Una pareja de turistas se despereza y busca agua corriente para asearse; se encuentran a las puertas de una maratoniana jornada recorriendo las calles de Barcelona. Pese a que su habitación tiene unas vistas tan inconfundibles como su vaivén no dispone de ducha, por lo que se dirigen a los responsables del Puerto Olímpico de Barcelona para solventar el problema. El edificio de la capitanía hace las veces de recepción de hotel.
La escena, narrada por una de las trabajadoras de dicho edificio, vuelve a ser cotidiana en las instalaciones náuticas de este puerto recreativo (el más grande de la ciudad, con más de 700 amarres): turistas de todo el mundo han encontrado sobre el mar una forma exótica de alojarse en Barcelona. El boom turístico que vive la capital catalana y que ha llevado el alquiler a máximos históricos se ha trasladado recientemente a los puertos. Aunque el fenómeno no es nuevo.
El uso de barcos como apartamento turístico parecía un fantasma “enterrado” en Barcelona, según cuenta Pilar Martínez, abogada del Puerto Olímpico. Diez años atrás, más de 130 embarcaciones del Puerto Olímpico se destinaban a alojamiento turístico, según datos del mismo puerto. En 2012, la crisis y una serie de medidas –apertura de expedientes o instalación de un acceso con detector dactilar a las instalaciones– diluyeron la actividad, hasta dejarla a “prácticamente cero”.
El Puerto Olímpico, una obra en el corazón del litoral barcelonés pensada para la competición de vela de los Juegos de la ciudad en 1992, reconoce ahora que desde Semana Santa más de 30 embarcaciones vuelven a operar como hotel sobre el mar.
Las mismas plataformas que han sido multadas por el Ayuntamiento de Barcelona por ofrecer apartamentos turísticos ilegales publicitan también estos barcos. En el Puerto Olímpico los hay de hasta 1.000 euros la noche (seis huéspedes), aunque la media en el mismo puerto ronda los 80 euros. En la ciudad se dispararía hasta los 170 euros, según la misma plataforma. La empresa Airbnb acompaña los anuncios de yates para alquiler de información relativa al barrio en el que se sitúa el amarre.
Según la abogada del Puerto Olímpico, la actividad es “totalmente ilegal”. Algo que reafirman el resto de puertos recreativos consultados (un total de seis, la mayoría con menor capacidad, alrededor de 200 amarres cada uno) y también la Generalitat de Catalunya.
¿Qué hace entonces que se pueda anunciar un barco como apartamento turístico? Fuentes del Puerto Olímpico y del Port Fòrum –puerto colindante con la localidad vecina de Sant Adrià de Besòs– apuntan a la “dificultad de detectar el uso final” de los yates cuando son alquilados.
El chárter inmóvil
Un chárter náutico es el nombre que se usa en el sector para denominar a una embarcación pensada para realizar viajes, para salir del puerto y navegar. El alquiler de una de estas embarcaciones supone disponer de un título válido para su uso o la contratación de un patrón. Así lo exige el Puerto Olímpico, además de la lista de tripulantes, como medida para evitar que los yates destinados a chárter (unos 170 en el Puerto Olímpico) no se muevan de sus amarres y funcionen como hoteles flotantes.
“Que las embarcaciones no se muevan es un lastre para un puerto, va en contra del origen de su actividad”, dice la responsable de prensa del Port Fòrum, Montserrat Arias. La trabajadora del tercer puerto recreativo más grande de la ciudad reconoce un “posible uso irregular” en sus amarres, pero no se atreve a arrojar una cifra concreta. Hace unos días TV3 estimaba en alrededor de 50 las embarcaciones de uso turístico ilegal en Port Fòrum.
Peligros de los hoteles flotantes
Esther hace cerca de diez años que vive en un barco flotante. Cinco de ellos amarrada en Port Fòrum. Es una de las personas –menos de 200 familias, según la Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics– que vive en un barco en la capital catalana. Para vivir en él, Esther debe tener una gran póliza de seguros (unos 600.000 euros, la media), además de título, papeles y mantenimiento del yate al día.
Según comenta, en los últimos meses no ha notado un cambio en los usos de los barcos vecinos. “Es difícil notarlo cuando tus vecinos se mueven”, asevera. Pese a que en alguna ocasión ha visto que los amarres de su alrededor eran ocupados por turistas, para ella nunca han supuesto un perjuicio.
No es de la misma opinión la abogada del Puerto Olímpico, que asegura que el hecho que las personas que acceden a un barco para pernoctar no tengan nociones náuticas es un “peligro para el resto de habitantes de un puerto”. Pilar Martínez relata como los turistas que acceden a los barcos desconocen normas tan mínimas como la prohibición de fumar en la popa del yate: “Un día tendremos un disgusto”.
A su vez, Martínez comenta con hastío las situaciones de fraude que se producen y que, según ella, deberían ser sancionadas: “Había armadores que incluso cobraban tasa turística a los visitantes... ¡Sin tener licencia!”, dice. “Nosotros, claro, no podemos sancionar; de hecho no podemos hacer más que molestar”, añade.
El Puerto Olímpico, en voz de su abogada, pide responsabilidades a las administraciones por situaciones como la mencionada. En su caso, Martínez asegura haber hablado con Ayuntamiento de Barcelona, Guàrdia Urbana y también Generalitat de Catalunya. Ésta última institución se ampara en el proyecto de ley de puertos catalana como ámbito donde estudiar medidas para controlar la actividad.
Por su parte, el consistorio de Ada Colau, que recibirá el año 2020 plenos poderes sobre el Puerto Olímpico, pide a Generalitat y Estado que les “faculte más para intervenir” –según comenta un portavoz del Ayuntamiento de Barcelona– en sus puertos. Las mismas fuentes del Ayuntamiento ven en la cesión del Puerto Olímpico por parte de la Generalitat una vía. La cesión, aseguran, dotará al consistorio de un “mayor control de las actividades que se desarrollen en el espacio”.