La Junta de Castilla y León no aplica perspectiva de género en sus contratos con empresas, concluye el Consejo de Cuentas en su último informe de fiscalización del cumplimiento de cláusulas sociales y medioambientales en 2018 y 2019.
La institución ha analizado 84 contratos del final de la etapa de Juan Vicente Herrera y del principio de Alfonso Fernández Mañueco (2018 y 2019) de todas las consejerías y de varias entidades públicas como el Ente Público Regional de la Energía (Eren) o el Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl). Estos contratos que ha formalizado la Junta de Castilla y León a través de un procedimiento abierto, negociado sin publicidad u 'otros', abarcan servicios, obras y suministros.
Sin embargo, la perspectiva de género no constituye una característica técnica ni se incluyen “medidas destinadas a promover la igualdad efectiva de oportunidades” en ninguno de los 84 contratos analizados. La Junta tampoco ha pedido a las empresas “aptitudes específicas” en materia social o de igualdad de género a las empresas en ninguno de los contratos.
Este era uno de los compromisos que la Junta adquirió en 2016, en un acuerdo que fijaba como objetivo establecer “directrices de carácter vinculante” sobre la incorporación de aspectos sociales en la contratación. Según el Consejo de Cuentas, la Junta incumple varios de sus puntos, como la obtención de información, para que la Consejería de Familia emita un informe relativo a la incorporación de aspectos sociales en la contratación. El contenido de los datos que se reflejan en el informe no es “coherente” y refleja “importantes diferencias” entre los contratos que incorporan cláusulas sociales y su desglose por clases. Para el Consejo de Cuentas, esto “ofrece dudas” sobre su “integridad y exactitud”.
En ninguno de los contratos analizados se incluyen expresamente objetivos o consideraciones sociales a satisfacer, “ni se motiva suficientemente la imposibilidad de introducir este tipo de cláusulas por la naturaleza del contrato”. Esto incumple otro de los puntos del acuerdo que analiza el Tribunal de Cuentas autonómico. Además, la Ley de Contratos del Sector Público abre la posibilidad de incorporar innovaciones sociales o ambientales, un punto que tampoco se utiliza en ninguno de los contratos estudiados.
De los 84 contratos, 52 eran susceptibles de incluir aspectos sociales o ambientales como criterios de adjudicación, pero tampoco se tomó en consideración ningún criterio así ni se motivaron “suficientemente” su no inclusión.
Ante estos incumplimientos, el Consejo de Cuentas recomienda a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que impulse la adopción de medidas para que los datos para el informe de Familia sean “reales e íntegros” y permitan escribir informes que evalúen el grado de inclusión de estas cláusulas sociales. También recomienda a Familia que impulse las medidas “eficaces” para garantizar el cumplimiento de este acuerdo y de la Ley de Contratación.
Un informe de la Consejería con datos cuestionables
Además, el estudio del Consejo de Cuentas cuestiona dos informes de la Consejería de Familia que aseguraban que más de la mitad de la contratación pública incorporó cláusulas sociales. Estos informes, de los que se remitió un comunicado de prensa en su momento, “limitan la transparencia” en los datos porque no desglosaban los contratos por consejería o entidad. Además, el Consejo de Cuentas ha detectado “diferencias” entre los datos que la Junta proporcionaba en la nota de prensa y los que luego detallaba. “No se ha podido determinar la justificación, ni obtener una explicación”, apunta el Consejo de Cuenta. Sin embargo, estas diferencias “cuestionan los porcentajes de cláusulas sociales ofrecidos por la Consejería”.
El Consejo de Cuentas estima que como mucho hubo cláusulas sociales en la mitad de los contratos que los que se jactaba la Junta de Castilla y León. En base a los datos proporcionados por la Junta de Castilla y León, el 37% de los contratos adjudicados en 2018 tenían cláusulas sociales (la Junta hablaba del 61%), igual que el 32% de los adjudicados en 2019 (la Junta hablaba del 59%). “Estas diferencias podrían ser mayores, si se tiene en cuenta que un mismo contrato puede incorporar más de una cláusula social”, agrega el Consejo.