El modelo de escuela en catalán, conocido como la inmersión lingüística, vuelve a estar en una encrucijada, puede que definitiva. Después de una década de resoluciones judiciales que ordenaban dar un 25% de clases en castellano a quien lo solicitase, llegó la sentencia definitiva, la que instaba a la Generalitat a aplicarlo en todo el sistema. Pero no es solo esto: a esta espada de Dámocles, que mantiene en vilo a los centros, se le superponen además nuevos planteamientos en cuanto a la lengua escolar, desde si es necesario fortalecer el uso real del catalán –que está en retroceso– hasta si hay que consolidar un sistema más flexible en el que los colegios decidan si dan más docencia en uno u otro idioma según las necesidades de su alumnado.
La confirmación de la sentencia que tumba la inmersión y el caso de Canet de Mar, todo acaecido en el último mes, han vuelto a poner bajo el foco el modelo lingüístico escolar de Catalunya, cuyo futuro se juega además en tres campos distintos: el judicial, el político y el educativo. A ello se le ha sumado por otro lado la reciente publicación de una encuesta de la Generalitat que muestra cómo el catalán se emplea cada vez menos en clase entre los alumnos de Secundaria –tendencia que se observa, aunque menos, entre el profesorado–, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de la inmersión, que junto al departamento de Educación apuestan por aumentar los controles para que se cumpla, incluso movilizando a la inspección.
En el plano judicial, que es el que puede provocar cambios más inmediatos, existe la sentencia que obliga a la Generalitat a adaptar el sistema para que se impartan clases también en castellano, al menos el 25% del tiempo, al entender los jueces que esta lengua no puede quedar excluida de la docencia. Quien debe instar a la ejecución de este mandato es el Gobierno central, puesto que quien interpuso la demanda fue el Ministerio de Educación en 2015, cuando gobernaba el PP y estaba en vigor la Ley Wert.
En este punto, el departamento de Educación confía en que el actual ministerio no lo exigirá –la ministra Pilar Alegría no ha dado muestras de que vaya a hacerlo–, con lo que espera así ganar tiempo. Pero a la vez, l conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha asegurado que trabajan en un nuevo marco normativo que actualice la política lingüística escolar y que esperan que sirva para convencer a la justicia, aunque no van a renunciar al catalán como lengua vehicular y aseguran que no pondrán porcentajes. “Debemos establecer estos criterios para que ningún tribunal nos pueda decir que esto no lo tenemos reglamentado y que no lo tenemos normativizado”, aseguraba en el diario Ara.
Por su parte, las distintas entidades contrarias a la inmersión ya han anunciado que, si el Govern no cumple con la sentencia, ellas mismas lo reclamarán en los tribunales al considerarse afectadas por este incumplimiento.
La sentencia definitiva también ha provocado que se hayan alterado los consensos políticos en torno a la lengua de la escuela, hasta ahora uno de los pilares que sustentaba el modelo. El PSC, uno de los fundadores de la inmersión, se ha posicionado a favor de aceptar el mandato del 25%. Los socialistas, autores de la Ley de Educación de Catalunya (LEC), que fija el catalán como el idioma de uso en los centros, consideran que la Generalitat debería preparar una propuesta que incluya el acatamiento de la sentencia sin que ello perjudique el principal objetivo de la inmersión: que todos los alumnos salgan competentes en el uso de catalán y castellano (algo que ahora mismo ocurre, según los datos de Educación).
“La sentencia puede gustarnos más o menos, porque nuestro modelo no es el de las cuotas, pero es clara y hay que cumplirla”, observa Esther Niubó, diputada del PSC y responsable de las políticas educativas del partido. “La ley permite que sean los centros educativos los que determinen la materia [que se ha de impartir en castellano], que puede ir cambiando cada año. Hay escuelas concertadas que ya lo hacen y no parece que vaya en detrimento del conocimiento del catalán”, sostiene.
Según su opinión, la Generalitat debería trabajar en una fórmula que permita no desafiar a los tribunales preservando el catalán como lengua principal y la autonomía de los centros para decidir cómo concretarlo en cada curso y grupo-clase.
La flexibilidad del modelo
Ya en 2019 el PSC decidió en una ponencia abrir el melón de la inmersión lingüística, al plantear que se debería flexibilizar para que cada centro se adapte a su realidad social y lingüística. Partiendo de la base de que el catalán es por defecto el “centro de gravedad” de las enseñanzas.
