La Generalitat de Catalunya pide seis y tres meses de cárcel respectivamente a dos jóvenes a los que acusa de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad en las protestas por la sentencia del procés pese al anuncio de la retirada de acusaciones por estos delitos a activistas independentistas. Los servicios jurídicos del Govern además se opusieron a la petición de la defensa de los dos jóvenes para llevar también a juicio a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra por agredirles en su detención, solicitud que sí ha aceptado la Audiencia de Barcelona.
El escrito de acusación de la Generalitat, al que ha tenido elDiario.es, se presentó ante el juzgado el pasado mes de diciembre, un mes después de que el conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper, anunciara en el Parlament que los servicios jurídicos del Govern dejarían de acusar por atentado a la autoridad o desobediencia en causas por disturbios como los que hubo tras la condena a la cúpula del procés, limitando su acción penal al delito de lesiones cuando hubiera mossos d'esquadra heridos.
En el caso concreto de los dos jóvenes acusados, el escrito de acusación del Govern reconoce, de hecho, que ninguno de los agentes involucrados sufrió lesiones debido a las “protecciones” de sus uniformes. No obstante, el abogado de la conselleria de Interior acusa de atentado a los agentes de la autoridad a uno de los jóvenes por lanzar a un agente “sendas botellas de cristal” para evitar su detención. Al segundo lo acusa de resistencia a los agentes por dirigir “patadas” y “puñetazos”, que no precisa, con la intención de “obstaculizar” su arresto.
Además, la Generalitat también acusa a los dos jóvenes de delitos leves de maltrato de obra y daños en una furgoneta policial –valorados en 45 euros– por los objetos que habrían lanzado a una entrada del metro y al mencionado furgón en la zona del Passeig de Gràcia la noche del 18 de octubre de 2019. Por ambos delitos reclama una multa de 1.560 euros.
Las acusaciones de la Generalitat contra independentistas vienen generando discrepancias entre las formaciones soberanistas, en especial entre la CUP, que exige la retirada del Govern de todas las causas, y Junts. En los últimos meses del Govern de Quim Torra, la Generalitat se vio obligada a retirar acusaciones de varias causas contra independentistas. En algunos casos sus peticiones de pena llegaban a igualar o superar las de la Fiscalía, lo que evidenció las contracciones de un Ejecutivo que animaba a los soberanistas a salir a la calle contra la sentencia del procés, cuestionaba incluso la actuación de los Mossos y luego reclamaba penas de cárcel a los manifestantes.
Tal fue la polémica que el pasado mes de noviembre Sàmper admitió que no parecía “lo más normal” que el Govern acusara por atentado a la autoridad. Sàmper agregó que en los casos en que los servicios jurídicos de la Generalitat tuvieran que actuar –porque están obligados a ello legalmente– para defender a funcionarios, como los Mossos d'Esquadra heridos en disturbios, rebajarían la petición punitiva hasta el máximo a lo que están autorizados: el delito de lesiones, descartando los de atentado o resistencia a la autoridad.
La cuestión también ha formado parte de las negociaciones para formar Govern entre Junts y ERC. El pacto conocido este lunes entre las dos formaciones estipula contempla una “modificación legislativa para garantizar” que la Generalitat no participa en acusaciones particulares contra manifestantes, excepto los casos donde haya lesiones a agentes acreditadas con certificado médico. En consecuencia de este acuerdo, la acusación contra los dos jóvenes debería retirarse.
Aunque la Generalitat se terminara retirando, todavía pesaría contra los dos jóvenes una petición de pena hasta nueve años y seis meses de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños. Se trata de una petición muy elevada, en línea con todas las que presenta la Fiscalía contra acusados por las protestas contra la sentencia del procés y que ya ha provocado que en algunos casos los acusados terminen pactando una pena que no implique su entrada en prisión a cambio de admitir los delitos.
Cuatro mossos, también al banquillo
Los dos jóvenes acusados por la Generalitat y Fiscalía no serán los únicos que se sentarán en el banquillo. La Audiencia de Barcelona ha dejado sin efecto el archivo de la causa acordado por la jueza instructora respecto a los cuatro agentes acusados de lesiones por los dos manifestantes detenidos. En un auto, los magistrados apuntan a que los hechos denunciados por los manifestantes podrían ser constitutivos de delitos de lesiones, contra la integridad moral o vulneración de garantías inherentes a su detención, habida cuenta de la “persistencia” de indicios contra los agentes.
“Ninguno de los agentes presentó lesiones”, recuerdan los magistrados de la sección 5a. Lo contrario ocurrió con los dos jóvenes: los informes del ambulatorio donde fueron atendidos de urgencia tras su detención y de los médicos forenses reportan, según los magistrados, “un nada desdeñable listado de lesiones múltiples” en la cara y el cuerpo que requirieron de diez y siete días en curar. Los jóvenes, representados por el letrado Eduardo Cáliz, acusan a los agentes de agredirles, mientras que los mossos aseguran que fueron lesiones producidas por la resistencia a su detención y a que “cayeron debajo de un andamio”.
La Audiencia también destaca que las versiones de los mossos d'esquadra sobre los lanzamientos que presuntamente cometieron los dos acusados son “contradictorias”. En primer lugar, porque a lo largo de la instrucción del caso agentes y jueza han identificado indistintamente a los dos jóvenes como el acusado que llevaba un chaleco amarillo. Agregan los jueces que inicialmente se imputaba a los acusados tanto el lanzamiento de objetos por la tarde a los furgones como a la policía, para luego limitarlo al furgón, y que primero los mossos que practicaron la detención aseguraron que fueron avisados por parte de agentes de paisano de los lanzamientos para luego “omitir este hecho”.
También hay “contradicciones”, resaltan los togados, sobre cuál de los dos acusados lanzó botellas al furgón. “Las contradicciones no son anodinas”, resuelve la Sala, que en cambio destaca que “no pueden discutirse” los partes médicos que describen las lesiones sufridas por los dos jóvenes. La versión de los jóvenes es que las lesiones no fueron producto ni de caer de un andamio ni de resistirse a su detención, sino de porrazos propinados por los mossos al grito de “a por ellos”. Los cuatro agentes se convertirán así en el segundo grupo de mossos que se sienta en el banquillo por su actuación en las protestas contra la sentencia del procés. El primero fue absuelto.