El juicio por el sobrecoste de la 'Perla Negra' se celebrará desde el 14 de marzo de 2022

La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo desde el día 14 de marzo de 2022 a los 12 encausados por el denominado caso de 'La Perla Negra', en un proceso que se prolongará durante veintitrés días, hasta el 29 de abril del próximo año. Doce personas responderán ante un tribunal por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales, y malversación de caudales públicos, entre otros. 

Se da la circunstancia de que tres de los procesados, el exviconsejero de Economía, Rafael Delgado, y los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo, figuran también inmersos en la denominada 'trama eólica', en la que, tal y como se pudo conocer la pasada semana, Fiscalía pide para los 17 presuntos implicados penas que suman 138 años de prisión.

En la 'Perla Negra' se investigan delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, en el que figuran imputadas doce personas, entre ellos la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, a través de un auto al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas y contra el que no cabe recurso, ha fijado el proceso judicial a partir de marzo de 2022, “habida cuenta la especial complejidad del asunto, el volumen del mismo, el número de partes y la gran cantidad de pruebas a practicar, así como la disponibilidad de la sala y juicios ya señalados”.

Además, ha admitido una serie de pruebas propuestas por las partes, al tiempo que se pone a disposición de todas ellas las actuaciones de la causa en la Secretaría de la Audiencia vallisoletana a los efectos oportunos.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.

En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos.

En su escrito, la acusación pública imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación. Por ello, a mayores de las referidas penas privativas de libertad, interesa para el primero su inhabilitación por espacio de 29 años y de 20 para los otros dos.

En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos industriales y el segundo empresario, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Además, interesa seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios y hermanos Francisco y Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

De forma, conjunta y solidaria, los acusados indemnizarían a la Junta en la suma que fue, presuntamente, desviada a favor de las mercantiles citadas que, sin perjuicio de lo que resulte de las pruebas a practicar en el plenario, se fija en 16.138.911,47 euros, que devengará el correspondiente interés legal.

Por su parte, el PSCyL solicita las más duras para los que fueran viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, que se enfrenta a 34 años de privación de libertad, junto con su inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por espacio de 105 años y multas de más de 56 millones de euros.

En cuanto al volumen de pena, les sigue los empresarios Alberto Esgueva, con una petición de 22,5 años de cárcel, inhabilitación y otros 56 millones en multas; Germán José Martín Giraldo, con 22 años, inhabilitación y 56 millones de multa; Ángel Román M, con 18 de cárcel e idéntica multa; Francisco Esgueva, con 14,5 años y 26 millones de multa; Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y el industrial Francisco Armero, los tres con 11,5 años, inhabilitación y 30 millones de multa.

La lista la completan los industriales Luis Antonio Recio García, Carlos González Maestro y Luis Ángel Rodríguez Herrero, quienes se exponen a condenas de 10,5 años y multas de 26 millones.

Indemnizaciones de más de 50 millones

Además, en concepto de responsabilidad civil el PSCyL fija las indemnizaciones en 25.480.699 euros por la pérdida patrimonial derivada de la operación del edificio adquirido en Arroyo de la Encomienda, así como en otros 25.366.043 por la pérdida patrimonial derivada de la adquisición de fincas para el fallido polígono de Portillo.

Del primer concepto responsabilizan, de forma conjunta y solidaria, a Rafael Delgado, Begoña Hernández, Juan Carlos Sacristán, Germán José Martín, Ángel Román, Salvador Molina, Francisco Armero y Alberto Esgueva, mientras que del segundo responsabiliza también a los cinco primeros y junto a ellos a Luis Antonio Recio, Carlos González Maestro, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Francisco Esgueva.

La Junta figura personada como acusación particular y pide casi 20 años de cárcel para ocho imputados, de entre los cuales también destacan, por la cuantía de las penas, Rafael Delgado y Begoña Hernández, para quienes pide 11 y 4 años, respectivamente, junto con multas por importe de 22.500.000 de euros y una responsabilidad civil en favor de la Administración Autonómica que suma 16.300.000 euros.

Los hechos vienen referidos al arrendamiento y posterior compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), y la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.

Para beneficiar a algunas mercantiles

Tales operaciones, a juicio de Fiscalía, fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

En relación al edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2, de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), la acusación pública sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.

Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques--sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros--sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.