El director de la oficina de Puigdemont alega que su imputación por Tsunami es “persecución política”

Primera respuesta procesal a la decisión del juez Manuel García Castellón de investigar por terrorismo a una decena de dirigentes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont y Marta Rovira. El director de la oficina del expresident, Josep Lluís Alay, ha alegado ante el juez de que su imputación por en la causa de Tsunami Democràtic en un juzgado de Barcelona, que ha derivado en terrorismo en la Audiencia Nacional, es un ejemplo de “persecución política” por su ideología independentista. 

En un escrito, la defensa de Alay, que ejerce el penalista Gonzalo Boye, ha solicitado al juez que le dé acceso al contenido de todo el sumario y que le notifique “todas las resoluciones dictadas hasta la fecha” en la causa con el objetivo de poder interponer los recursos que crea necesarios para poder defenderse. 

La petición de la defensa llega en paralelo a las conversaciones políticas entre Junts y el PSOE para rematar el acuerdo por la ley de amnistía, en que la mención a los procesos de 'lawfare' o “persecución política” que reclaman los posconvergentes es uno de los últimos flecos a desbloquear. 

Más allá de la petición concreta de acceso a todas las diligencias, el escrito de la defensa argumenta que la imputación inicial de Alay por su eventual relación con Tsunami, que decidió el juez de Barcelona Joaquín Aguirre en el caso Voloh antes de enviar la causa a Madrid, es un caso “evidente” de 'lawfare', esto es, un acción judicial emprendida como parte de una campaña en contra de un grupo de personas. 

La de Tsunami Democràtic era una de las patas del caso Voloh, la macrocausa que investiga el juez Aguirre y que versa sobre la eventual influencia rusa en los eventos de octubre de 2017, la financiación del procés y la corrupción más reciente de sus líderes en la sombra, como el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell. 

De las múltiples líneas de investigación abiertas por el juez Aguirre en Voloh, quedan vivas la de Tsunami en Madrid, y, en Barcelona, la de un presunto pelotazo urbanístico de Vendrell y otra que afecta a Alay, investigado por revelación de secretos por haber pedido presuntamente información reservada a un mosso d'esquadra, extremo negado por el jefe de la oficina de Puigdemont.

Alay terminó en la Audiencia Nacional porque el juez Aguirre derivó la parte del caso Voloh relativa a Tsunami Democràtic al tribunal especial en 2021. Salvo Rovira, Puigdemont y el periodista Jesús Rodríguez, el resto de investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional provienen del caso Voloh: se trata del editor Oriol Soler, el antiguo colaborador informático del expresident Jaume Cabaní, el empresario Josep Campmajor y Vendrell.

La Justicia tiene el foco en Alay desde hace años. En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. Fue exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, pero irá a juicio porque la Fiscalía lo acusa, en otra causa distinta a Voloh, de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó.

A juicio de la defensa, el caso Voloh es uno de los procedimientos penales, sancionadores administrativos o de derivación contable “cuya única razón de ser es en función de contra quién o quienes se dirigen”.

“Todos esos afectados -ahonda el escrito- tienen un único denominador común: ser identificados como independentistas catalanes o personas del entorno del independentismo o, incluso, hasta sus abogados”.

Por otro lado, la defensa también replica la intención que dejó entrever el juez este lunes en su auto para vía para impugnar una eventual ley de amnistía ante la Justicia europea al invocar una directiva de la Unión que establecería el compromiso de los Estados para luchar contra el terrorismo.

Recuerda la defensa que la propia Directiva de la Unión Europa contra el terrorismo “impide la banalización del término y la criminalización de conductas que no son más que el ejercicio y disfrute legítimo de los derechos y libertades reconocidos”.

Y advierte la defensa al magistrado de que, de no acceder a su petición de acceder a toda la causa, “se podría estar generando la falsa impresión de estar ante un procedimiento contrario al derecho de la Unión”.