La Junta de Castilla y León niega información sobre el Instituto de la Lengua que financia desde hace dos décadas porque es “privado”

La Junta de Castilla y León se basa en la supuesta privacidad de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua para desestimar una petición a través de Transparencia realizada por elDiario.es. En una resolución que firma el secretario general de la Consejería de la Presidencia, Santiago Fernández Martín, se informa de que la solicitud “no es competencia de la Administración de Castilla y León, sino que la titularidad reside en la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la cual tiene naturaleza jurídica de carácter privado”.

La Consejería de la Presidencia no tuvo el mismo criterio en abril de 2022, cuando este mismo medio realizó una solicitud para recabar qué pagos se habían hecho al ahora consejero de Vox, Gonzalo Santonja, durante las dos décadas que dirigió la Fundación, bien fuesen abonos desde la Consejería de Cultura, o desde el propio Instituto de la Lengua. Lo que resolvió Presidencia fue que esa información debía obrar en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y en la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. En consecuencia, en la propia Orden se señalaba que se asignaba a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes la solicitud con el fin de que esta resolviera lo que correspondiera acerca de la información que obra en su poder y, en cuanto a la información solicitada referida a la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, se indicaba también en la Orden que procedía la remisión de la petición a esta Fundación para que “facilite la información solicitada en la parte que a ella le corresponde”. Es decir, no se desestimó la petición, se hizo llegar al Instituto y la información se acabó aportando.

La Junta aporta más del 60% del presupuesto de la Fundación y el resto proviene de otras administraciones o instituciones

Ahora, se escundan en que se trata de una fundación privad y se basan en el artículo 6.3 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León: “Se consideran fundaciones públicas de la Comunidad a efectos de esta Ley aquellas en cuya dotación participen en más del cincuenta por ciento, directa o indirectamente, la Administración General de la Comunidad o las demás entidades del sector público autonómico”. En consecuencia, dado que la participación pública es menor del 50%, su naturaleza jurídica es de entidad de derecho privado sin ánimo de lucro“, concluyen. Si bien es cierto que cuando se constituyó el Instituto, Junta, ayuntamientos, diputaciones y universidades aportaron una dotación que en conjunto no superó los 90.000 euros, también lo es que la Junta otorga ayudas año a año, y en cantidades que sí superan el 51% del total de subvenciones de dinero público con las que se sustenta la fundación ”de naturaleza jurídica privada“.

Se puede constatar en el propio portal de Transparencia del Instituto de la Lengua, que entre otras cosas carece de un correo o formulario para realizar peticiones de información. En los presupuestos y memorias económicas que se han publicado, desde el año 2015 (cuando entra en vigor la Ley de Transparencia) hasta 2024 se puede comprobar no solo que el gobierno autonómico aporta más del 50%, sino que en algunos ejercicios supera el 60%. La financiación del Instituto se realiza por dos vías, por un lado la Junta de Castilla y León otorga cada año una subvención, y por otro, los patronos (representantes todos ellos de administraciones e instituciones públicas como ayuntamientos, universidades y diputaciones) aportan cuotas. Todo el dinero con el que funciona esta fundación “que trabaja por la promoción y la difusión de la lengua española y la literatura de la Comunidad”, y que se usa para para pagar al personal, editar libros, organizar charlas y exposiciones, mesas sobre tauromaquia o incluso espectáculos de magia, procede de las arcas públicas.

En 2015, con 570.000 euros de dinero público entre subvención y cuotas, la Junta abonó 345.000 euros, lo que supone un 60,5% del total de la financiación. En 2016 y 2017, el 60,4%; en 2018, el 61,06. En 2019, según los presupuestos, porque la memoria económica es ilegible, el 60%; en 2020, el 61,3%; en 2021, el 57,89; y en 2022 el 59,3%. En cuanto a 2023 y 2024, según los presupuestos, porque la memoria no está colgada, y cuando la Junta subió su subvención hasta casi doblarla mientras los patronos se marchaban, la aportación del gobierno autonómico superó el 70% en los dos ejercicios.

Se desentiende de la transparencia de una fundación cuyo patronato preside desde hace dos décadas

Si la afirmación de que la Junta aporta menos del 50% no se puede sostener documentalmente, tampoco puede entenderse la privacidad de la información atendiendo a quién está al frente de la fundación. En este momento la dirige la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ya que la Junta está siempre al frente del Patronato, y hace de secretario un funcionario de la Junta. Difícilmente puede explicarse que la Junta imponga a cargos o funcionarios en una Fundación que nada tiene que ver con ella. El hecho de que no haya un director se debe a que la Consejería de Cultura, cuando estaba en manos de Ciudadanos, propuso al patronato cambiar el modelo de gestión y prescindir de un director, que en ese momento era Gonzalo Santonja, ahora consejero de Cultura, y apostar por un comité asesor. Para ello había que cambiar los estatutos de la Fundación, algo que no se ha abordado hasta el momento.

Incumple la normativa de Transparencia para fundaciones que reciben más de 100.000 euros anuales

Por otro lado, la Ley de Transparencia obliga a todas las fundaciones que reciban más de 100.000 euros anuales de dinero público a publicar una serie de datos en su portal. En el caso del Instituto de la Lengua, la información está incompleta. No aparece, por ejemplo, la memoria económica de 2023, la normativa de aplicación o la estructura organizativa con un organigrama actualizado -sigue apareciendo Santonja como director a pesar de que dejó de serlo en 2021- que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. Tampoco aparecen los convenios suscritos con Administraciones Públicas ni hay un apartado concreto donde se reflejen las subvenciones y ayudas públicas con indicación de su importe, objetivo o finalidad, hay que buscar en las memorias económicas, que están la web, pero en baja resolución. Por otro lado, no aparecen en ninguna parte las retribuciones percibidas anualmente por los máximos responsables de la la fundación o las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono en el cargo.

Con todos estos datos, y con precedentes en los que entendió que la Junta debía facilitar la información a este medio remitiendo la solicitud al Instituto de la Lengua, la Consejería de la Presidencia decide ahora inadmitir la petición de elDiario.es, y pone fin a la vía administrativa si bien puede efectuarse reclamación ante la Comisión de Transparencia.