El sindicato de enfermería Satse ha criticado que la nueva Ley que regula el nuevo modelo de residencias de personas mayores y con discapacidad en Castilla y León, aprobada ayer en el Pleno de las Cortes, no establezca los profesionales sanitarios mínimos que se necesitan en los centros por lo que ha zanjado que la nueva norma “defrauda” y es “decepcionante”.
Asimismo, ha lamentado que, tras cuatro años de tramitación de la nueva norma, no se hayan tenido en cuenta las aportaciones de organizaciones como Satse para garantizar por ley una mejor asistencia a los residentes a través de unas ratios mínimas de profesionales sanitarios, como enfermeras y fisioterapeutas, para atender las necesidades de las residencias.
A esto ha añadido que la mayoría de los residentes tienen “un elevado grado de dependencia y requieren numerosos cuidados enfermeros y de fisioterapia”.
SATSE ha acusado a la Junta de haber perdido una oportunidad para establecer un marco concreto que atienda la principal necesidad de estos centros, “y no sólo una declaración de intenciones”, y ha reivindicado la necesidad de contar con “suficientes profesionales para hacer frente a las cuantiosas demandas de asistencia que presentan los residentes de los centros de mayores y de personas con discapacidad”.
En este sentido, ha advertido de que no contar con profesionales sanitarios suficientes, como enfermeros y fisioterapeutas, en los centros residenciales tendrá “consecuencias negativas” para la asistencia sociosanitaria puesto que disminuirá la garantía de calidad en la asistencia.
El Sindicato de Enfermería ha recordado que las enfermeras y fisioterapeutas son “trabajadores esenciales y absolutamente necesarios” para la realización de determinadas actividades y técnicas específicas que se llevan a cabo en centros residenciales, como la administración de medicación, la realización de curas, los cuidados y cambios de sondajes y la valoración y cuidados integrales al anciano residente.
“Estas actividades —ha advertido Satse— no pueden ser realizadas por trabajadores que no cuentan con formación ni competencias legales para ello”.
“La realidad es que ya hoy, los centros residenciales de Castilla y León están bajo mínimos de profesionales como las enfermeras y fisioterapeutas, con residencias en las que apenas hay una enfermera por turno para cerca de 300 residentes muy dependientes (con varias dolencias crónicas, pluripatologías, etc.)”, ha añadido el sindicato.
También ve necesario que se mencione específicamente a las enfermeras especialistas en Geriatría, “una figura totalmente desaparecida de esta nueva ley, cuando son los profesionales especializados en el cuidado de las personas de edad avanzada”. “Esto significa que se prescinde del avance asistencial que supone contar con profesionales cada vez más especializados para ofrecer mejores cuidados”, ha añadido el sindicato de enfermería.
A su juicio, la Junta de Castilla y León sólo quiere favorecer los intereses privados “sin tener en cuenta a su población” en un momento en el que hay “numerosos fondos de inversión interesados en entrar en el negocio de las residencias de mayores y personas con dependencia”.
Finalmente, ha exigido al Gobierno autonómico que el desarrollo de la Ley tenga en cuenta estas cuestiones ya que, de lo contrario, “la nueva normativa en nada beneficiará a la población mayor y con dependencia de la Comunidad y servirá sólo para atender intereses que nada tienen que ver con el interés público”.