Las Cortes de Castilla y León cierran el curso parlamentario tras varios meses de ausencias, silencios y reproches en la comisión de investigación de los principales casos de corrupción de la Comunidad. Es el segundo intento del Parlamento de investigar qué pasó entre 2003 y 2007 en la trama eólica y si hubo o no un sobrecoste en la compra de La Perla Negra, el edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía y los terrenos del fallido polígono de Portillo. En este mandato se ha incluido también la investigación de las sedes en el exterior, aunque esta cuestión todavía no ha sido abordada.
Desde que se constituyó, la comisión ha tenido dos ritmos de trabajo y dos presidentes, tras la pérdida de la mayoría absoluta de PP y Ciudadanos. En los primeros meses, los parlamentarios recabaron documentación para decidir quién comparecería y quién no. En poco ha cambiado las indagaciones de la comisión de investigación, aunque el PSOE ha acelerado el ritmo de comparecencias. Los socialistas reconocen que la evolución de la comisión no es del todo satisfactoria por los silencios.
En un primer momento, se propusieron 267 nombres para declarar. Con el rechazo del Partido Popular, los grupos Socialista, Ciudadanos y Mixto –Podemos– acordaron el primer listado de los comparecientes y un modelo de reparto en función de la representación política. Poco después, estalló la pandemia de la COVID-19 y la actividad parlamentaria se redujo durante unos meses. El PP solicitó un informe jurídico para ver si el sistema de reparto proporcional era legal, que no llegó a la comisión en la primera sesión post-confinamiento, y el 30 de julio de 2020 se celebró la primera comparecencia, la del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.
Mañueco, entonces consejero de Presidencia y de Justicia, no se enteró ni de la trama eólica, ni del caso Perla Negra ni de que existía una sede de la Junta en Panamá, según aseguró en la comparecencia. También apuntó a que los ex altos cargos de la Consejería de Economía imputados en la Trama Eólica y la Perla Negra lo son “a título particular”. De nuevo, se paralizaron las comparecencias hasta finales de septiembre.
Tensión, crispación y reproches
La tensión y crispación han sido dos de las principales protagonistas en esta comisión de investigación, con reproches entre los grupos parlamentarios y la negativa a declarar de más de la mitad de los comparecientes. El PSOE criticó los constantes rechazos a responder a las preguntas de los procuradores, mientras el Partido Popular afeaba a los socialistas que 'humillasen' a los comparecientes.
De nuevo se bloqueó la comisión de investigación por la enfermedad de Delgado, presidente de la comisión de investigación, hasta que se incorporó y el PSOE asumió la Presidencia de la comisión de investigación de la Trama Eólica después de que la Junta de Castilla y León perdieran la mayoría absoluta tras la marcha de María Montero de Ciudadanos. La comisión se reconfiguró: dos procuradores del PSOE, dos del PP, dos de Ciudadanos y uno del Grupo Mixto. Este cambio de los asientos producido a finales de abril fue criticado duramente por los partidos del Gobierno autonómico, que consideraban que el PSOE se había “aprovechado” de que el hasta entonces presidente, José Ignacio Delgado (Cs), había pasado un largo periodo de baja por COVID.
Vídeocomparecencias desde Polonia
Una cuarentena de comparecientes han pasado ya por la sala Campos de Castilla, aunque más de la mitad –casi todos los que están judicialmente implicados– se ha acogido a su derecho de no declarar, incluso por videoconferencia desde Polonia. Este fue el caso de Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, que se excusaron en la pandemia y en que ahora operan desde Varsovia. El que fuera director de ADE Internacional Excal entre los años 2003 y 2006, el empresario Alberto Esgueva, es uno de los principales investigados en las denominadas 'Trama de La Perla Negra' y en la 'Trama Eólica', de la que fue el mayor beneficiario. German Martín Giraldo fue administrador de Urban Proyecta PM3, empresa que vendió a la Junta el Edificio de Usos Administrativos de Arroyo (Valladolid) y que también participó en la compra de terrenos para el fallido polígono industrial en la también localidad vallisoletana de Portillo. El PSOE abandonó la comisión para mostrar su desacuerdo a estas comparecencias telemáticas.
También han pasado testigos en los procesos judiciales, empresarios, altos cargos del Gobierno autonómico, jefes territoriales de la Junta y dos inspectores de la Agencia Tributaria que trabajaron en la trama eólica y la exdelegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León; pero sus respuestas se vieron limitadas por el deber de reserva de datos tributarios, actuaciones penales y confidenciales debido a la investigación judicial.
Eso ha creado todo un “circo mediático”, según el Partido Popular, que ha acusado en varias ocasiones al PSOE de solo querer explicaciones de cargos del Partido Popular por el hecho de serlo. El PSOE recuerda que la comisión es para depurar responsabilidades políticas ante dos juicios pendientes. “Raúl de la Hoz vino a echar su discurso y balones fuera y parecía más que iba a echar un rapapolvo a los parlamentarios que a dar cuentas y responsabilidades”, reprocha la procuradora Patricia Gómez
Algunos comparecientes se han desdicho de declaraciones anteriores o las respuestas de unos y otros se han enfrentado. Otros, directamente, no han acudido a las Cortes de Castilla y León o no han recogido sus requerimientos. El excoordinador de Servicios de la Consejería de Economía y Empleo, Tomás Machota Martín, no quiso responder a las preguntas de los procuradores por su estado de salud –había sufrido un infarto– y se negó a volver a las Cortes cuando estuviera recuperado.
El resumen de los socialistas es que hay dos posturas en la comisión de investigación de la trama eólica y la 'Perla Negra', “El PSOE y Podemos tenemos claro a qué vamos a esta comisión, a intentar depurar las responsabilidades políticas” y la postura de Ciudadanos y PP, de que no se avance en la investigación. Patricia Gómez reprocha al partido que lidera Inés Arrimadas y socio del Ejecutivo autonómico que “vayan de comparsa del PP y a hacer su trabajo, que es tapar la presunta corrupción que es el Partido Popular”.
Actualmente hay 17 personas encausadas en la investigación judicial de la trama eólica y una decena en la de la Perla Negra, una investigación con varias lagunas tras seis años de instrucción. El nuevo ciclo de comparecencias se retomará en septiembre, cuando el PSOE no descarta volver a llamar a Mañueco o al consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
Fracaso en la anterior legislatura
El primer fallido, sentencia judicial incluida, se produjo en la pasada legislatura, con Juan Vicente Herrera todavía al mando de la Junta de Castilla y León. Tres meses antes de las elecciones de 2019, el Tribunal Constitucional dio la razón al PSOE y declaró que se había vulnerado el derecho de dos procuradores socialistas a ejercer sus funciones representativas porque la dinámica de la investigación 'paralizaba, perturbaba, obstruía o, cuando menos dilataba y demoraba su finalidad'.
La primera comisión se creó a finales de 2015 y el PSOE pretendía llamar a declarar a más de cuarenta personas, entre las que estaba el entonces presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, una petición que fue vetada por el PP en numerosas ocasiones. También estaban sobre las mesa las comparecencias de la exconsejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo –actual líder del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid– y del exvicepresidente (1999-2003) exconsejero de Economía (2003-2015), Tomás Villanueva, que falleció inesperadamente poco antes de declarar como imputado en la investigación judicial de 'La Perla Negra'.
La Mesa de las Cortes acordó a finales de 2017 rechazar las solicitudes del Partido Socialista para impulsar las sesiones de la Comisión y organizar un calendario de comparecencias, que finalmente fue declarado nulo, aunque de poco sirvió en esa legislatura.