El juzgado de instrucción 2 de Arenys de Mar (Barcelona) ha admitido a trámite este martes una querella de la Fiscalía contra cuatro concejales y el Jefe de la Policía Local de Pineda de Mar, acusados de coaccionar a la cadena hotelera Check-in para que expulsara a los agentes de la Policía Nacional que alojaron los días anteriores y posteriores al 1-O.
El fiscal contra los delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, sostiene en la querella trasladada al juez que la decisión adoptada por el gerente de Check-in de ordenar la el 3 de octubre la salida de los 496 policías que hospedaban se tomó por el “temor a posibles represalias” por parte del Ayuntamiento.
Los cuatro concejales acusados son Carme Aragonés, Jordi Masnou y Silvia Biosca, del PSC (el partido que gobierna la localidad), y Mónica Palacín, de ERC.
Según el relato del fiscal, los cuatro, junto con el Jefe de la Policía Local, se presentaron en el hotel la noche del 2 de octubre y exigieron primero al director y luego al gerente de la cadena que expulsara a los agentes, pese a que estos tenían contratada la estancia hasta el 5 de octubre. El concejal Masnou, asegura la acusación, habría llegado a amenazar con el cierre del hotel durante cinco años si no se atendía su petición, algo que desde el consistorio siempre han negado.
En el escrito remitido al juez, el fiscal también defiende que el comunicado conjunto emitido por el Ayuntamiento y la cadena hotelera, hecho público por el consistorio el 3 de octubre para negar las acusaciones de presiones, no obtuvo en realidad el visto bueno de la empresa. “Los dos representantes de la cadena al ver el texto se negaron rotundamente a firmarlo por no ser ciertas las manifestaciones contenidas en el mismo”, detalla el fiscal.
Los hechos investigados se enmarcan en las protestas vecinales que hubo en Pineda y otros municipios de Catalunya (Calella, Figueres, el Bruc) para exigir a los hoteles que alojaban a policías que los expulsaran tras su actuación el 1-O. La mayoría de las cadenas optaron por ordenar su salida.