Una idea de flexibilidad –aunque formulada de forma distinta– en cuanto al catalán y el castellano la propuso el propio Departamento de Educación en su documento de plurilingüismo presentado en 2018, que desató no poca polémica. En él, explicitaba la posibilidad de dar más castellano en centros de entornos catalanoparlantes donde se detectase un mal dominio de esta lengua. “Si el número de horas de exposición al castellano no es suficiente para alcanzar el mismo nivel en catalán y en castellano, el centro deberá decidir, dentro de su proyecto lingüístico, incorporar bloques de contenidos curriculares en castellano y planificar actividades que potencien la expresión oral de los alumnos”, recogía el texto.
“Ese documento no era ningún decreto, era una propuesta para el debate”, precisa hoy Josep Bargalló, el consejero de Educación durante pasado mandato. Según explica, el objetivo de ese nuevo plan lingüístico, que quedó marcado por esa idea, iba encarado a actualizar la inmersión sobre todo para responder mejor a la nueva realidad lingüística que se deriva del aumento de la inmigración en la última década. “El gran reto de la escuela a nivel lingüístico es respetar la lengua de origen de todos los alumnos, que no son dos sino 200, sobre todo en algunas zonas, y garantizar que se acaban los estudios obligatorios con una competencia plena en las lenguas cooficiales”, reitera.
Bargalló defiende la autonomía de los centros a la hora de definir ellos sus proyectos lingüísticos, puesto que ya a día de hoy tienen margen para introducir otras lenguas si lo consideran justificado, pero rebate la idea de que pueda haber zonas catalanohablantes con peor nivel de castellano. Los datos del Consejo Superior de Evaluación de la Generalitat no lo detectan en sus pruebas de competencias básicas.
“Si a cualquier centro las pruebas le salen mal, tienen la potestad de dar más clase en castellano. Nos consta que algunos lo han hecho”, sostiene Teresa Esperabé, docente de Primaria y actual responsable de Educación del sindicato CCOO. Una de las principales bazas del modelo de escuela en catalán es que cuenta hoy con un amplio apoyo entre el profesorado –la mayoría de sindicatos y entidades pedagógicas de docentes– y también de las asociaciones de familias. “La inmersión ha funcionado y ha ayudado al dominio de ambas lenguas y a la idea de que somos un solo pueblo”, sostiene esta maestra.
Sin embargo, su principal crítica se dirige a la Administración catalana a la hora denunciar la falta de recursos para apuntalar los planes lingüísticos con la llegada de alumnado extranjero. Este es, según Esperabé, la gran mejora que debería acometer el sistema. “Durante los años 2000 se pusieron muchos refuerzos en forma de aula de acogida y similares, pero todo esto se esfumó con los recortes y no se ha recuperado”, lamenta.
El retroceso del catalán
A día de hoy, se hace muy difícil radiografiar cuál es la realidad de las lenguas vehiculares en las escuelas e institutos catalanes, lo que también dificulta el diseño de las políticas educativas. Además, las sentencias judiciales en la última década han provocado un efecto de repliegue en la Administración catalana, bajo idea según la cual se prefiere no acometer ningún cambio de calado en el modelo lingüístico porque supondría una oportunidad para los que defienden el bilingüismo. “Ha habido momentos en los que se decía que todo iba perfecto, y si algunos decíamos que había que analizarlo bien se nos decía que nos lo queríamos cargar y no mejorarlo”, lamenta Bargalló.
Actualmente, lo que dice la ley catalana es que el catalán es la lengua de uso normal en los centros, tanto en la docencia como en las comunicaciones, y esto es lo que reflejan la mayoría de proyectos lingüísticos. Hay escuelas e institutos que han introducido el castellano y el inglés como vehiculares, aunque los datos en este punto son confusos, porque no es lo mismo lo que consta en los documentos oficiales de los centros que lo que los profesores hacen finalmente a la hora de impartir clase.
Según lo primero, un informe elaborado por la Asamblea por una Educación Bilingüe (AEB) a partir del análisis de miles de proyectos lingüísticos detectó que el castellano como lengua de docencia es residual. Por ejemplo, que solo el 7,8% de los centros de Primaria ofrecen una asignatura no lingüística en castellano (el 22% en inglés). En Secundaria directamente no encontraron ninguna.
