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Un juez ordena a Colau paralizar la adjudicación de los servicios técnicos de la multiconsulta

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau

Oriol Solé Altimira

Al revés político que recibió el gobierno de Ada Colau contra la multiconsulta van camino de sumarse los tribunales. El juzgado de lo contencioso administrativo 17 de Barcelona ha ordenado al Ayuntamiento de Barcelona paralizar la adjudicación de los servicios técnicos de la multiconsulta, que incluía el contrato para el voto electrónico.

Lo ha hecho a instancia de la Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica (ATQD), que denunció la vulneración de derechos fundamentales en relación a la cesión de datos del padrón municipal a una empresa externa para organizara las votaciones.

La ATQD fue una de las empresas y entidades que llevó a los tribunales la multiconsulta de Colau prevista para el mes de mayo y en la que el Consistorio pretende que los barceloneses voten sobre la gestión del agua y el cambio de nombre de la plaza del esclavista Antonio López por el del migrante muerto en el CIE Idrsissa Diallo.

Además de esta asociación, empresas como Agbar, así como la Delegación del Gobierno o la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público (CCIES), han presentado en los últimos meses recursos por distintas vías para impugnar tanto la multiconsulta como el Reglamento de Participación Ciudadana que la ampara.

En una resolución de este lunes, el titular del juzgado de lo contencioso 17 de Barcelona indica al Ayuntamiento que “deberá paralizar, si ello aún es posible” la la adjudicación de los servicios técnicos de la multiconsulta.

En paralelo a esta causa en los juzgados de lo contencioso, la Fiscalía de Barcelona investiga al Ayuntamiento por un delito de revelación de secretos y la cesión de datos del padrón municipal para la multiconsulta después de una denuncia de la misma asociación. En la consulta, según el pliego de condiciones del contrato, podrán votar los mayores de 16 años empadronados en Barcelona, cuyos datos, según los denunciantes, serán cedidos a la empresa a la que se adjudique el proceso junto al del resto de votantes.

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