Organización contra la precariedad: la cultura que se carga con la manta

Uno detrás de otro, y prácticamente en fila india. Como si de una contrarreloj ciclista se tratara, el goteo de personas con grandes sacos blancos a la espalda es constante en la parada de metro Besòs Mar, en Barcelona. Cada mañana, poco después de las ocho, llueva o truene, los manteros entran en la boca del metro, con destino al centro de la ciudad o al paseo marítimo. La vuelta a casa está menos coreografiada: cada uno regresa cuando puede. Depende de cómo se dé la venta.

Desde hace alrededor de cinco años, el barrio del Besòs, el cuarto más pobre de la ciudad (según la distribución familiar de la renta disponible), ha sido cobijo de la mayoría de vendedores ambulantes procedentes de Senegal. El barrio tiene experiencia en migraciones: los movimientos interiores, sobre todo de personas provenientes de Andalucía y Murcia, edificaron esta zona periférica de Barcelona en los años sesenta.

Los manteros han generado lazos en el barrio de litoral: la vida en comunidad es una de las máximas de las personas provenientes de Senegal. Así lo apuntaba el doctorando en migraciones, Abdoulaye Fall, en la mesa redonda “Visiones del Sur”. Es algo que la activista del colectivo Tras la Manta, Áurea Martín, no sólo comparte, sino que pone en valor: “Ellos tienen su propia organización”.

Las personas dedicadas a la venta ambulante llevan años –según Martín– generando vínculos de solidaridad. Es una forma de aguantar el chaparrón. Resistieron en silencio hasta el verano de 2015, cuando la presión en el centro de Barcelona se disparó.

En ese momento, activistas en lucha por los derechos de las personas migrantes generaron una red de solidaridad. Entre aquellos activistas se encontraba Rosa Sánchez, cantautora. “Se hizo una red de vecinas y vecinos que acudíamos con un teléfono de urgencias a las llamadas que nos hacían cuando venían grupos de 20 policías, a veces vestidos de paisano, simplemente a pegar”.

Después nacería Tras la Manta, empujada por las conversaciones entre activistas de diversos colectivos como el Espacio del Inmigrante de Barcelona. No sería hasta unos meses después cuando, en estos espacios de diálogo, la idea de una plataforma que diera voz al colectivo, cobraría fuerza. A la postre se estaba gestando el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes.

La idea sobre un sindicato, según cuenta uno de los portavoces del mismo, Aziz Faye, nace de las experiencias de algunos vendedores en uno de los países que más trajín de manteros ha tenido en Europa: Italia. Allí la organización de los vendedores fue necesaria mucho antes. Yendo más atrás de la cuestión, la autoorganización en Italia se suma a la propia capacidad organizativa que los vendedores ya tienen en Senegal.

“La organización la traen desde Senegal”, asiente César Zúñiga, también del Espacio del Inmigrante, y una de las personas que ha apoyado al colectivo desde el principio. Buena muestra de ello han sido las diferentes iniciativas que el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes ha emprendido en poco más de un año de vida: mercadillos rebeldes, una cooperativa propia o incluso una recién estrenada firma comercial.

En Dakar existen hasta tres asociaciones que regulan la venta ambulante y que lidian con los Gobiernos locales para mejorar las condiciones de los trabajadores. Las organizaciones en Senegal, Italia o España comparten un mismo sino: todas han nacido fruto de la presión policial.

Una de las organizaciones que ha sido testimonio de primera mano del peso de la represión en las calles es SOS Racisme. Desde 2010, de los 77 casos que han atendido contra la Guardia Urbana, 44 tenían relación con la manta. Según sus datos, durante este tiempo –y de los episodios relacionados con la venta ambulante– se han producido tres casos de identificación por perfil étnico y doce de agresión física de agentes a manteros por actuación en la venta ambulante.

La abogada de SOS Racisme, Alicia Rodríguez, pone en palabras el abuso policial y el racismo inherente a algunas actuaciones. “Los policías que actúan de esta forma son conscientes del estado de indefensión de la persona. No tienen papeles y no pueden defender sus derechos”, apunta. La situación se agrava si se suma que la manta vuelve a ser delito penal desde hace dos años. “Fiscalía está pidiendo delitos de dos años, y un vendedor ambulante puede terminar en prisión por vender 22 bolsos”.

La opinión la matiza el Ayuntamiento de Barcelona. “Aquí hay un debate de fondo: ¿Qué tipo de seguridad queremos en la ciudad? Apuntando a la policía como un actor represor no solucionaremos nada. La izquierda no acepta la seguridad como propia: parece que la policía sólo haya hecho represión... ¿Cuántos casos hay de agresión y cuántas intervenciones hace la Guardia Urbana realmente?”, sostiene Tatiana Guerrero, técnica del consistorio dedicada a los asuntos relacionados con la venta ambulante.

El Ayuntamiento de Barcelona asegura que vivió una sobrepoblación de manteros en determinadas zonas de la ciudad el año pasado. El efecto llamada, fruto de la llegada masiva de turistas a la ciudad, atrajo a centenares de vendedores. La saturación del espacio con unidades de la policía se sucedió durante todo el verano; el mismo plan ya hace semanas que opera en la ciudad.

El dispositivo policial en la capital catalana ha transcurrido en paralelo a la respuesta social por parte del Ayuntamiento. Si bien su primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, reconoce que “el Gobierno de Barcelona podría hacer autocrítica” por la tardanza de la llegada de los planes sociales, también se felicita por las medidas llevadas acabo en los últimos meses.

La más destacada, una cooperativa integrada por ex manteros e impulsada en colaboración con el mismo consistorio. “Para la población estable de 250 vendedores, que consigan salida unos 70 es mucho. Teniendo en cuenta la ley de extranjería... Hay que tener mucha imaginación jurídica para saltar este muro”, sostiene Pisarello. Precisamente por la ley de extranjería no son pocos los que han encontrado escollos para regularizar su situación. Más efectiva se ha mostrado la cooperativa, que ya tiene a 15 personas trabajando en ferias de la ciudad. La cooperativa provoca recelo por otros motivos.

La última gran movilización de personas migrantes en situación de riesgo, y pertenecientes a la economía informal, fue la de los chatarreros. Tras varias protestas de éstos –y los correspondientes rifirrafes con el Gobierno de Xavier Trias–, el Ejecutivo convergente montó una cooperativa que con el paso del tiempo desorganizó al colectivo. Apagó su voz política.

Así lo recuerda Áurea Martín, de Tras la Manta. Comparte la visión de la activista Aziz Faye. “No creamos el Sindicato para conseguir 15 o 20 puestos de trabajo, sino para que se escuchara a los excluidos”, dice. Y prosigue: “Esa cooperativa tiene que ser independiente del Ayuntamiento, no para sus propagandas mediáticas”. La razón de ser del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes es que, en un futuro, quien coja el metro en la parada Besòs Mar sin miedo a volver a casa sin material. Volver magullado. O no volver.