El informe de la AEB choca frontalmente con la encuesta presentada por Educación a partir de una muestra de más de 3.000 alumnos de Cuarto de la ESO, que respondieron este año que solo el 70,8% de sus profesores se dirigen a ellos en catalán siempre, casi siempre o a menudo. Este dato, junto con el de que casi el 50% de los alumnos no usan el catalán cuando trabajan entre ellos en clase, es el que despertó las alarmas de la Generalitat, que decidió poner en marcha un plan de choque para fomentar el uso de la lengua catalana de nuevo en las aulas.
Para ello, el Govern ha prometido más formación y asesoramiento a los centros y ha anunciado un endurecimiento de las inspecciones para que todos los docentes cumplan con lo que dictan los proyectos de su centro. En el punto de mira estarían aquellos profesores que usan el castellano por iniciativa propia.
Uno de las deficiencias del funcionamiento actual del sistema escolar, según Avel·lí Flors Mas, sociolingüista de la Universitat de Barcelona (UB), es precisamente que el uso del castellano como vehicular por parte de algunos docentes no está planificado por los claustros en función de si lo ven académicamente necesario, sino que tiene que ver con el criterio determinados profesores. “Esto no es una flexibilización del modelo en base a criterios pedagógicos, sino una improvisación que depende sobre todo de las tendencias de uso de la lengua fuera de las aulas”, reflexiona este académico.
Es decir, todo apunta a que es precisamente en los colegios donde las familias son castellanoparlantes donde es más probable encontrar docentes que usen esta lengua en clase. Luego hay matices. “Algunos piensan que así conectan mejor con sus alumnos. Así que por ejemplo pueden dar clase en catalán pero en el momento de las interacciones pasarse al castellano”, apunta Flors.
Para Flors, lo que en cualquier caso no tiene sentido es imponer un “porcentaje uniforme” de uso del castellano, como ha hecho el TSJC. “Esto no se basa en ningún tipo de aportación que haya hecho la didáctica de la lengua ni ninguna teoría sobre el plurilingüismo”, argumenta.
De hecho, los docentes y los centros educativos alertan que cada vez se organizan menos por asignaturas formales, con lo que los porcentajes son difíciles de encajar. Ha sucedido de hecho en Canet, donde al ser un aula de Infantil no había materias troncales y se ha optado por hacerlo algunas tardes a la semana. Si hay que ser más flexible o reforzar alguna lengua, incluida el castellano o desde luego el inglés, Flors apuesta por potenciar el desarrollo de las competencias lingüísticas de forma simultánea. “En una misma actividad puedes combinar lenguas para desarrollar mejor las relaciones entre sistemas lingüísticos”, expresa. O sea, que si se está haciendo un proyecto se puede buscar la información en inglés o en castellano y hacer la exposición oral correspondiente en catalán.
El goteo del 25%
El futuro inmediato de la inmersión también se verá alterado por la sentencias judiciales que se vayan emitiendo a raíz de las peticiones individuales de bilingüismo de algunas familias. En los últimos diez años, estas resoluciones –unas 80, según Educación– se habían aplicado sin hacer ruido, pero no ha sido así en Canet de Mar. Con lo que existe la duda de si las siguientes seguirán despertando el mismo ruido mediático y político. En este frente concreto, el Departamento de Educación ha anunciado que contratará un docente extra para las aulas en las que recaigan estas sentencias, aunque no ha aclarado todavía si será para que uno haga la docencia en catalán y el otro en castellano.
Según la AEB, en las últimas semanas un total de 60 familias les han pedido la solicitud para reclamar más castellano (lo cual no significa que vayan a completar todo el proceso judicial). “Muchas veces cuando nos piden el formulario ya han hablado antes con las direcciones de los centros, para pedir que haya más castellano, y las respuestas que reciben a menudo son despectivas”, aseguraba este jueves Losada, que añadía: “Cuando toca llegar a los tribunales, algunas no siguen”.
La posición de estas familias contrarias a la inmersión tampoco es uniforme. Algunas defienden el bilingüismo en catalán y castellano, como la AEB, otras un trilingüismo oficial incluyendo el inglés, y las hay que apuestan por líneas separadas en catalán o castellano. Pero ahora mismo sus entidades están aglutinadas en la plataforma 'Escuela para todos', presentada este jueves, que se tiene como objetivo lograr el 25% en toda Catalunya.