Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central niegan toda relevancia a la polémica de los bolardos
Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Delegación del Gobierno central han puesto fin a la polémica sobre la instalación de bolardos como medida de seguridad en una reunión de la Junta de Seguridad Local en la que se han discutido nuevas medidas tras el atentado ocurrido en la Rambla.
El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha afirmado que se ampliará la presencia policial en las calles en Catalunya, sobre todo en la ciudad de Barcelona, en zonas como aeropuertos y estaciones, y en municipios turísticos. Forn ha expresado además que una comisión de expertos estudiará la implantación de bolardos fijos en la vía pública, y que por ahora “continuarán existiendo” los obstáculos móviles en espacios y eventos de gran concentración de personas.
Forn ha querido poner fin a los comentarios de los últimos días sobre si los bolardos u obstáculos fijos hubieran servido de algo. Ha afirmado que, con el “conocimiento” que tiene del atentado en La Rambla, los bolardos “no hubieran impedido nada”. En todo caso, sólo habría cambiado el lugar de la matanza: “El blindaje de La Rambla solo la hubiese trasladado a otros lugares de Barcelona tan o más concurridos, como la Sagrada Familia o el Portal de l'Àngel”, explicó Forn.
El conseller ha negado que hubiera “discrepancias” sobre este tema entre la Generalitat y el consistorio barcelonés, y ha insistido en que la decisión sobre estos obstáculos de prevención deben tomarla los expertos. Aun así, ha añadido que el Govern se inclina por instalar barreras “de tipo móvil”.
“Lo que hemos discutido a partir de las experiencias de los expertos es que continuarán existiendo los [obstáculos] móviles y que pasamos a la comisión técnica si creen conveniente una instalación más amplia”, ha zanjado el conseller.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha insistido en que “las localizaciones de obstáculos dependerán del estudio que haga este comité de expertos”. Colau ha agradecido a los grupos municipales su colaboración porque “esto va de instituciones y nos implica a todos”.
La medida que sí se pondrá en práctica será la del aumento de la presencia policial en las calles de Barcelona, en concreto un 10% en el caso de los agentes de seguridad ciudadana y un 20%, los de orden público. También reforzarán su control en zonas como aeropuertos o estaciones de tren, así como en grandes concentraciones como conciertos, partidos de fútbol, o más en concreto, en las próximas semanas, la Diada del 11 de septiembre o las Fiestas de la Mercè.
Ese mayor despliegue policial conllevará también más identificaciones y cacheos en los transportes públicos cercanos a esos eventos. Forn ha inscrito las medidas dentro de lo que permite el nivel 4 de alerta, pero con importantes refuerzos.
Millo ataja las polémicas
El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha descartado cualquier polémica sobre la comunicación del operativo policial que califica de “leal, fluida, constante y permanente”. Tampoco hay discrepancias sobre el criterio para la instalación de bolardos para blindar espacios de la ciudad.
Millo ha exhibido la colaboración entre las fuerzas de seguridad del Estado que “desde el primer momento establecimos los mecanismos que se han mantenido en el tiempo y que van a seguir funcionando”. Millo ha recordado que “el trabajo de intercambio de información entre cuerpos viene de años atrás”.
Sobre las discrepancias alrededor de las medidas de seguridad propuestas por el Estado al Ayuntamiento de Barcelona, Millo ha apuntado que tras los atentados de Berlín “se hicieron recomendaciones y fueron atendidas por parte de las diferentes administraciones”. El delegado del Gobierno en Catalunya también ha cifrado en 80 personas las personas detenidas gracias a la colaboración con los Mossos d'Esquadra desde el 2015 en la lucha contra el yihadismo. Ha destacado que “fruto de este trabajo conjunto se ha impedido que se hubieran producido otros atentados”.
