La Región de Murcia tiene en sus presupuestos una partida de 100.000 euros en la “defensa de la unidad de España”. Esta cuantía, según el portavoz del PP en el Parlamento, Joaquín Segado, es una “partida simbólica” para cubrir “cualquier recurso, estudio o contingencia” en defensa de la Constitución. En esa Comunidad gobiernan PP y Vox, y es a propuesta del vicepresidente de la región, José Ángel Antelo, que esta medida se va adelante con la complacencia de los 'populares'.
Ante esto cabe pensar que en el resto de autonomías en que ambos partidos comparten ejecutivo también se haga algo parecido tal y como el partido de extrema derecha hace para imponer sus directrices de forma conjunta y desde Madrid a los territorios. De momento, y a falta de unos presupuestos o un borrador que haga conocer los planes maestros para Castilla y León, la Junta no prevé una una partida específica para financiar recursos judiciales y protestas contra las decisiones del Gobierno de España, como ha asegurado el portavoz de este Gobierno, Carlos Fernández Carriedo.
“No está previsto financiar este tipo de actividades”, ha respondido el portavoz a preguntas de los periodistas para tampoco precisar si el vicepresidente, Juan García-Gallardo, ha realizado la misma petición que Vox en Murcia.
Para Fernández Carriedo, la labor de su Gobierno es ser exigente con el Ejecutivo central y ha recordado que desde la Junta, como se acordó en un Consejo de Gobierno extraordinario, se está preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña.
Preguntado por si se utilizarán los medios jurídicos de la Junta para los recursos que se preparan contra las decisiones del Gobierno, el también consejero de Economía y Haciendo ha reconocido que serán los servicios jurídicos propios los que “lideren” las iniciativas y ha dejado la puerta abierta a “contar con ayuda” de expertos privados que serán “siempre serían bienvenidos”.
Carriedo pide que el encuentro Sánchez-Feijóo “reoriente” las políticas del Gobierno
El portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, también ha comentado la reunión entre presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Deseamos que sirva para intentar convencer al Gobierno de España de que rectifique algunas de las decisiones que ha tomado, que reoriente su política y que esta política se oriente hacia los intereses de los españoles, de la igualdad entre los españoles, de la solidaridad entre todos los territorios”, ha explicado.
El portavoz de la Junta también ha apuntado que la financiación autonómica debe ser un asunto que traten todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en “un negociación multilateral”. “Creo que no todos los dirigentes políticos le van a aconsejar igual de bien para garantizar la igualdad entre los españoles, estaría bien escuchar más a algunos dirigentes políticos que tienen una visión más global de lo que es la idea de la igualdad”, en referencia las reuniones de Sánchez este jueves en Cataluña.
La Junta no teme una denuncia del presidente del Serla por dejarle sin nómina
Entre los anuncios de este Consejero de Gobierno, se encuentra la subvención por importe de 40.000 euros para el pago de las nómina de este diciembre, así como las de enero y febrero de 2024 de los trabajadores del Servicio de Relaciones Laborares de Castila y León. Según la nota de prensa, quedan fuera los gastos derivados de contratos de alta dirección regulados por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.
Según esta comunicación, el director del SERLA, Julio Cordero, queda fuera de recibir su nómina tras quitarle el Patronato sus poderes aunque no ha sido cesado por lo que podría derivar en una posible denuncia. Para Carriedo, no hay problema al respecto además de que ha señalado que “la posición es ir reduciendo estructuras de altos cargos”.
La Junta, informa EFE, considera a Cordero aún como trabajador de esa organización, regida por un Patronato en la que tienen representación la Consejería de Industria, la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, enfrentados con la Junta por la que ven como insuficiente aportación para el funcionamiento del SERLA, reducida a la mitad respecto a lo entregado en años precedentes.