La Organización Internacional del Trabajo muestra su preocupación por el “retroceso” de la paz social en Castilla y León

Representantes de CEOE Castilla y León, UGT y CCOO han mantenido este jueves un encuentro, en Ginebra, con la subdirectora general de Gobernanza, Derechos y Diálogo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Manuela Tomei, para dar a conocer el peligro que supondría la eliminación del SERLA, sin precedentes en España, y que originaría una muy grave e indeseable situación de incertidumbre e inseguridad jurídica tanto para el buen funcionamiento de las empresas, como consecuencias para los trabajadores, y para la tutela de los derechos en el marco de las relaciones laborales, sin perjuicio del vacío normativo en la comunidad. 

Igualmente, los agentes económicos y sociales han expuesto la difícil situación por la que atraviesa el Diálogo Social en la Comunidad y la importancia de que se siga avanzando a través de este modelo de trabajo, para conseguir que Castilla y León vuelva a ser un referente a nivel nacional e internacional con iniciativas que permitan revertir las negativas cifras económicas registradas en los últimos meses. 

Las tres organizaciones han mostrado su satisfacción con el respaldo trasladado por la OIT, no solo por el apoyo manifestado en defensa de la concertación social, sino también por el respaldo al modelo de Diálogo Social de Castilla y León, visto como una referencia en otras comunidades autónomas y países, y que ha permitido la firma de más de 100 acuerdos en materia de empleo, servicios sociales y desarrollo económico. 

Manuela Tomei, que ha estado acompañada por el director de la OIT para España, Félix Peinado, ha trasladado a los agentes económicos y sociales que uno de los pilares de la OIT es la cooperación entre gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores para fomentar el progreso social y económico. Además, ha hecho hincapié en la “enorme preocupación que existe en la Organización por las consecuencias irreparables que tendría para la ciudadanía de Castilla y León la no continuación de la concertación social y cualquier cuestionamiento a los agentes del Diálogo Social, pilar de estabilidad de la comunidad. 

En su opinión, “estamos ante un retroceso de los derechos fundamentales para la paz social y para la prosperidad económica”. Por ello, Tomei ha resaltado la importancia de que CEOE, CCOO y UGT hagan una petición formal a la OIT para llevar a cabo una solicitud de intervención urgente ante el Gobierno de España por la “grave” situación que atraviesa Castilla y León. 

En sus intervenciones, las tres organizaciones han destacado durante la reunión los positivos resultados del sistema de solución autónoma de conflictos laborales, a lo largo de sus veinticinco años de funcionamiento, y que ha permitido a trabajadores y empresas resolver sus conflictos laborales, sin necesidad de acudir al sistema judicial, gracias a la profesionalidad de las personas que vienen desempeñando la conciliación-mediación y el arbitraje.

Ángela de Miguel, vicepresidenta de la CEOE Castilla y León, con la presencia de Miriam Pinto, responsable de Asuntos Sociales Internacional de CEOE, ha puesto de manifiesto los beneficios que ha traído el SERLA para la paz social, y “cualquier paso atrás supondría un retroceso que perjudicaría a las empresas y trabajadores, que además afectaría a la estructura productiva de la Comunidad”.

Por su parte, Vicente Andrés, secretario general de CCOO Castilla y León, que ha estado acompañado por Cristina Faciaben, secretaria confederal de Internacional y Cooperación de CCOO, ha recordado la última visita que los agentes económicos y sociales realizaron a la OIT para presentar un modelo de diálogo social que estaba a la vanguardia, y que ahora se encuentra en una situación crítica. “Queremos una intervención urgente de la OIT para que restituya la legalidad”, ha destacado. 

Por su parte, Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT Castilla y León, ha manifestado que “seguiremos reivindicando ante las instituciones y la ciudadanía la responsabilidad y representatividad de las partes integrantes del Diálogo Social, ante los incumplimientos que están conduciendo a la desaparición de políticas públicas en favor de la ciudadanía”.