El Ayuntamiento de Barcelona denuncia que un directivo de Airbnb realquiló ilegalmente un piso turístico
Un directivo de Airbnb habría realquilado ilegalmente un piso de Barcelona a través de la plataforma. Así lo ha denunciado este lunes la teniente de alcaldía de Ecología Urbana, Urbanismo y Mobilidad de la capital catalana, Janet Sanz, en una rueda de prensa convocada al efecto de presentar novedades sobre la inspección de los pisos turísticos. “Que nos cuenten cómo es posible esto”, ha lanzado Sanz a Airbnb. La concejala ha ido más allá y ha explicado que el consistorio sospecha que la plataforma “da cobertura a tramas fraudulentas de estafa” en el alquiler de pisos turísticos.
Según el consistorio, el caso de este directivo de Airbnb se asemeja al desvelado la semana pasada en la Barceloneta. El alto cargo habría alquilado un piso sin licencia turística en Ciutat Vella y lo habría realquilado ilegalmente a turistas. El caso supone una nueva batalla de la guerra que el consistorio de Colau mantiene con la plataforma desde hace más de dos años.
El autor del presunto alquiler ilegal sería el exdirector regional de Airbnb en España y Portugal, Kay Kuehne, un joven alemán de 34 años. Según su perfil de Linkedin, Kuehne fue director de Airbnb en España y Portugal entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, y posteriormente fue director regional de la plataforma en América Latina hasta diciembre de 2015. El consistorio ha abierto un expediente sancionador a Kuhene, pero no ha podido localizar al directivo ni notificarlo en la dirección que constaba en el contrato de alquiler del piso presuntamente realquilado.
Sanz ha puesto en duda que Airbnb esté aplicando los filtros y los controles para asegurarse que los pisos que ofertan tengan licencia turística. “Han traspasado todos los límites imaginables”, ha zanjado la concejala, que ha tildado el caso de “inaceptable y injustificable”. Este diario se ha puesto en contacto con la compañía y un portavoz ha indicado que están recabando información sobre el caso.
Con un verano que se espera especialmente caliente en lo que atañe a los pisos turísticos ilegales, el Ayuntamiento de Barcelona presiona a Airbnb para intentar que la plataforma deje de anunciar pisos sin licencia. El concejal de Turismo, Agustí Colom, ha recordado que del diálogo con las plataformas que ofertan pisos en la ciudad se ha llegado a acuerdos, en concreto con 12 de las 13 que publicitan pisos en Barcelona. Un acuerdo que parece imposible con Airbnb que, según han contado los responsables municipales, esta misma semana recibirá la multa de 600.000 euros por un expediente abierto en el mes de noviembre por anunciar pisos sin licencia.
“Tramas fraudulenta de estafa”
Sanz ha ido más allá y ha lanzado sospechas sobre la compañía, a la que ha acusado de “dar cobertura” y de “complicidad” con redes de alquiler turístico ilegal, a las que Sanz se ha referido como “tramas fraudulenta de estafa”. “Ellos mismos incentivan actividades ilegales”, ha añadido.
Sanz ha emplazado de nuevo a Airbnb para que la plataforma cumpla con la ley y deje de anuncias pisos turísticos sin licencia de Barcelona. Por su lado, el concejal de Turismo, Agustí Colom, ha apuntado que estas ilegalidades “conculcan el derecho a la vivienda y incrementan los precios del alquiler”. En el mismo tono contundente que Sanz, Colom ha zanjado: “El de la legalidad es el único camino que tiene Airbnb para seguir operando en Barcelona”.
Airbnb responde al Ayuntamiento
Ante estas acusaciones, Airbnb ha contestado horas más tarde. “Estamos decepcionados por la amenaza de esta multa y recurriremos” ha asegurado la plataforma en un comunicado de prensa. Airbnb señala también que se encuentran “profundamente entristecidos por las declaraciones falsas hechas hoy por el Ayuntamiento”, recordando que trabaja con más de 300 gobiernos para conseguir una regulación clara para el “home sharing”.
Airbnb recuerda que en los últimos seis meses ha trabajado con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo. En las negociaciones, la plataforma asegura que “puso ofertas firmes y generosas sobre la mesa”. Según asegura Airbnb en el comunicado, el Ayuntamiento ha escogido “el conflicto por encima del acuerdo” una solución que considera que debería tener como objetivo “proteger a las familias de clase media que comparten sus hogares de manera ocasional para mejorar sus ingresos”. Airbnb pide un reconocimiento de su particular actividad señalando que “hay una gran diferencia entre compartir un espacio de tu casa ocasionalmente y operar un negocio turístico”. Finalmente, denuncia que las legislaciones en materia de alojamientos turísticos “protegen a las grandes empresas y excluyen a las familias de clase media de poder beneficiarse de los visitantes”.
