El que fuera gerente de Estudio Lamela, la firma de arquitectura que diseñó el edificio que acabaría conociéndose como Perla Negra, ha explicado al tribunal que juzga el caso que recibió el pliego de condiciones antes de que se publicase el concurso. La declaración de Luis L.B como testigo no es más que una ratificación de la que ya realizó en la fase de instrucción y refuerza la tesis de la Fiscalía: que el concurso estaba viciado y la promotora Urban Proyecta estaba conchabada con alguien de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León para ganarlo. De hecho, fue el única que presentó proyecto en el corto y poco frecuente plazo de 15 días que dio la Junta. Se habría producido, por tanto, un presunto delito de revelación de secretos.
El exgerente ha ratificado que comenzó a trabajar en 2005 con Urban Proyecta para un “edificio de oficinas multinquilino” y que el primer contacto se produjo a través de la web de Lamela con su director de expansión “en la primera quincena de mayo de 2005”- el concurso se publicó en diciembre- y que según les comentaron desde Urban “se oía” que la ADE (agencia de desarrollo económico de la Junta) tenía previsto reunificar varias empresas en un edificio y que también “se oía que podía salir un concurso”. De hecho, el estudio giró facturas a Urban con el concepto “proyecto ADE” que contemplaban “cuatro o cinco meses de gastos” porque Lamela realizó varios anteproyectos de edificios, tanto uno en Villa de Prado (Valladolid) como otros dos en el municipio de Arroyo de la Encomienda, donde finalmente se construyó, si bien fue en una parcela distinta de las iniciales. “No sabemos quién lo decidió”, ha comentado el exgerente.
Quienes trataron con Lamela eran dos de los acusados, Germán Martín Giraldo y Angel Román Montes, ambos de Urban Proyecta. El contrato entre Lamela y Urban se suscribió en noviembre de 2005 y en él se contemplaban trabajos para el concurso, proyecto, proyecto básico y dirección de obra.La fiscal ha recordado al testigo que durante la instrucción del caso había declarado que conocieron el pliego de condiciones para el concurso el 26 de noviembre de 2005, mediante un correo electrónico de Angel Román Montes, algo que el exgerente ha ratificado. A preguntas de la defensa de Martín Giraldo, sobre si el envío podía ser de los pliegos publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León, ha asegurado que en los pliegos que se le remitieron no había “ningún membrete”.
La declaración de los responsables de Unifica Servicios Integrales, la firma de arquitectos que se encargó de la división interna del edificio y que es la misma que reformó la sede del PP en la calle Génova cobrando en dinero B, también ha sido clarificadora: se les adjudicaron obras por valor de 4,4 millones de euros sin concurso, algo que adelantó elDiario.es en exclusiva en 2016.
Así, Belén García ha declarado que empezaron a trabajar con Urban Proyecta a través de “un contacto con la gente que trabajaba en las fachadas” del Perla Negra, que fueron a verlo y se ofrecieron a la promotora para hacer dibujos de la distribución de las plantas del edificio para que los futuros inquilinos supiesen cómo iba a quedar el espacio. “En algún momento Urban nos presentó a personas de la Junta, nos pusieron en contacto”, ha recordado. Pero García no ha sido capaz de precisar cómo acabaron haciendo una obra millonaria sin un concurso. “Hicimos planos e hicieron una especie de concurso y nos adjudicaron la obra, entiendo que hubo concurso porque nos mandaron un presupuesto para ofertar”, ha dicho. Sin embargo también ha comentado que en una reunión el que era coordinador de servicios en la Consejería de Economía, Tomás Machota, pidió “contactos de empresas del sector porque no podían adjudicar a dedo” y que querían empresas de Castilla y León. “Entiendo que pidieron más ofertas”, ha dicho García. Pero, a preguntas de la fiscal ha reconocido que no hubo ninguna publicación de un concurso en el Bocyl: “De eso no hubo, nos enviaron presupuesto sin precios para que ofertásemos y luego nos dijeron que éramos adjudicatarios y mandamos firmado el presupuesto. También Lo firmó Rafael Delgado, con sello de la Junta”, ha desvelado.
Respecto a los contratos que firmó Unifica en abril de 2008 con Abascal y Monari, dos consultoras propiedad de Angel Román Montes, de Urban, los ha atribuido al otro propietario de Unifica, Gonzalo Urquijo y ha comentado que cree que eran para localizar clientes o para que les facilitasen “información de operaciones en curso”. García, a preguntas de la defensa de Delgado, ha declarado que nunca le vio porque siempre trató de la obra con Machota, la revisión con el equipo de aparejadores y las facturas con el director financiero de Gesturcal, Francisco Armero.
Además, ha concretado que las decisiones las tomaba “alguien por encima de Tomás Machota” quien les indicaba que pasaba sus propuestas “a consulta” y esperaba instrucciones. Fue a Machota a quien Unifica remitió un informe sobre el coste de las oficinas que tenia distribuidas la ADE por Valladolid y el coste de las que tendría en el Perla Negra. García ha dicho que era para la entonces viceconsejera de Economía, Begoña Hernández. Respecto a una visita “oficial” al edificio, García recuerda que estaba el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, y no sabe si estaba el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. “Nosotros nos quedamos fuera, pasando frio”, ha dicho.
El otro socio de Unifica, Gonzalo Urquijo, ha declarado que sólo conoce a Ángel Román Montes porque contrató los servicios de sus consultoras con “honorarios comerciales a éxito durante unos cuantos años”. Según Urquijo “es típico en el mundo del real estate” porque no tienen comerciales. Estas consultoras, dice, les daban “avisos”, “información” sobre operaciones en las que podían intervenir porque tenían relación con esos futuros clientes. “Sin embargo, el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de Valladolid ha dicho que les informaron sobre empresas que aparecen en facturas de Monari y Abascal que dicen no conocerles”, ha apuntado la fiscal. “Es que no era necesario que contactasen con ellas, sólo nos informaban”, ha respondido en clara contradicción con lo afirmado segundos antes.
El juicio se reanuda este martes con una nueva tanda de testigos. Según la Fiscalía, la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.