El funcionario imputado junto a Borràs por fraccionar contratos pide al juez volver a declarar

El nuevo procesamiento de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la causa de los contratos fraccionados cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) no será inmediato. El trabajador público de la ILC imputado por beneficiar a un amigo de Borràs en las contrataciones de la entidad cultural ha pedido al juez volver a declarar, comparecencia que el magistrado ha acordado para el próximo 24 de mayo.

En una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Jordi Seguí acuerda la declaración del empleado público Roger E.P., quien ha cambiado recientemente de abogado. A petición de la defensa, el instructor ha acordado para el mismo día la comparecencia como testigo de Joan M., jefe de contratación del departamento de Cultura. Fuentes jurídicas han evitado avanzar si el funcionario señalará a Borràs, complicando así el futuro judicial de la presidenta del Parlament.

El juez Seguí revocó el procesamiento por corrupción de Borràs y los otros tres investigados del caso para no vulnerar su derecho a la defensa, y pidió a acusaciones y defensas que propusieran nuevas pruebas. La defensa del funcionario ha pedido su declaración y la del jefe de contratación de Cultura al entenderlas “necesarias para poder valorar adecuadamente” la conducta de Roger E. P. antes de que el juez decida si vuelve a procesarlo.

Las declaraciones del investigado y el testigo vuelven a poner el foco en Borràs, que se encuentra inmersa en la carrera para comandar Junts per Catalunya tras la renuncia de Jordi Sànchez y Carles Puigdemont a la secretaría general y la presidencia del partido, respectivamente. La recta final de la instrucción del caso correrá en paralelo a las negociaciones entre Borràs y el otro aspirante para tomar el mando de Junts, el exconseller Jordi Turull, antes del congreso que celebrará la formación a partir del 4 de junio en Argelers (Francia), donde se escogerá a los futuros dirigentes del partido.

En paralelo a la disputa orgánica, Borràs también afronta el jaque a su carrera política que supondría la apertura de juicio oral contra ella por corrupción. Esta fase procesal todavía no ha llegado; antes el juez tiene que procesarla y la Fiscalía presentar escrito de acusación. El reglamento del Parlament obliga a cualquier diputado a abandonar el acta cuando se le abre juicio oral por corrupción. Consciente de que su futuro judicial es una espada de Damocles, Borràs promueve desde hace meses una reforma del reglamento del Parlament para blindarse en el cargo al menos hasta que el caso tenga sentencia, no antes del juicio.

Los letrados del Parlament avalan la posición de Borràs, ya que desde una perspectiva jurídica y garantista creen que privar a un diputado de su condición sin sentencia firme no respeta la presunción de inocencia. Toda la oposición reclama que Borràs deje el cargo una vez se la envíe a juicio, mientras que ERC y la CUP todavía no han hecho público su criterio.

El auto que revocó el procesamiento de Borràs por prevaricación, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y malversación contenía una suerte de invitación del juez para que la presidenta del Parlament pidiera volver a declarar. Borràs lo ha descartado, al contrario que el funcionario investigado en el caso de corrupción en la ILC. Según el magistrado, el funcionario participó mediante su “cooperación consciente” en el presunto fraude urdido por Borràs y su amigo para fraccionar contratos que beneficiaran a Isaías H.

Los correos del funcionario

Durante el periodo en que se habría cometido el fraude, el funcionario fue técnico del área de gestión administrativa de la ILC “sin funciones en el área de contratación”, recalca el juez. En 2016 ascendió a responsable de gestión administrativa de la institución cultural. Al igual que Borràs, los indicios contra el funcionario se basan en los correos electrónicos incautados por los Mossos d'Esquadra por orden judicial.

Del funcionario hablaron Isaías H. y Borràs en junio de 2014, en pleno proceso de adjudicación de varios de los contratos investigados. Isaías H. preguntaba a su amiga Laura Borràs si podía contactar con el funcionario “para aclarar dudas sobre presupuestos y facturación”, a lo que la ahora presidenta del Parlament respondió afirmativamente. “Él [en referencia a Roger E. P.] está al corriente de todo, conoce toda la situación”, indicó Borràs, pese a que el juez recalca que por entonces el funcionario no tenía función alguna en los procesos de contratación de la ILC.

La dedicación del funcionario llegó al punto de escribir a Isaías H. en noviembre de 2016 para hacerle notar que debería de “rectificar” las fechas de los presupuestos que le había enviado para que fueran anteriores al mes de octubre, la fecha de adjudicación de los últimos contratos otorgados al amigo de Borràs.

En un correo electrónico de noviembre de 2013, Roger E. P. pidió a Isaías H. que escaneara un documento a nombre de una de las cooperativas a las que la ILC concedió uno de los contratos. En otra comunicación con Isaías H. tres años después relatada por el juez, Roger E.P. adjuntó al amigo de Borràs los datos del contrato adjudicado a una de las beneficiarias de la ILC el mes anterior, en octubre de 2016.

El funcionario también escribió a Borràs en junio de 2014 para indicarle que era necesario “desglosar los conceptos” de cuatro de los contratos bajo sospecha y le precisó que cada uno de ellos debía hacerse “con un proveedor diferente y sin exceder de los 18.000 euros”, al tiempo que advirtió de que “de cara al ejercicio presupuestario de 2015, por indicación de la Intervención, se tendrá que hacer un contrato negociado” con todo lo que no estuviera incluido en los otros expedientes.

En el mismo correo, el funcionario preguntó si el contrato que facturaría “la cooperativa” [presuntamente, la de Isaías H.] sería el de mayor importe dentro del límite de 18.000 euros para adjudicar contratos a dedo. Pero el juez ha descubierto que en junio de 2014 “todavía no se habían presentado las ofertas” para el contrato investigado, que finalmente se adjudicó en julio.

Por último, el juez expone que en la entrada y registro en la ILC que realizaron los Mossos en 2018, el funcionario no libró a la policía judicial los expedientes de dos de los contratos, que tuvieron que ser reclamados y entregados por los nuevos responsables de la institución en abril de 2019.

Faltan páginas impares de un informe

Antes de volver a dictar el auto de procesamiento, el juez oirá al investigado y al testigo, pero también deberá recibir documentos y pruebas del caso que se han quedado incompletas durante el viaje de la causa desde un juzgado de Barcelona hasta el Supremo y luego al TSJC. Según constata el juez en su resolución, el Supremo trasladó a las partes el informe de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya que constató las irregularidades en la ILC solo en sus páginas pares, por lo que pide al Alto Tribunal su remisión completa.

También constata el juez que no constan en las actuaciones remitidas desde el Alto Tribunal los vídeos de dos declaraciones de testigos, que ahora el magistrado pide al Supremo. A petición de la Fiscalía, el juez también ha solicitado a la Guardia Civil que aporte el clonado de tres aparatos electrónicos intervenidos a Isaías H., entre otras diligencias.