Barcelona vuelve a la carga contra la venta callejera ilegal: “Nos ven como suciedad que hay que limpiar”

“Desde hace seis semanas la presión policial es insoportable: los agentes se presentan hasta cuatro veces al día para que recojamos, además de multarnos o requisarnos el material”, cuenta Cristina, una vendedora de libros de segunda mano muy conocida en el barrio de Gràcia, que monta su parada en la calle Astúries de Barcelona, muy cerca de la estación de metro de Fontana. Ella tiene 35 años y desde hace seis se gana la vida así, junto a su inseparable compañero Guillem, quien tiene 65 años, va en silla de ruedas y vive con una discapacidad reconocida desde 2007. 

“A las 10 de la mañana, agentes de la Guàrdia Urbana aguardan nuestra llegada para que no podamos extender la parada de libros”, comparte Cristina, a quien le caducó su permiso de venta en las navidades de 2021.

Ahora, hastiada de no tener “ni un día de tregua”, recuerda que meses atrás “hacían más la vista gorda”. Por lo presenciado este último mes, la librera atribuye esta intensificación de la supervisión policial a las recientes medidas implementadas por el nuevo consistorio de Jaume Collboni (PSC), incluido el plan 'Endreça' [Ordena]. 

Las estadísticas oficiales corroboran que las sanciones al comercio no autorizado suponen una parte importante del total de denuncias que realiza la policía barcelonesa. Fuentes del consistorio han informado a este medio que, en lo que va de año, se han emitido un total de 12.856 denuncias, de las cuales 6.367 corresponden a este mes de junio, representando así casi la mitad del total.

Collboni anunció a finales de julio que el despliegue policial de este verano contaría con un refuerzo del 10% en la plantilla de la Guàrdia Urbana, bajo el propósito de velar por el civismo y la seguridad. Este incremento responde a un aumento de 100 agentes municipales al día durante los meses de julio y agosto.

El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, señala que la “presión” contra la venta ambulante continuará y asegura que el cuerpo de la Guàrdia Urbana tiene indicaciones “precisas” de “combatir” esta actividad.

Asimismo, el nuevo alcalde de la ciudad se ha comprometido a endurecer el régimen sancionador de la ordenanza de civismo en la próxima revisión.

Durante el gobierno de los comuns en Barcelona “había un pacto tácito”, según sostiene Mercè, una profesora jubilada y vecina del barrio de Gràcia que pertenece a la red de apoyo vecinal que respalda a la pareja. En palabras de esta mujer, los operativos policiales se están “ensañando especialmente contra ellos” desde hace un par de meses. “Hay una intencionalidad directa de expulsarlos”, asegura Mercè.

Por su parte, el Área de Seguridad y Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona niega esta versión de los hechos y descarta la posibilidad de que se esté ejerciendo una supervisión más intensa hacia la pareja de libreros. “No ha habido cambios en el organigrama, porque el PSC ya gestionaba la seguridad en el mandato anterior”, aclaran fuentes municipales.

Después de que elDiario.es se hiciera eco de la historia de Cristina y Guillem cuando en mayo de 2022 se quedaron en la calle, la pareja encontró su salvavidas en Cristina Bernardó, una filóloga de Tiana (Barcelona) que se empeñó en buscarles un alquiler para que no continuaran durmiendo al raso. Así, la situación de la pareja de libreros fue remontando progresivamente hasta mayo de 2023. Pero el endurecimiento del control sobre la venta callejera sin licencia amenaza con torcer su situación.

La red de apoyo vecinal de la pareja inició en 2021 una recogida de firmas para que el gerente del distrito de Gràcia renovara a Cristina el permiso de venta. La anterior gerente había prometido hacerlo, según explica Mercè, pero tras su salida los trámites no avanzan. La iniciativa vecinal tampoco tuvo éxito. Y desde entonces, Cristina oferta junto a Guillem su selección de libros de segunda mano al margen de la legalidad. 

“Ahora nos ven como suciedad a la que hay que limpiar”, expresa Cristina, refiriéndose a las declaraciones sobre orden y convivencia que ha repetido el nuevo alcalde de Barcelona. No obstante, la pareja de libreros reivindica los años que llevan siendo queridos por la mayoría de vecinos y comerciantes del barrio.

“Les regalamos libros o les ayudamos con todo lo que podemos para que puedan vivir con unos mínimos de dignidad”, asegura Mercè. Pese a que cuentan con una sólida red de apoyo a sus espaldas, a la presión de la policía se suma la disminución de la venta durante la época estival, lo que afecta todavía más a los escasos ingresos de la pareja. 

“El mes de agosto es el peor, porque nuestra clientela principal son los jubilados del barrio y se van de vacaciones”, relata Cristina, haciendo hincapié en las altas temperaturas que deben soportar a lo largo del día y en los sobreesfuerzos por desmontar la parada cada vez que los agentes se personan. 

