El Ayuntamiento de Barcelona pidió el desahucio del hombre que se suicidó porque no era el titular del contrato

La tarde del lunes, un hombre se tiró de su balcón en el barrio barcelonés de Bon Pastor para quitarse la vida después de haber sido desahuciado. La víctima vivía en un piso propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, en el que antes había vivido su madre, que murió en 2018. Desde entonces, nadie pagó el alquiler -de 94 euros mensuales-, según ha apuntado la concejala de vivienda, Lucía Martín.

Pero las causas del desahucio no se encuentran en el impago del alquiler, sino en un supuesto “uso fraudulento e ilícito de la vivienda”, según han transmitido desde el consistorio. Y es que no pagar una vivienda protegida, aunque el inquilino no sea titular de contrato, no es “en ningún caso” causa de expulsión, según ha insistido Martín.

Según han relatado desde el Ayuntamiento, cuando se detectó el impago, Servicios Sociales se puso en contacto con la víctima, que rondaba los sesenta años, para buscar soluciones habitacionales, pero no obtuvieron respuesta. Paralelamente, y siempre según la versión del consistorio, el administrador de la finca remitió quejas de los vecinos, que denunciaban “molestias, malestar e inquietud causados por ruidos, peleas y entradas y salidas recurrentes de personas”, según Martín.

Estas quejas hacían sospechar al Ayuntamiento que se estaba dando un uso “ilícito e irregular del inmueble”, apuntando a posibles realquileres de habitaciones. A raíz de eso, Servicios Sociales se trasladó al inmueble para constatar las sospechas, pero la víctima impidió el acceso a diversas estancias. Según Martín, se creía probable que en esas dos habitaciones vivieran otras dos personas.

15 desahucios de pisos protegidos en 2021

Después de emplazar a la víctima a asistir a Servicios Sociales para buscar alternativas habitacionales y que esta no hiciera seguimiento del recurso ofrecido, el Ayuntamiento dictó una orden de desahucio en febrero de 2020 debido a que la víctima no era la titular del contrato de alquiler del piso en el que habitaba. La fecha se fijó para el 12 de mayo del presente año.

Pero la expulsión no se llevó a cabo porque el hombre estaba “muy nervioso”, así que se detuvo la operación -en la que no había ningún cuerpo policial convocado- y se pactó una entrega de llaves que se culminó el pasado lunes. “Se trata de una manera de proceder muy habitual porque los inquilinos suelen necesitar tiempo para vaciar sus casas y mover sus muebles. Y, normalmente, cuando llega el día de la entrega de llaves, no suele haber nadie en el domicilio”, explica Lucía Martín.

Este fue el caso de la víctima del Bon Pastor: cuando llegaron los operarios a vaciar la casa y recoger las llaves -de nuevo, sin presencia policial-, la víctima no estaba. Pero, justo cuando estaban por finalizar la tarea, hacia las 14:30 horas del lunes, el hombre apareció, “se dirigió al balcón y acabó con su vida”, según ha relatado la concejala de vivienda, que se ha mostrado muy afectada durante la atención a medios.

La negativa de acudir a Servicios Sociales y disponer de ninguna ayuda o asistencia pública hizo imposible que el consistorio “estableciera una relación” con la víctima, motivo por el cual no se conoce su situación laboral, ni si tenía algún tipo de depresión o problema de salud mental, información que podría haber sido útil tener en cuenta a la hora de ejecutar el desahucio.

Preguntada sobre el protocolo de expulsiones de viviendas públicas, Martín ha asegurado que, si se ve que el inquilino está nervioso o se intuye que puede haber complicaciones, se puede contar con la presencia de apoyo psicológico para cuando se realice la entrega de las llaves “si así se considera”. Pero, en este caso, no se consideró necesario, a pesar de que la víctima sí se mostró nerviosa y alterada durante el primer intento de desahucio, tal como han reconocido desde el mismo Ayuntamiento.

Repreguntada sobre si, en vista del fatal desenlace, el Ayuntamiento consideraba oportuno revisar los protocolos de desahucios en viviendas municipales, Lucía Martín ha respondido que “no podemos no revisar qué hacer frente a situaciones tan complejas y con tanta dificultad de vínculo como esta en la que nos hemos encontrado”.

Aún así, según han apuntado desde el Ayuntamiento, los desahucios en este tipo de viviendas protegidas son “muy inusuales”, debido a que, como ha reiterado diversas veces Martín, no se ejecutan por falta de impago, sino por uso inadecuado de la vivienda. Así, según datos del Ayuntamiento, en 2021 se ejecutaron 15 desahucios en pisos municipales, mientras que se realizaron 985 mediaciones, que acabaron con los inquilinos pudiendo conservar su hogar.