La Junta de Castilla y León elabora un plan para reducir la contaminación basado en medidas voluntarias o que dependen de otras administraciones

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves la nueva Estrategia para la Mejora de la Calidad del Aire para la próxima década. Un proyecto que comenzó poco después de que el Tribunal Superior de Justicia obligara a la Junta a elaborar planes para las zonas de Castilla y León en las que se superaron los valores objetivo de ozono: Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, Sur y Este de Castilla y León. La Junta recurrió esta sentencia y continuó con la elaboración de esta Estrategia regional como tenía previsto.

La ley obliga a las autonomías a aprobar planes de calidad del aire para esas zonas en las que los niveles de contaminantes superen cualquier valor límite u objetivo. Algo que, en principio, no parece cumplir esta estrategia, que tiene un enfoque mucho más general y que no especifica cómo afectarán las nuevas medidas a estas zonas en concreto.

El documento -que aspira a reducir la contaminación en Castilla y León- no cuantifica este objetivo y no ha sido bien recibido por los ecologistas, que creen que está “vacío de contenido”. Mientras tanto, el Consejo Económico y Social asegura que esta estrategia “no sustituye al plan o planes de calidad que la Comunidad deba aprobar cuando se supere cualquier límite o valor objetivo” y a los que le obligaba la Justicia. “Complementa o constituye el marco para los planes autonómicos de calidad del aire que se deban aprobar si resulta necesario”, afirma esta entidad independiente. 

“Impulsar, fomentar o incentivar”

En la estrategia, realizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente- se realiza un análisis de los gases y metales contaminantes y propone iniciativas a medio y largo plazo para rebajar los niveles de contaminación. Sin embargo, la muchas de estas propuestas empiezan por “impulsar”, “diseñar”, “fomentar” o “incentivar” el uso de renovables, por ejemplo, pero no concreta más allá, ni siquiera cuando se trata de renovar la flota de vehículos de la propia Junta de Castilla y León. “Son meras propuestas de carácter voluntario”, señala el Consejo Económico y Social.

En el caso de la flota de vehículos del gobierno autonómico no se especifica cómo renovarla, ni se establecen plazos, presupuestos o número de vehículos a renovar. Solo se marca como objetivo realizar un análisis preliminar, un estudio de posibles fórmulas de adquisición (compra, alquiler, etc.) y la sustitución “progresiva y por lotes” de vehículos convencionales por vehículos ECO y CERO. El Consejo Económico y Social también hace referencia a la cuestión presupuestaria y recomienda que en futuros planes “se incluya una cuantificación del coste de las medidas”.

Las 32 medidas de la cartera de Juan Carlos Suárez Quiñones se articulan en seis bloques: información a la población; sector industrial; sectores residencial, comercial e institucional; transporte; agricultura y ganadería y un apartado específico sobre la reducción de la contaminación por ozono.

La Junta propone mejorar los datos, mecanismos y canales de información, con programas de formación específica y difusión en redes sociales. En lo que respecta al ámbito privado, todo pasa por impulsar el uso de energías renovables, mejorar la gestión energética y plantear proyectos piloto de sistemas de información y monitorización.

En el ámbito del transporte, uno de los grandes responsables de la contaminación atmosférica, la apuesta de la Junta pasa por incentivos para la población, el fomento de plataformas de coche compartido y propuestas que, al final, dependen de los ayuntamientos: rebajar la velocidad máxima en ciudad a 30 km/h, crear más aparcamientos disuasorios y áreas de prioridad residencial y zonas de bajas emisiones. Todas estas cuestiones son competencia municipal, salvo que la DGT actúe en la regulación de velocidad máxima en ciudad.

También menciona proyectos piloto sobre movilidad laboral y sostenible en centros educativos. En este último caso, propone promover la construcción de caminos escolares, prohibición de aparcar en las aceras de los accesos al colegio, y calles aledañas en las horas de entrada y salida para evitarla aglomeración de vehículos, y campañas de información, entre otros. De nuevo, propuestas que corresponden al ámbito municipal. 

En el ámbito agrícola y ganadero, la Junta apuesta por un mayor control de las emisiones -pero no especifica cómo-, redactar un Código de Buenas Prácticas y planes de formación y desarrollar líneas de incentivos para desarrollo de plantas centralizadas de gestión de residuos. En lo relativo a la contaminación por ozono -cuyos umbrales se han superado-, se plantea realizar un estudio en más profundidad, renovar los equipos analíticos y firmar convenios con estaciones de servicio para instalar sistemas de recuperación de vapores, principalmente.

Un documento para “aparentar que la Junta está haciendo algo”

Ecologistas en Acción ha rechazado públicamente esta estrategia, redactada para “aparentar ante la población y ante los tribunales que la Junta está haciendo algo frente al grave problema sanitario y ambiental de la contaminación atmosférica”. “Lo cierto es que el Gobierno regional lo tiene abandonado desde que hace dos décadas aprobara su anterior Estrategia, expirada sin evaluación alguna en 2010”, asevera la organización.

A ojos de Ecologistas, esta es una estrategia “vacua para intentar cubrir el expediente”, “una mera declaración de intenciones sin el contenido mínimo establecido por la legislación para los planes de mejora de calidad del aire”. La asociación conservacionista augura que, una vez aprobada, “será guardada en un cajón al igual que su antecesora”.

Los ecologistas reprochan que la estrategia sea“un catálogo de medidas genéricas sin concretar, programar ni presupuestar, que sirven igual para Castilla y León, Andalucía o Cataluña” y lamenta que los dos años de elaboración de esta “Estrategia del despiste” han servido “para perder tiempo y dinero público”.

La organización también afea que la Junta ni siquiera respondió a las sugerencias que propusieron a la estrategia, en las que proponían “objetivos concretos y cuantificables como el cumplimiento de los límites legales de contaminación en 2020 y de las recomendaciones de la OMS en 2029, y la reducción para ese año a la mitad del consumo de combustibles fósiles”.

También cargan contra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, a quien consideran “responsable indirecto” de la muerte de un centenar de personas cada año por el ozono.

Seguimiento de la estrategia

El Consejo Económico y Social ve “necesario” que se cree una comisión específica para el seguimiento de esta estrategia y afea que no exista una planificación “concreta” del seguimiento para evaluar la eficacia de este plan. Los indicadores de seguimiento que contempla este proyecto son muy generales para esta entidad independiente.

El CES cree que es necesario que haya “al menos una evaluación intermediaria”, además de conocer la evaluación de las anteriores estrategias. “Sería conveniente que cuando resulte posible se establecieran objetivos cuantificables o porcentajes de incremento en relación con tales indicadores que permitan conocer mejor el grado de cumplimiento o de desarrollo”, insta este organismo.

La dilación en el proyecto ha sido tal que la estrategia iba a abarcar el periodo entre 2019 y 2029. El título se ha actualizado para 2020-2030, pero en los cronogramas se ha mantenido ese horizonte 2019-2029.