El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha valorado los aspectos “positivos” del acuerdo al que han llegado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el Gobierno de España para que los ayuntamientos puedan disponer de los remanentes de tesorería para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. El acuerdo, firmado este martes entre el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, contempla que las Entidades Locales pongan a disposición del Gobierno sus remanentes, para después ir percibiendo “de manera proporcional” un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. A partir de 2022, y en un plazo de diez años, los Gobiernos Locales recibirán la totalidad del importe y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit.
A pesar de que Puente ha encabezado las voces críticas contra la posición del Gobierno de Sánchez y concretamente, de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero -el regidor vallisoletano llegó a acusar al ejecutivo de “maltratar a los ayuntamientos”, el acuerdo firmado este martes supone “los peldaños más elevados que ha escalado el municipalismo en los últimos ocho años, desde 2012”. De este modo, el regidor ha expresado que el acuerdo merece la pena aunque sea únicamente para “conseguir los 5 millones de euros para paliar el déficit de la empresa municipal de autobuses Auvasa”. Puente ha explicado que el Ayuntamiento de Valladolid “podrá utilizar los remanentes e incluso conseguir más dinero en un periodo de diez años”.
A estas razones el alcalde, Óscar Puente, añade la mayor flexibilidad en la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, el compromiso de abordar, por fin, la financiación municipal y las expectativas que se abren para conseguir nuevos acuerdos entre la Administración Central y los ayuntamientos que beneficien a los ciudadanos.En líneas generales el acuerdo prevé que la Administración realizará un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros para las Entidades Locales a los que se sumará un máximo de 400 millones para compensar el déficit de los servicios de transporte urbano, y la participación en fondos europeos que ascienden a 72.000 millones.
Según explica el consistorio vallisoletano en un comunicado el pacto entre la FEMP y el Gobierno, se trata de la única forma de utilizar esos remanentes de tesorería, un uso que está limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El alcalde ha puesto un ejemplo concreto: “si el Ayuntamiento de Valladolid aporta 10 millones de euros como mínimo recibiría 3,5 millones de euros (el 35%) y a partir de 2022 recibirá otros 10 millones de euros en un periodo de diez años. Ese porcentaje del 35 por ciento se incrementará de forma progresiva en función de la aportación total de los ayuntamientos españoles y, por tanto, en lugar de los 3,5 millones podría recibir íntegramente los 10 millones”.
El alcalde ha subrayado que la medida es voluntaria y, por tanto, “en ningún caso se puede hablar de confiscación”, en alusión a las críticas de la oposición, encarnadas por el grupo popular en el Ayuntamiento. Además, el acuerdo contempla también mantener la utilización del superávit tal y como se ha venido haciendo hasta ahora y, en este sentido, prevé utilizar el de 2019 para gastos de 2020. Se prorroga para 2020 la regla especial del destino del superávit de 2019 y también se prorroga el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles iniciadas en 2019 con cargo al superávit de 2018. Las denominadas “IFS” podrán ejecutarse hasta diciembre de 2021.
El acuerdo prevé igualmente exención de la regla de gasto en 2020 y también mecanismos de apoyo a municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero. Para éstos, en concreto, abre dos posibilidades: una a través de las Diputaciones Provinciales y Entidades equivalentes (mediante formalización de préstamos o transferencias corrientes) y otra que contempla el compromiso de revisar las condiciones financieras de los préstamos del Fondo de financiación a estos Ayuntamientos. A todo ello se suma el compromiso de avanzar en la financiación local al mismo tiempo que en la financiación autonómica y avanzar también en la modificación de la LRSAL. Desde 1984 no había una mesa de negociación entre el Gobierno central y los ayuntamientos para reformar la financiación municipal. “Son los peldaños más elevados que ha escalado el municipalismo en los últimos ocho años, desde 2012”, según ha recalcado el alcalde de Valladolid.