Gobierno y Generalitat reactivan el diálogo con el catalán y la desjudicialización sobre la mesa

Para el Gobierno la mesa de diálogo va sobre lo que ha denominado la ‘agenda del reencuentro’ y, para la Generalitat, del referéndum y la amnistía. Pero ambas partes han asumido que tienen que ir sembrando pequeños acuerdos –que hasta ahora han pasado básicamente por establecer normas de funcionamiento al propio organismo que no se reúne desde el pasado mes de septiembre– y olvidarse de las posiciones maximalistas, al menos por ahora. 

Moncloa se da con un canto en los dientes con lo que considera una “normalización” de la situación en Catalunya y resta importancia al impacto real que la reunión de la mesa de diálogo puede tener. Por eso las expectativas de Gobierno y Generalitat ante la cita de este miércoles son distintas. Lo que han dejado claro en el equipo de Pedro Sánchez es que “si la mesa se reúne es para llegar a acuerdos y no para mostrar desacuerdos”. 

Fuentes gubernamentales minimizan el entendimiento que puede salir del encuentro en la sede del Ministerio de la Presidencia en el complejo de la Moncloa y apuntan a un documento, trabajado previamente, en el que se hará una mención al tema del catalán, pero sin entrar en la polémica sentencia que obliga al Govern a que un 25% de las clases sean en castellano. 

Sin embargo, la Generalitat pone el foco en la llamada “desjudicialización”, es decir, medidas de cualquier tipo que saquen de los juzgados el conflicto político y que es en lo que hasta ahora ven más frutos. El ejemplo más claro hasta el momento son los indultos que se concedieron a los líderes del procés hace ya trece meses y cuyo trance en el Gobierno dan ya por amortizado. 

La intención de los consellers de ERC que este miércoles se volverán a sentar frente a frente con cuatro ministros es pactar una agenda de reformas legales que alivie los aspectos más duros de las causas penales abiertas contra independentistas, aunque aún está por ver el alcance de estos cambios. Por el momento, lo que se espera es un documento conjunto que dé continuidad al anterior y que manifieste, de forma cada vez más clara, la necesidad de que los asuntos políticos no acaben siendo despachados al carril judicial. Lo que no se espera, sin embargo, son acuerdos concretos sobre las ansiadas reformas legislativas, que deberán concretarse más adelante.

El precedente inmediato de la reunión de este miércoles en la Moncloa es el rosario de contactos que han mantenido a solas los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès pero, sobre todo, el ministro Félix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà, que se han visto en hasta tres ocasiones desde abril. La última vez que lo hicieron, el pasado 8 de julio, salieron con un documento que aspira a asentar los principios y condiciones de la negociación, y que de forma clara apunta a la desjudicialización como primer peldaño de la confianza.

Respecto al catalán en la escuela, para la Generalitat no deja de ser un aspecto más de la judicialización, después de un curso en el que uno de los temas candentes han sido las sentencias del Tribunal Superior de Justicia para ir poniendo coto a la inmersión. Finalmente, el Govern y el Parlament han frenado la ofensiva judicial con reformas legales de calado que, en los aspectos centrales, han contando con el apoyo del PSC. Sin embargo, estos cambios aún deben pasar el filtro del Constitucional y es ahí donde un acuerdo político con el Gobierno puede ayudar más, consideran en el Govern.

La aspiración de un horizonte de reformas legales

Los republicanos aspiran a ir construyendo toda una agenda de reformas legales a lo largo de los próximos meses y antes de acabar la legislatura. Una lista en la que figura la reforma de los delitos de rebelión y sedición. Sin embargo, el Gobierno ya ha rechazado públicamente su pretensión de abordar ese cambio en la legislación penal que han defendido prácticamente desde la llegada de Sánchez al poder bajo el argumento de que quieren que en una reforma de ese calado esté el PP. “El Gobierno valora positivamente que nuestro país se pudiera acercar a las modificaciones que se han hecho en otros países de nuestro entorno, pero somos conscientes de la dificultad de las mayorías parlamentarias”, zanjó la portavoz, Isabel Rodríguez, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

El Govern quiere abordar también otros aspectos menos conocidos del Código Penal, como los delitos de desórdenes públicos, la malversación cuando no haya un perjuicio a los fondos públicos o incluso algunos tipos de desobediencia. ERC también tiene la llamada ley mordaza en su punto de mira, así como la reforma de la ley del Tribunal Constitucional criticada por la Comisión de Venecia, o la propia LOREG, en el artículo que permite suspender a diputados condenados antes de que haya una sentencia firme. Todo lo anterior es relativo a las causas penales, pero el independentismo también ha sufrido las andanadas del Tribunal de Cuentas. 

La lista de deseos es larga pero desde el Govern no aspiran a salir de la reunión de este miércoles con acuerdos concretos, sino más bien con un documento con dos partes, una más centrada en el catalán y otra en la desjudicialización. Quedará para más adelante el acuerdo que suponga la primera victoria confesable –los indultos no lo son– de ERC en la mesa de diálogo. Hay que tener en cuenta que las modificaciones del Código Penal tienen aplicación retroactiva si son beneficiosas para el reo, por lo que algunos de estos cambios podrían ser beneficiosos para personas ya condenadas, para otras que están a la espera de juicio e incluso dar un vuelco a situaciones de políticos que aún están fuera de España.

Los republicanos creen que entre este verano y con la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado tienen una oportunidad, quizás la última, para conseguir mover al Gobierno. Una situación que el partido de ERC quiere aprovechar incluso aunque ello suponga pasar página del caso de espionaje político con el software Pegasus por el que Pere Aragonès anunció que congelaba las relaciones. En el Gobierno ponen en valor que la situación en Catalunya no tiene nada que ver con la de los años 2017 y 2019 y confían en contar con los republicanos para las que serán las últimas cuentas públicas de Sánchez. De hecho, recuerdan que se ha pactado con ellos previamente la flexibilización para las comunidades que refleja el techo de gasto aprobado este martes por el Consejo de Ministros.