La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos ha impuesto a un vecino de la provincia de Palencia 3.000 euros de multa, 20.000 euros de indemnización y un año de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por matar cinco corzos sin autorización en la provincia de Burgos.
Los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2023 cuando el sancionado circulaba en un vehículo junto con otras dos personas por la N-234 en la provincia de Burgos y fue parado en un control rutinario por agentes de la Guardia Civil, según ha informado Ecologistas en Acción Palencia este miércoles en un comunicado.
Ante el nerviosismo de los ocupantes del vehículo, los agentes registraron el vehículo y encontraron dos bolsas con cinco cabezas de corzo macho sin precintar además de varios monoculares térmicos y un rifle.
De los tres ocupantes del vehículo solamente uno asumió en todo momento la responsabilidad de la caza furtiva, tratándose de un vecino de la montaña palentina.
La tramitación del expediente sancionador concluyó el pasado 13 de abril con la Resolución del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos que impuso 3.000 euros de multa, 20.000 euros de indemnización y un año de retirada de la licencia de caza e inhabilitación, ya que el denunciado no aportó ningún elemento probatorio que pusiera en duda el acta denuncia de la Guardia Civil.
Ecologistas en Acción de Burgos y de Palencia han trabajado conjuntamente en este caso y solicitaron sanciones mayores (por la cantidad de corzos, por no precintar las piezas, por el uso de material prohibido en la caza y por cazar de noche) proponiendo una multa de 6.000 euros, retirada de la licencia de caza por dos años y la misma indemnización de 20.000 euros.
Por otra parte, Ecologistas en Acción asegura que el denunciado está en la bolsa de trabajo para ejercer la función pública en la Junta de Castilla y León, como celador de Medio Ambiente.
Ecologistas en Acción ha anunciado que informará a los Servicios competentes de la Junta de esta situación para que se tomen las medidas pertinentes y evitar que una persona sancionada por actos de furtivismo pueda formar parte del personal encargado de proteger la vida silvestre.
Desde la asociación ecologista se valora de manera muy positiva como el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos ha desarrollado la tramitación de este expediente sancionador, de manera ágil, eficaz y contundente, con unos plazos razonables y facilitando en todo momento la información requerida.
Por contra, echan en falta esta diligencia en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, ya que, como han denunciado los ecologistas en reiteradas ocasiones, se caracteriza por su resistencia a considerar a la asociación como parte interesada en los procedimientos sancionadores en materia de caza.
Esto obliga a la asociación a recurrir al Comisionado de la Transparencia para hacer cumplir las resoluciones del Procurador del Común y el acceso a la información, dilatando los procedimientos y haciendo un uso ineficiente de los recursos de la administración.