Retrasos generalizados, problemas de organización y la suspensión de una de las pruebas durante las oposiciones celebradas este sábado en Catalunya. Los sindicatos y algunos de los 13.581 aspirantes tacharon la jornada de “caos” y obligaron a reaccionar a la Generalitat, que reconoció incidencias “muy graves” y culpó a la empresa encargada de gestionarlas. Esta era la primera vez en la historia que se subcontrataba a una empresa privada este proceso.
Un total de 13.581 trabajadores de la Generalitat estaban convocados este sábado a las pruebas, con un total de 1.825 plazas. Las pruebas se realizaron de forma descentralizada: 9.147 personas estaban convocadas en Barcelona, en la Universitat Pompeu Fabra (UPF); 1.246, en Girona; 1.634, en Lleida y 1.554, en Tarragona. Las plazas a las que se presentan son 1.534 puestos de trabajo de personal funcionario –que incluyen personal de administración y servicios, personal de ejecución penal, cuerpo de agentes rurales o cuerpo de abogacía–, más 291 puestos de personal laboral transversal .
La Generalitat ha señalado a la empresa contratada para llevar a cabo las oposiciones por las diversas irregularidades que se han admitido, como retrasos de varias horas, cancelación de exámenes y violaciones del anonimato de las pruebas. En declaraciones a la prensa, la secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Correa, se disculpó con los examinandos y abrió la puerta a repetir algunas de las pruebas. Sin embargo, lo ha condicionado a las conclusiones del informe interno que han encargado para saber qué ha fallado. “Estamos a la espera del informe jurídico, que nos indique si existe alguna vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad, y de analizar las situaciones más personales”, ha dicho.
Correa explicó que es la primera vez que la Generalitat externaliza estas pruebas e indicó que habrá que realizar “una valoración jurídica de las responsabilidades contractuales” por si la empresa, Cegos, ha cometido “un incumplimiento muy grave y negligente de las cláusulas esenciales de esta contratación”. Si es así, advirtió, deberá afrontar “la reparación de los posibles perjuicios ocasionados”.
Sin embargo, ha justificado la apuesta por la externalización por el “volumen muy importante” de candidatos, más de 13.000, y la falta de personal de Función Pública. “Contratar a una empresa es para ayudar a llevar el proceso. En ningún caso pensábamos que surgiría un incumplimiento y por eso somos tan contundentes”, ha resumido.
Por el momento, el Govern está recabando información pero ya avanza que “las incidencias, como parece a priori, pueden ser imputables a la empresa contratista”, a la que acusa de generar incluso “sufrimiento en algunas personas opositoras”. “No podemos tolerar la situación”, añadió.
Antes de ver cómo se hacen las pruebas que han quedado pendientes o si se repiten –la de los educadores sociales se ha llegado a suspender–, ha aseverado que la Generalitat contactará con los representantes sindicales para “trabajar en una solución lo antes posible”. La respuesta a los afectados “será inmediata”, ha garantizado, así como la exigencia de responsabilidad en la empresa.
Sindicatos y aspirantes en el concurso de oposición, que era sobre todo de estabilización, denunciaron a lo largo de la jornada el “caos” en las pruebas. CGT criticó su “mala gestión” e IAC-CATAC hablaba de “desorganización” e “incompetencia”. Fuentes del sindicato indicaron a ACN que esto se ha traducido en retrasos generalizados a la hora de empezar los exámenes o en malas condiciones para hacerlos, con los opositores apretados. Además, explicaban, el examen de los educadores sociales terminó suspendiéndose a primera hora de la tarde después de toda la mañana de incertidumbre por un problema a la hora de repartir los modelos.
PSC y Junts piden más explicaciones
El PSC-Units anunció el mismo sábado que pedirá explicaciones al Parlament por “la falta de previsión y la incapacidad de organización” de las pruebas. La portavoz del grupo socialista, Alícia Romero, consideró “inadmisible lo ocurrido” durante el proceso para estabilizar los trabajadores e interinos de la Generalitat.
Romero reprochó la “previsión y capacidad de organización cero por parte del Govern” y le exigió que pida disculpas “por el caos vivido en Barcelona”. “Las personas que hoy se jugaban obtener una plaza estable de trabajo merecen un trato mucho mejor. Lo de hoy no debe volver a ocurrir”, ha añadido la diputada.
Junts per Catalunya (JxCat), por su parte, registrará una petición de comparecencia de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, para que dé explicaciones por el “desbarajuste y la mala gestión de las pruebas de oposición por ser funcionario de la Generalitat”, según ha asegurado en un comunicado la portavoz del grupo parlamentario Mònica Sales, que acusó al Govern de “centrifugar responsabilidades culpando a la empresa subcontratada”.
Sales ha defendido que es el Ejecutivo que debe “supervisar el proceso para garantizar su correcto funcionamiento”. “Se está institucionalizando la incompetencia”, aseveró. Además de pedir la comparecencia de Vilagrà, JxCat también registrará preguntas parlamentarias para esclarecer los hechos y que “se asuman responsabilidades”.