Después de ocupar una oficina de Endesa en Barcelona con cerca de 300 personas, la Alianza Contra la Pobreza Energética se ha reunido este jueves con la compañía para negociar medidas para proteger a las familias que no pueden hacer frente a sus facturas.
Tras el encuentro, la eléctrica se ha comprometido a adoptar una de las medidas que proponía la alianza: crear un canal de interlocución para dar respuesta rápida a las familias que se encuentran “en situación límite”. Eloi Badia, portavoz de la plataforma, explica que la compañía se ha comprometido a poner cinco puntos de atención para atender y analizar individualmente estos casos y darles respuesta.
No obstante, Badia remarca que “no solucionaremos el problema atendiendo caso por caso”. “El miércoles con la ocupación evidenciamos que ellos no tenían ningún mecanismo, que no sabían a quién estaban cortando la luz”, apunta. Por esto piden que Endesa establezca criterios para los cortes de suministros, como pedir el visto bueno de los servicios sociales.
La compañía, según explica Badia, no descartó contar con la administración en este proceso, y desde la alianza lo celebran. “Estamos muy contentos porque para algo que parecía tan difícil, ahora hay una puerta abierta, pero esto también evidencia que el servicio no da garantías”, asegura.
La alianza, sin embargo, insiste en que no aflojará. “El día 1 de abril [cuando se levante la moratoria que estableció el gobierno], seguirá habiendo cortes”, recuerda, y añade que esta compañía no es su único objetivo. “El problema de las familias son los tres suministros, luz, agua y gas, junto con las hipotecas”, explica.