“No hay privatización”, ha repetido en muchas ocasiones convencido el conseller de Salud Boi Ruiz. Lo hizo durante el último pleno de salud en el Parlament. Pero, ¿qué sistema sanitario hay en Catalunya? Las últimas semanas Catalunya Plural revelaba las derivaciones de pacientes del centro público Parc Taulí de Sabadell a centros privados de IDCsalud. ¿Dónde se enmarcan estas derivaciones?
El modelo sanitario catalán es mixto, esto quiere decir que integra dentro de una misma red de utilización pública, financiada con dinero público, centros de varias titularidades, algunos públicos y otros privados. Este modelo, llamado SISCAT (Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya), da servicio a todos aquellos ciudadanos que disponen de una tarjeta del CatSalut (el ente del Departamento de Salud que gestiona el sistema).
Dentro del SISCAT hay por un lado el ICS, que incluye los 8 grandes hospitales de Catalunya y que es de naturaleza, titularidad y gestión públicas. En el otro lado se incluyen el resto de entidades, entre las que se encuentran consorcios, empresas, sociedades mercantiles públicas, entidades benéficas sin ánimo de lucro y entidades privadas con ánimo de lucro.
Mientras el ICS, el único ente realmente público (regulación y gestión directa de la administración) controla el 77% de la actividad de atención primaria, sólo lo hace en el 25% de la gestión hospitalaria. Además, el resto de servicios, como los sociosanitarios, también son controlados por entidades no-ICS en su mayoría.
Esta confluencia entre centros de titularidad pública, otros privados y el permiso del CatSalut para que entre ellos firmen alianzas estratégicas o todo tipo de convenios, hace que cuando el conseller dice “no privatizamos” pueda parecer cierto, porque ya se ha incorporado el sector privado dentro del sistema público.
El Hospital Parc Taulí de Sabadell es de naturaleza jurídica pública, pero está constituido como consorcio con seis representantes de la Generalitat, dos del Ayuntamiento de Sabadell y uno de la Universidad Autónoma de Barcelona, todas instituciones públicas. Ahora bien, aunque un consorcio tenga una forma jurídica pública, no es garantía de que la gestión y los servicios sean 100% públicos, ya que los consorcios permiten, en muchos casos, la participación de empresas de titularidad privada, por lo que al final, el Departament considera que todos los centros están dentro de la red de utilización pública sin hacer diferencias entre si son con ánimo de lucro o no.
Así, mientras el Hospital Parc Taulí cierra camas como medida de ahorro por decisión del CatSalut, el mismo CatSalut potencia la derivación de pacientes del Taulí a la Clínica del Vallès y el Hospital General de Catalunya, dos hospitales privados de IDCsalud. Así desde 2010 el presupuesto público del Taulí ha caído un 12% pero la inversión del CatSalut en IDCsalud ha aumentado un 15%.
Como avanzaba Catalunya Plural, esta relación entre centros de titularidad pública y otros privados hace que se genere un marco de gestión confuso donde no queda claro qué tipo de legalidad debe aplicarse en cada caso. Cirujanos del Taulí denunciaron hace unos días que cuando son desplazados a centros privados tienen que utilizar el material que allí compran y que no pasa por concurso público.
Francesc Sancho, del Departament de Salut, decía a CatalunyaPlural que las derivaciones dependen del precio y que con este sistema se ahorra dinero. El mismo conseller ha repetido en varias ocasiones que es beneficioso para las arcas públicas porque estos centros privados ofrecen precios más bajos.
Pero ¿por qué son más baratos? Como explicaba Josep Martí, miembro de Marea Blanca y fundador del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), los precios se fijan en función de la complejidad del centro –servicios disponibles del hospital–, una complejidad inferior en los casos de los centros privados que no tienen unidades de cuidados intensivos o unidad de quemados, por ejemplo, porque no les sale rentable. Además, pueden ofrecer precios más bajos gracias, decía él, a comprar lo que tiene mejor de precio y a pagar peor a sus trabajadores. Se debe tener en cuenta también que, por ejemplo, en el caso de los pacientes del Taulí derivados, cuando se generan complicaciones se devuelven al hospital público con todos los gastos y molestias que ello conlleva, ya que el centro privado no tiene las herramientas o no ha sido contratado para hacer ciertas cosas.
Otras fallas del modelo han quedado evidenciadas con las irregularidades que se han dado en algunos centros, muchas denunciadas por el propio Síndic de Greuges, como las del consorcio del Taulí. En los últimos años hemos asistido a una continua publicación de casos de corrupción y puertas giratorias dentro del sistema sanitario catalán. Sin ir más lejos, el consejero de Sanidad catalán había sido presidente de la Unión Catalana de Hospitales, la gran patronal de la sanidad privada. El País informó de los contratos públicos que había firmado en 2012 el director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, con seis empresas en las que él era uno de los propietarios. Según estas informaciones, las empresas habían facturado 14 millones a las arcas públicas.
Más ejemplos. La directora ejecutiva del Taulí, como revelaba Catalunya Plural, había ocupado cargos de dirección en los dos centros de IDCsalud donde ahora se derivan los pacientes de Sabadell, Clínica del Vallès y Hospital General de Catalunya.
Uno de los casos de corrupción más alarmantes ha sido el de Innova que afecta sobre todo al Hospital de Reus. Una de las piezas del caso más conocidas es la compra de prótesis caducadas a la empresa Traiber, por la que dos consejeros del Ayuntamiento fueron imputados por maniobrar a favor de la empresa. Con todo, en el pleno sobre salud Artur Mas sacó pecho y apoyó el modelo diciendo que “funciona y funciona muy bien”.
Este modelo se inicia en 1981 con las transferencias autonómicas desde el Estado español, entonces un 10% de centros eran del Insalud (actual ICS) y el resto eran centros con conciertos con la Seguridad Social propiedad de instituciones diversas (ayuntamientos o diputaciones), grupos eclesiásticos o agentes privados
En 1990 con la aprobación de la LOSC (Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya) se consolida el sistema de provisión mixta y llega la creación del CatSalut. Un modelo promovido por el gobierno de aquel momento, CiU con Jordi Pujol al frente.
En 1995 la reforma de esta ley oficializó la introducción del ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública.
En 2010, con Marina Geli como consellera de Salut del tripartito, se crea el SISCAT que pretendía definir las relaciones entre los diversos proveedores del sistema público. Con el tripartito también se aprueban diferentes medidas, que según Ramón Serna, del sindicato CATAC-CTS-IAC, potencian aún más este sistema. En el libro “Por nuestra salud” explica que “la izquierda lejos de frenar el proceso de privatización está implementando formulas neoliberales que la derecha no se había atrevido a poner en práctica” y asegura que nadie ha podido demostrar que este modelo público-privado tenga una mayor eficiencia o rentabilidad del servicio que otro.
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