La situación de Cristina y Guillem vuelve a ser límite. “Tendremos que escoger entre comer o afrontar el pago del alquiler”, confiesan con preocupación. A pesar de las dificultades, seguirán aferrados a su pasión por los libros y al cariño de la gente de Gràcia, con la esperanza de preservar este pequeño rincón de lectura. Se resisten a caer en la desesperación de mendigar en la calle, una práctica que también conlleva sanciones según la ordenanza de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona.

Se reactiva la cruzada contra el top manta

“Ordenar la ciudad” ha sido uno de los lemas más repetidos por Jaume Collboni desde que tomó posesión del Ayuntamiento de Barcelona el pasado mes de junio. Por su parte, Albert Batlle, teniente de alcaldía en Seguridad, ha reiterado en varias comparecencias públicas que trabajarán para “combatir el incivismo, la suciedad y aquellos elementos que deslucen la ciudad”. 

En la presentación del dispositivo policial de este verano, tanto Batlle como el intendente mayor de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, remarcaron que es una “prioridad” limitar el número de vendedores sin licencia porque “provocan desórdenes en el espacio público”. En el marco del plan 'Endreça', el último fin de semana de julio, la Guàrdia Urbana decomisó 11.255 productos provenientes de la venta ambulante.

El verano pasado, fuentes policiales contabilizaron que en Barcelona apenas quedaban una veintena de manteros, una cifra mucho más baja que en tiempos de prepandemia, cuando se rozaban casi los 800. Y aunque la tendencia sigue estabilizándose a la baja, el consistorio de Collboni está abanderando en la oposición al colectivo mantero la lucha contra el incivismo en Barcelona.

“La venta ambulante es una de las pocas alternativas que tienen las personas sin documentos para sobrevivir debido a la Ley de Extranjería”, expone Lamine Sarr, miembro del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona. “Nos prometieron políticas destinadas a buscar soluciones laborales y sociales”, prosigue Sarr, refiriéndose a la mesa de diálogo que echó raíces en agosto de 2019 entre el Ayuntamiento y los manteros, pero que quedó paralizada tras la irrupción de la pandemia.

El sindicalista de Top Manta también recuerda que la “cruzada” contra la venta ambulante ilícita, y especialmente contra el colectivo mantero, fue una de las principales iniciativas ejecutadas por Batlle durante la administración de la alcaldesa Ada Colau. Al exmantero no le sorprende, pues, que la persecución de la venta ambulante continúe erigiéndose como una de las máximas del consistorio.

Según Sarr, la intensificación del control policial en la capital catalana explica que muchos manteros hayan tenido que desplazarse hacia otras localidades costeras de la provincia de Barcelona. O bien, como alternativa, hayan optado por trabajos no regulados en el sector de la agricultura o la recogida de chatarra. 

Desde la Asociación de Vendedores Marchantes de Catalunya, Xavier Oriola, su presidente, reconoce que la situación de los manteros no debe ser “nada fácil”, pero critica que ellos “ejercen una competencia desleal, porque falsifican productos”. Los vendedores no sedentarios como Oriola, aparte de abonar una licencia de ocupación en la vía pública, tienen que pagar impuestos trimestrales en los municipios donde se asientan. “Reclamamos que haya una ordenanza centralizada para que todos tengamos las mismas condiciones”, concluye.

El problema es que la mayoría de manteros no tiene una situación regularizada para poder conseguir trabajo o simplemente tributar. “Garantizar la convivencia y la inserción social no pasa por ejercer la represión policial contra aquellos que no tienen nada”, sentencia el exmantero, enorgullecido de que Top Manta sea ahora una marca consolidada de ropa social y solidaria del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona. Desde 2017, han conseguido que 140 personas tengan papeles y hayan dejado la manta. 

Los 'mercados de la miseria'

Otro fenómeno de venta ambulante que se popularizó hace unos años fue el de los llamados “mercados de la miseria”, puntos de la ciudad donde se vendían sin licencia artículos de segunda mano o incluso rescatados de la basura. Pero al igual que el colectivo mantero, la contención policial sobre estos puntos de venta ha propiciado que su presencia sea mucho más residual.

Estos vendedores ambulantes se dispersan ahora por las calles del Raval, montando puestos improvisados. Hace apenas un año, diversos operativos policiales los desalojaron primero de Ronda Sant Antoni y después de Ronda Sant Pau debido a las grandes aglomeraciones que formaban en la zona. 

Ángel Cordero, miembro de la Asociación de Vecinos del Raval, constata que la afluencia y concentración de estos mercados ha disminuido, por lo que se permite una convivencia y movilidad más tranquila. “La solución no es la represión policial para disuadirlos, sino dar a estas personas más asistencia social u otras salidas laborales”, remarca. 

Además, este vecino recuerda que el año pasado, la Guàrdia Urbana y diferentes agentes sociales se desplegaron por el terreno para descartar que en el ‘mercado de la miseria’ de Ronda Sant Pau se vendieran productos robados o droga. “Existe mucha estigmatización que pretende excluir aún más a estos colectivos que, en ocasiones, actúan al margen de las normas y convenciones sociales”, concluye Cordero.