CiU, PP y PSC evitan retirar la medalla de oro de Barcelona a la infanta Cristina
El 27 de junio de 1997 el Ayuntamiento de Barcelona concedió la Medalla de Oro de la Ciudad a la infanta Cristina. Este miércoles, el consistorio ha estado a punto de retirarle este reconocimiento a la hija del Rey, pero finalmente CiU y PP se han puesto de acuerdo para rechazar la propuesta, con la ayuda del PSC, que se ha abstenido.
La votación ha tenido lugar en la comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento, y solo ha contado con los votos a favor de ICV-EUiA -el impulsor de la petición- y ERC. La iniciativa, pese a estar vehiculada por los ecosocialistas en el consistorior, venía de una declaración de unas 50 personalidades de la ciudad, motivada por la presunta implicación de la infanta en el caso de corrupción del Instituto Nóos.
Sin embargo, CiU y el PP, además del PSC, han considerado que la infanta tiene derecho a la presunción de inocencia como cualquier ciudadano, y han optado por no retirarle la medalla a no ser que sea finalmente condenada.
Curiosamente, cuando la infanta recibió oficialmente el galardón de manos del entonces alcalde Pasqual Maragall -eran las fiestas de la Mercè, un 22 de septiembre-, el jefe de la oposición municipal era Miquel Roca (CiU), uno de los abogados que ahora la defiende en el caso Nóos.
Un manifiesto con tintes soberanistas
Entre los impulsores de la iniciativa, destacan los escritores Isabel-Clara Simó, Lluís Permanyer y Matthew Tree; el senador del PNV Iñaki Anasagasti; la activista independentista Anna Arqué; el exconcejal barcelonés Agustí Soler; el exmiembro del Consell Consultiu Jaume Renyer, y la actriz Montserrat Carulla.
También están el exdiputado de SI y jurista Alfons López Tena, la economista Elisenda Paluzié, el historiador y monje de Montserrat Hilari Raguer, el exalcalde de Arenys de Munt Josep Manel Ximenis y el excoronel del Ejército Amadeo Martínez Inglés.
En un comunicado, los impulsores de la iniciativa aseguraron este martes que la revocación permitiría “evidenciar internacionalmente la determinación del soberanismo catalán” meses antes de la convocatoria de la consulta de autodeterminación, prevista para el 9 de noviembre.
