El pacto contra la segregación escolar en Catalunya arranca sin Ciudadanos, PP y la CUP

La segregación escolar ha pasado de ser un problema secundario para el sector educativo y para la política a reunir a decenas de actores alrededor de un pacto social para acabar con ella. El Govern, la mayoría de ayuntamientos, las principales patronales de la concertada, sindicatos, entidades sociales y movimientos de renovación pedagógica han escenificado este lunes el primer Pacto contra la Segregación Escolar en Catalunya. Pero el acuerdo nace cojo: no lo suscriben Ciudadanos, PP, la CUP. Tampoco la principal federación de AMPA o el sindicato mayoritario de la pública, USTEC, que lo ven insuficiente.

En un acto institucional en el Parlament de Catalunya, el conseller de Educación, Josep Bargalló, y el Síndic de Greuges, Rafel Ribó -impulsor inicial del pacto-, han firmado un documento que contempla hasta 189 medidas para combatir la segregación. Entre las más destacadas, adelantadas por eldiario.es, obligar a los colegios concertados a eliminar los pagos obligatorios -compensando económicamente a los que asuman más alumnado vulnerable-, fijar límites de escolares con dificultades por cada centro para evitar 'guetos' o reflotar estas escuelas con más recursos económicos y profesionales. El Govern se compromete a abordar estas propuestas durante la actual legislatura con la supervisión del Síndic.

El lanzamiento del Pacto ha resultado incompleto debido a las ausencias destacadas de algunas entidades educativas y partidos políticos. No han suscrito el pacto el sindicato USTEC -sí lo han hecho CCOO, UGT y USOC- ni la FaPaC, la principal federación de AMPA de Catalunya, así como la mayoría de organizaciones estudiantiles. Consideran poco ambiciosos los acuerdos en cuanto a garantizar la gratuidad de la educación y argumentan que quien sale ganando es la escuela concertada, puesto que no se cuestiona su existencia y, además, se plantea mejorar su financiación pública si asumen más alumnado de clase baja.

En el plan político, las medidas relacionadas con la concertada son las que han llevado también a la CUP a ausentarse del acuerdo. El partido, que asegura que la lucha contra la segregación es una de sus prioridades, ve positivo que el pacto trate de acabar con fenómenos como el cobro de cuotas en la concertada, pero lamenta que no altere el modelo ni cuestione la libre elección de centros por parte de las familias.

Desde Ciudadanos se han descolgado del pacto por considerar que no han tenido en cuenta ninguna de sus tres propuestas principales: la gratuidad de los libros de texto, la introducción de escuelas bilingües y la eliminación de la inmersión lingüística porque entienden que perjudica el alumnado castellanparlante. El PP, por su parte, recela de los acuerdos porque teme que una mayor intervención de la Administración en el reparto del alumnado atente contra la elección de las familias.

“Las soluciones no son sencillas para casi nadie: no son fáciles de aplicar políticamente”, ha reconocido Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic de Greuges por los derechos de la Infancia, que ha insistido en “los efectos negativos sobre la convivencia y la cohesión social” de las desigualdades sociales entre colegios. 

El papel de la concertada en el pacto

La concertada, que escolariza en Catalunya a cerca del 30% de niños y niñas, asume con el Pacto una serie de compromisos sin precedentes, suscritos por las cinco patronales del sector, pero que resulta insuficiente para las entidades que se han descolgado del acuerdo. De ahora en adelante -aunque el calendario no está todavía fijado-, estos centros deberán poner fin al cobro de cuotas obligatorias, una práctica habitual hasta ahora, desglosando “de forma clara” en los recibos que entregan a las familias las aportaciones “voluntarias” que hagan y los servicios no lectivos. También deberán publicar en su web el detalle de estas cuotas y, si no cumplen con la gratuidad, Educación asegura que se les aplicarán medidas disciplinarias.

Estas medidas deberían servir, según el pacto, para cumplir con otra: que las escuelas concertadas asuman el mismo nivel de alumnado de origen migrante o de clase baja que hay en sus barrios, algo que a día de hoy no ocurre, puesto que la gran mayoría van a la pública. Como contrapartida, Educación adecuará y graduará la financiación pública de los centros concertados “en función de la corresponsabilidad en la escolarización de alumnado socialmente desfavorecido”. No se concreta, sin embargo, cómo se calculará este supuesto incremento de la financiación, aunque hasta ahora ya habían existido ayudas económicas a las concertadas con más alumnado pobre.

Distribución equilibrada

Con todo, las medidas que atañen a la concertada son sólo una parte de las 189 que hay recogidas en el Pacto. Una de las iniciativas más largamente reclamadas por parte del sector educativo es la de fijar un máximo de alumnado vulnerable por cada centro, una cuota máxima que evite la concentración de estos perfiles en determinados centros. Esto, que la Generalitat tiene previsto incorporar para el curso 2020-2021, está ya previsto en la Ley de Educación de Catalunya (LEC), pero hasta ahora no se había desplegado. 

El pacto recoge también la necesidad de modificar las ratios de los centros en función de la oferta y la demanda de los centros. De entrada, propone rebajar el número de alumno por cada profesor en los centros más desfavorecidos, pero también prevé la limitar las ampliaciones de ratios en centros con mucha demanda, para desviar a las familias a otros colegios cercanos. También recoge medidas más drásticas, como estudiar la fusión de centros 'guetizados' con otros de referencia o su refundación con nuevo nombre y profesorado. 

Para los centros más desfavorecidos, la Generalitat se compromete a aumentar su financiación -sin entrar en detalles-, a ayudar a dinamizar sus AMPA, a evitar que asuman matrículas fuera de plazo o a que tengan una mayor dotación de personal docente y de personal de apoyo educativo. Para esto último contempla introducir incentivos profesionales para que los maestros “más cualificados” opten por pedir plaza en estos centros y, a la vez, evitar las adjudicaciones a estos centros de personal que no lo haya solicitado. 

A pesar de que no están todos los actores sociales y políticos, sí que han firmado el pacto la práctica totalidad de los principales ayuntamientos de Catalunya. Para ellos también hay compromisos a cumplir, que pasan sobre todo por supervisar que se cumplan los acuerdos de distribución de alumnado en las mesas de planificación de plazas, en las comisiones de garantías de admisiones y en las oficinas municipales de escolarización, que son las que gestionan el detalle del reparto de los alumnos más allá de las puntuaciones que fija la Generalitat.