del edificio Perla Negra, Ángel Montes (Urban Proyecta) y Germán Martín Giraldo (Parqueolid).
Comprar un piso y recibir dinero a cambio
Proponía un contrato de arrendamiento con opción de compra por 2.100 euros mensuales (Delgado estaba pagando 900) y la opción de compra por 400.000 descontando el 50% del arrendamiento. Recogían en el acuerdo “dos estipulaciones claves”, una de ellas era que se reconociese una “realización de obras y mejoras realizadas por el arrendatario por importe no inferior a 200.000 euros, que en caso de ejercer la opción de compra sean descontadas del precio”, y precisaba: “Así no se vincula ningún pago previo, ni transmisión de capital alguno”. El plan era realizar la compraventa dos años después y poner como titular del nuevo arrendamiento a Samuño Activos, la mercantil de Delgado.
La propuesta no se llevó a cabo. El 25 de abril, el testaferro volvía a escribir al propietario (siempre con copia a los responsables de Urban Proyecta y Parqueolid) para trasladarle su “disgusto” (de él y de Rafael) por verse “avocados” [sic] a la compra, porque de otro modo les saldría más caro y sólo ganaría la entidad financiera. “Por consiguiente la operación se estructura como compraventa por el precio de la hipoteca, y el día de su firma deberemos recibir la cantidad de 220.000 euros”, decía Rodríguez Recio. Es decir, Delgado compraba un piso, pero el que recibía dinero era él.
Añadía Rodríguez Recio que “si a efectos de justificación del pago de los 220.000 euros” necesitaba una o varias facturas, una de sus mercantiles (escribe nuestras, en referencia a las de él y Delgado) “estará dispuesta a la facturación que sea necesaria”. La compra se hizo efectiva en septiembre, pero por 412.113,79 euros, un precio notablemente inferior al abonado inicialmente por el vendedor.
Hacienda consideraba en un informe que el piso fue pagado “al menos en parte” por la sociedad del testaferro, Tough Trade, SAU y especificaba que no pudo comprobar si el extraño pago de los 220.000 euros por la parte vendedora se hizo efectivo.
“No se trata de modificar ningún criterio sino de desarrollar una de las cuestiones ya consignadas en el auto recurrido respecto del estudio económico y empresarial de Rafael Delgado, sus diversas actividades económicas y sus relaciones con algunas de las empresas investigadas, y la ampliación procede para permitir una mayor concreción en la imputación y posterior acusación sobre tales hechos”, precisa el juez.
Instrucción de más de 5 años
Repecto al resto de recursos, en el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez comienza advirtiendo de que la resolución recurrida es “fruto de una actividad instructora prolongada”, en concreto, el caso se investigó durante más de 5 años. “Es fruto de un pormenorizado análisis de todo lo actuado, por lo que difícilmente el instructor va a modificar su criterio”, señala.
Un palacete en Bruselas fuera de la causa
Aunque estima en parte el recurso del PSOE al que se adhirió la Fiscalía respecto a Delgado, rechaza la práctica de “ninguna otra diligencia”. Lo que Fiscalía y PSOE pretendían es que se incluyese en la causa el alquiler de un palacete en Bruselas por parte de la Junta a una empresa aparentemente belga, pero que en realidad pertenecía a los promotores del edificio Perla Negra. Pagaban más de 12.000 euros anuales por él.
El juez rechaza que forme parte de la causa porque, según dice, no ha dado tiempo a investigar más. “Cierto es que en un principio y tras el recurso de las acusaciones, la investigación se ampliaba a la contratación del arrendamiento de un edificio en Bruselas por parte de Ade Europa a la empresa Colouis S.A., pero nada o casi nada se ha podido practicar al respecto”, motiva. Dice que “por la introducción tardía de tal cuestión” no se pudo “preguntar a la mayor parte de investigados sobre ese tema, por lo que no ha podido ser lógicamente objeto de imputación alguna”. Es decir, a pesar de que se introdujo en la causa porque había indicios de criminalidad, quedará sin juzgar.
Tampoco admite el juez la petición de PSOE y Fiscalía para que se anule el sobreseimiento respecto al que fue director de ADE Parques, la empresa pública de la Junta que gestionaba los polígonos industriales. Considera que aunque Jesús J M. “pudo tener participación”, no tuvo “decisión alguna en el abono de las facturas a Parqueolid, constructora del edificio Perla Negra y también inmersa en la compra de terrenos del polígono de Portillo y por ello no está recogido en el auto”. Según el instructor “se limitó a intervenir en las negociaciones sobre la venta de las parcelas a posteriori y sin capacidad de decisión al respecto, como órgano ejecutor de las decisiones tomadas ya por Rafael Delgado –viceconsejero de Economía– y Begoña Hernández –su sucesora en el cargo–” .
Resuelve los recursos de los investigados conjuntamente “por cuestiones claras de economía procesal”. Todos ellos, dice el auto, “han de correr igual suerte desestimatoria”. Se basa el juez en el “análisis pormenorizado” y “concienzudo”, en una investigación de más de 5 años. Un “análisis objetivo” que “corresponde al juez instructor y no puede ser sustituido por el análisis subjetivo interesado de parte”. Aun así, remarca que “todo es discutible y cuestionable”, que el auto describe hechos ajustados a la realidad pero “no supone sentenciar definitivamente los mismos ni prejuzga”.
El auto describe la intervención de todos los investigados en los dos temas investigados, Perla Negra y el polígono de Portillo, sin que pueda descartarse la intervención de los imputados. “No puede negarse esa participación, con independencia de la interpretación que proceda en sentencia final”, subraya. Ante las críticas de algunas de las defensas sobre la falta de concreción del juez, este justifica que sentar un relato definitivo de hechos probados, no es misión del instructor. “El auto desarrolla en una considerable extensión unos hechos imputados, guste más o menos o convenza más o menos a unos y otros”, añade.
Además, explica que no sólo enumera los hechos sino que hace referencia o mención a elementos como son los informes policiales del Grupo de Delincuencia Económica, la información sobre cuestiones relativas a la ocupación de cargos y otros extremos de facturación y pagos de la Junta de Castilla y León y los informes de la IGAE. Los investigados tiene la posibilidad de presentar recurso de apelación.
