Ahora mismo se está a punto de adjudicar un servicio de ocio infantil junto al río Besòs, en Barcelona. Las empresas, entidades y cooperativas interesadas ya están haciendo sus cálculos y están enviando ofertas al distrito de Sant Andreu. Sólo una ganará el concurso y el distrito le pagará lo que fijaba el presupuesto a cambio de encargarle el servicio. Para conseguir decantar la balanza del distrito hay que cumplir el máximo de condiciones que se requieren en cada concurso. Estos requisitos, normalmente quieren garantizar que el servicio será económico (no se puede malgastar el dinero público) y que se realizará con un cierto nivel de calidad. Pero los criterios están cambiando.
Para conseguir todos los puntos y por tanto la adjudicación del servicio de ocio de la franja del río Besòs, por ejemplo, el distrito de Sant Andreu no exige ningún requisito técnico, es decir de calidad. Todos los criterios son económicos. Quien explote el servicio por menos dinero, gana. En total, en este caso, hay 12 puntos en juego: 10 dependen directamente del “precio ofertado” por la empresa interesada y los dos restantes se asignan a quien garantice que podrá dedicar más horas dentro del presupuesto acordado. En el año 2010, cuando se licitó este mismo servicio, en cambio, había 18 puntos disponibles: 10 eran para la propuesta económica y 8 eran para garantizar su calidad.
Hay otros ejemplos. En Sant Andreu también se está licitando la explotación de todas las residencias de ancianos. Se adjudicará a quien obtenga los 20 puntos que hay en juego: 16 dependen del presupuesto y los cuatro restantes se otorgan si un 9% de los trabajadores son personas con riesgo de exclusión social (mujeres maltratadas, ex convictos, personas con discapacidades ...). Por ninguna parte aparecen las exigencias de calidad.
Los primeros damnificados de este cambio son los usuarios de los servicios que solicita la administración. Por ejemplo, los abuelos de Sant Andreu que usan las residencias. Es más que probable que si bajan las exigencias de calidad por parte del Ayuntamiento, el servicio será peor. Los otros perjudicados son las entidades del Tercer Sector, que desde hace años explotan estos servicios garantizando un nivel de calidad y que ahora están viendo como las adjudicaciones van a parar a manos de empresas multinacionales.
La directora de La Confederación (la patronal del tercer sector), Laia Grabulosa, es una de las personas que se mira con lupa las diferentes licitaciones que se van publicando. “Al final se está convirtiendo en una subasta económica”, lamenta. “El debate de fondo es si entendemos que una administración pública debe servir para lucrar empresas privadas o para garantizar una cierta calidad” dice Grabulosa y plantea una pregunta: “¿Tú adjudicarías la construcción de un puente a una empresa que no demuestra la capacidad técnica suficiente? ”.
Una inversión de las multinacionales
La situación tiende a empeorar de cara a los intereses del Tercer Sector ya que las empresas multinacionales están empezando a adquirir experiencia en este campo y cada vez será más fácil que ganen concursos. Sobre todo porque, a diferencia de las pequeñas entidades o empresas, pueden permitirse el lujo de perder dinero durante un tiempo, a cambio de instalarse en un sector emergente, como es el de cuidar de las personas. La Confederación y la Taula del Tercer Sector han puesto el caso en manos de la Síndica de Barcelona, ​​Maria Assumpció Vilà, que confía en que haya “voluntad política” para evitar nuevos casos. Vilà reivindica “que se valore que el Tercer Sector tiene un plus de calidad y de servicio público”. La Síndica, que había sido presidenta de la Taula del Tercer Sector, explica que esta situación “viene de lejos” y que “hay que buscar el equilibrio entre la oferta técnica y la económica”.
La unificación de criterios
El gerente de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Àngel Miret, es la persona que está buscando una solución desde el gobierno municipal. Existe una ley marco que fija el Estado y que es de obligado cumplimiento. Pero hay márgenes. El principal problema que se encuentra Miret es que no existe dentro del Ayuntamiento una unificación de criterios, de modo que cada distrito adjudica como lo considera oportuno, siempre dentro de la ley, como es lógico.
Para abordar el problema, ya hace meses que el ayuntamiento ha creado una comisión, donde hay diferentes entidades y sindicatos y está buscando algún sistema que pueda garantizar un cierto equilibrio entre los requisitos técnicos y los económicos. Una posibilidad sería obligar a las empresas o entidades superar, al menos, la mitad de los puntos de cada apartado. Recientemente se adjudicó la gestión de un centro infantil en la multinacional EULEN porque ofreció el presupuesto más económico pero no cumplía ni la mitad de las exigencias técnicas. Un equilibrio entre los requisitos técnicos y económicos hubiera impedido que la adjudicación se lo llevara una empresa con tantas carencias a nivel técnico. Otro cambio que está estudiando la comisión, según explica Miret, es que cuando se reciba un presupuesto muy bajo, se pueda pedir a la empresa que explique cómo se las arreglará para ofrecer el servicio con un gasto tan modesto. Sea como sea, estas dos modificaciones en el procedimiento “sólo serían recomendaciones, ya que la contratación está descentralizada” y cada concejal de distrito tiene la autonomía suficiente como para hacer lo que quiera, dentro del marco que permite la ley.
El presidente del grupo municipal de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​Ricard Gomà, también hace días que sigue con mucha atención y preocupación el cambio de criterios que está aplicando el gobierno. “Lo que está pasando es contradictorio con uno de los elementos de identidad del alcalde Xavier Trias, que a menudo recuerda la importancia del Tercer Sector”, explica. Y reivindica: “No era necesario hacer ningún cambio, sino mantener los criterios existentes, pero lo han modificado y ahora están echando fuera de la gestión de los equipamientos a todas las entidades”. Mientras la comisión llega a alguna conclusión, según Gomà hace falta “frenar” lo que está pasando y garantizar que no habrá nuevas adjudicaciones de equipamientos a “empresas que están consideradas incompetentes técnicamente según los criterios de la licitación”, dijo en alusión al centro infantil.
Gomà mostró también su preocupación porque se acerca la adjudicación del Servicio de Atención Domiciliaria, uno de los servicios más importantes ya que cuesta unos 120 millones de euros en dos años y también uno de los más sensibles, ya que la empresa subcontratada por el Ayuntamiento deberá enviar a los trabajadores a casa de los ciudadanos que lo necesitan.