Entença 151, Urgell 9, Aragó 477: la toponimia de una Barcelona que expulsa a sus inquilinos

Recibes un burofax cuando queda alrededor de un mes para que venza tu contrato de alquiler: no te lo van a renovar. No hay opción de negociar, ni siquiera con una subida de la mensualidad. “Lo que quiere hacer la propiedad es reformar los pisos y venderlos a un precio más alto”, lamenta Bea Pierrá, la primera vecina del bloque de la calle Urgell, 9, que se enteró de que la finca en la que vive junto con otras 20 familias iba a ser adquirida por una firma, Darnic Trade S. L., con esa intención.

Así suele empezar el relato de muchos inquilinos en Barcelona que han visto en los últimos meses como promotores inmobiliarios y fondos de inversión compraban el bloque en el que viven para especular con él. En la calle Entença, 151, sólo quedan tres vecinos con contrato vigente de entre los 12 que habitan el inmueble. Además de Juan Gómez, que tiene un contrato de renta antigua: “A mi me dejan para el final, cuando no quede nadie, a ver como van a echarme”, se pregunta.

Una nueva toponimia aflora en la capital catalana. Urgell 9, Entença 151, Aragó 477, Parlament 1, Lancaster 13... El tejido vecinal de distintos barrios de Barcelona, junto con entidades como el Sindicato de Inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se ha activado para luchar contra lo que llaman “desahucios invisibles”. “No sabemos cuantos casos hay porque solo nos enteramos de los que acuden a nosotros”, lamenta Vladimir Olivella, de la plataforma Fem Sant Antoni, uno de los barrios donde más se ha denunciado la gentrificación.

La alcaldesa Ada Colau ha cifrado en 38 los casos que les han llegado de fondos de inversión que presionan a los inquilinos para que abandonen toda una finca. En un encuentro en la ONU sobre el derecho a la vivienda, Colau llegó a poner nombre a estas firmas: Norvet, Renta Corporación, Vauras Investment, MK Premium... “Utilizamos todos los mencanismos que tenemos al alcance para defender los derechos de los vecinos”, aseguran desde el consistorio, pero los afectados relatan que en sus encuentros con el consistorio les reconocen que poco pueden hacer.

En el bloque de la calle Leiva, 37, uno de los primeros que denunciaron esta situación, el Ayuntamiento ejerció el derecho de tanteo y compró el inmueble antes de que lo hiciera Vauras Investments, pero esta fórmula solo se puede aplicar cuando las viviendas provienen de ejecuciones hipotecarias. No es el caso de la mayoría.

Fuera de casa... y del barrio

A Bea Pierrá, como muchas otras familias en su situación, no solo le preocupa tener que dejar su casa en marzo –el plazo que le ha puesto la propiedad después de que le venciera el contrato en diciembre–, sino asumir que es probable que deba marcharse del barrio, Sant Antoni, en el que vive desde que nació. Las cuentas le salen rápido: si hasta hoy pagaba 650 euros al mes, ahora no encuentra nada por menos de 900 euros y en condiciones “mucho peores” que las que tiene ahora.

Lo mismo ocurre en la Nova Esquerra del Eixample, donde se ubica el inmueble Entença 151. “Los que se están yendo se van a otras ciudades, con familia, nadie puede quedarse”, lamenta Juan Gómez. El precio del alquiler en este barrio es de 950 euros de media, 200 euros más caro que hace tres años, en 2014. Es solo un ejemplo del 'boom' del alquiler en Barcelona, que ha subido un un 6,8% solo en 2017.

De hecho, fondos de inversión como los que compran fincas enteras para revalorizarlas “son los que contribuyen a subir los precios” en la ciudad, según Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos. “Las expectativas disparan los precios, y hay determinados actores que tienen capacidad de disparar expectativas”, sostiene Palomera, que lamenta que leyes como la de arrendamiento actual no ayudan, con contratos máximos de tres años, así como la facilidad para destinar vivienda a uso turístico.

Denuncias de presiones y 'mobbing'

La capacidad de organizarse de los vecinos afectados tiene que ver también con el grado de presiones que reciben, que en algunos casos se han traducido en denuncias por 'mobbing' contra la propiedad. Las familias de Entença 151 protagonizaron este jueves una acción de protesta en la sede de la propiedad. Se trata de Sociedad Inmobiliaria de Barcelona L'Abeille, que en noviembre adquirió el bloque del grupo inversor Renta Corporación, que a su vez lo compró el pasado verano.

Los vecinos reclamaron no sólo que les permitan seguir viviendo allí, sino que denunciaron acoso e intimidación. “Algunas noches viene un señor y sube las escaleras con una linterna, es una especie de matón que, cuando hemos salido al rellano, a veces nos ha insultado y amenazado”, relata una de las vecinas del bloque, cuyo contrató expiró en enero y prefiere no dar su nombre.

En el caso de Entença 151, en el consistorio aseguran que se han puesto en contacto con el propietario para “valorar posibles soluciones”, pero no pueden ejercer el derecho de tanteo para comprar el edificio.

En la calle Aragó, 477, el Ayuntamiento sí hizo acto de presencia, al detectar por las denuncias de los vecinos que la propiedad, Norvet, ejercía sobre ellos una forma de presión contra la que sí pudieron luchar: las obras. La propiedad pidió 25 permisos de obras menores para, según el consistorio, “esquivar la solicitud de una licencia de obras mayores”, cosa que conllevaría realojar a los inquilinos. Tras paralizar los trabajos, desde el Ayuntamiento sospechan que esta práctica “irregular” podría ser “la vía a través de la cual los propietarios evaden sus obligaciones con los inquilinos”.

Según las entidades, la realización de obras constantes en los edificios en los que hay todavía inquilinos es una forma de presión para que acaben tirando la toalla y marchándose. “Es lo que hacen sobre todo para echar a los que tienen contrato indefinido”, explica Lucía Delgado, portavoz de la PAH. En Aragó, 477, hay cuatro.

La PAH ocupó en julio seis de las 28 viviendas que conforman esta finca con vistas privilegiadas a la Sagrada Familia. Fue la primera vez que en la llamada Obra Social de la PAH, acostumbrados a entrar en pisos propiedad de entidades financieras, se decidieron a ocupar una finca en manos de un fondo.