Vicenç Gavaldà Casat ha entrado en la cárcel de Brians de Barcelona esta mañana. Será el único excargo de Unió Democràtica que lo haga por el llamado caso Pallerols, el fraude de al menos 388.000 euros de fondos de la UE que debían servir para formar parados y que en realidad fueron a parar a manos privadas y al partido político que gestionaba estos fondos, UDC. El fraude se produjo durante los noventa -a partir de 1994- y el escándalo se destapó a finales de ese decenio. La instrucción duró más de una década y hasta a se llegó a archivar, y al final para evitar el juicio los imputados aceptaron la culpa con una rebaja de penas mientras UDC aceptaba la responsabilidad civil subsidiaria, y por tanto, una condena, que traducida en dinero suponía la devolución de los 388.000 euros a la Generalitat.
Cuando el fraude se empezó a producir, Gavaldà era el secretario de organización de UDC, y por lo tanto tuvo tratos con el empresario andorrano Fidel Pallerols, propietario de un grupo de academias que simulaban cursos para cobrar las ayudas públicas. Siempre dijo que obedecía órdenes, y nunca se buscó quién las daba. Pallerols es el otro condenado a quien le espera una corta temporada de reclusión. Queda por saber qué pasa con Lluís Gavaldà, el ex director general de Empleo y hermano de Vicente, aún pendiente de la resolución sobre su indulto.
El pacto entre las partes para evitar la vista oral no se sabe quien lo inició, pero sí que los letrados de UDC fueron los que más esfuerzos dedicaron a que llegara a buen puerto, a pesar de que durante los más de diez años de accidentada instrucción el partido de Duran consiguió no aparecer nunca como parte en el proceso. Pero se preveía una vista oral de muchos días y quizás con sorpresas, y había pasado mucho tiempo, o sea que al final todos convinieron que lo mejor era llegar a un acuerdo, con la idea de que aceptando una pena inferior a dos años tanto Gavaldà como Pallerols evitarían la cárcel.
La Audiencia de Barcelona, sin embargo, no quiso entrar en el juego, y de forma inesperada en abril del año pasado emitió un auto ordenando el ingreso a la cárcel de los condenados con penas de prisión, aunque la condena fuera inferior a dos años y no tuvieran antecedentes. Incluso Josep Antoni Duran declaró entonces que la decisión de la Sala le parecía “sorprendente”. La petición de indulto, denegada por el Gobierno, sólo ha conseguido retrasar un año más aquella orden judicial.
Vicenç Gavaldà afronta, pues, una pena de siete meses de prisión, que es lo que aceptó para no ir a un juicio para el que llevaba muchos años preparándose. La petición inicial era de 11 años, más adelante rebajada, o sea que su principal motivación a la hora de aceptar el pacto fue poner fin a quince años de calvario. Según las fuentes consultadas, Gavaldà no debería tardar mucho en obtener el tercer grado y, seguramente tampoco llegue a cumplir los siete meses de privación de libertad, ya que la pena es pequeña, no tiene antecedentes y el dinero lo ha devuelto.