Alud de licencias de inmobiliarias en Barcelona para esquivar la obligación de reservar un 30% de pisos sociales
Las promotoras inmobiliarias no quieren cumplir con la reserva del 30% de nuevas viviendas para uso protegido, una medida aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona y que está a la espera de validación del Govern. Entre junio y septiembre de este año se han triplicado respecto al mismo período de 2017 las solicitudes y concesiones de certificados de aprovechamiento urbanístico, la herramienta legal que les permitirá esquivar la normativa una vez haya entrado en vigor.
En estos tres meses –desde la aprobación inicial de medida hasta la validación definitiva– se han registrado 591 certificados de este tipo, casi el triple de los 206 que el Ayuntamiento dispensó en el mismo tiempo el año pasado, según ha adelantado la Cadena Ser. “El sector privado no está acostumbrado a que le pongan límites y ahora les estamos corresponsabilizando, pero hay intereses que se resisten”, ha manifestado este lunes la alcaldesa Ada Colau.
Pese a que ya está aprobada por el Plenario Municipal del Ayuntamiento de Barcelona (con votos de BComú, PSC, ERC, PDeCAT y CUP), la normativa no está todavía en vigor en la ciudad porque debe darle el visto bueno la Generalitat, al tratarse de una modificación del Plan General Metropolitano (PGM). Para este viernes está prevista la reunión de la Subcomisión de Urbanismo que debe hacerlo, integrada por el consistorio y la conselleria de Territorio, aunque podrían necesitar más de un encuentro.
Antes de llegar a este punto, sin embargo, las promotoras se han afanado a blindarse para no tener que destinar el 30% de los pisos de nueva construcción a uso protegido. La avalancha no ha sido casual. Una circular difundida por la Asociación de Promotores y Constructores de España (ACPE) animó a sus afiliados a solicitar tanto el certificado de aprovechamiento urbanístico como las licencias de obras para “salvaguardar el derecho vigente”.
El certificado de aprovechamiento es un documento que solicita el propietario de una finca para transmitir al Ayuntamiento sus intenciones, en este caso edificar. Esto les da un plazo de seis meses para llevar a cabo la actuación, siempre con la base legal del momento en que se pidió el certificado. Aun así, no significa que vayan a construir finalmente, aunque se da por descontado que sí permitirá esquivar la obligación del 30% de vivienda social en las nuevas promociones.
Y es que la construcción definitiva no se autoriza hasta que se concede la licencia de obras mayores, un trámite que no ha registrado variaciones al alza respecto al año pasado, según han informado fuentes municipales a este diario.
¿Qué explica que se hayan disparado los certificados de aprovechamiento y no las licencias de obras? La lectura que hace el consistorio es que al pedir los certificados, los promotores se curan en salud, es decir, ganan tiempo para decidir si edificarán o no en las condiciones actuales. Además, el consistorio calcula que algunos promotores han hecho el trámite por si acaso, incluso si las fincas donde tienen previsto construir se mantienen abandonadas desde hace años.
Con esta medida, que parte de las entidades por el derecho a la vivienda y que otros municipios del área metropolitana ya están estudiando, los promotores estarán obligados a reservar esta 'cuota social' en todos inmuebles que estrenen de más de 600 m2, tanto en nueva construcción como en grandes rehabilitaciones o en cambios de uso de edificios. Por su lado, los promotores han arremetido contra el plan del Ayuntamiento y presentarán batalla judicial para tumbarlo.
En principio, los nuevos pisos sociales se venderán a precio de Vivienda de Protección Oficial (VPO), aunque el Ayuntamiento tendrá derecho de tanteo y retracto para adquirirlos para destinarlos a ampliar el parque de alquiler público de la ciudad. El consistorio calcula que se ganarán entre 300 y 400 viviendas a precio asequible cada año, aunque en los primeros quizás la medida se verá diluida por la alud previa de solicitudes. De hecho, Colau ha admitido que el plan no proporcionará “una solución de forma inmediata”, pero que “ha venido para quedarse”.
Colau carga contra la oposición
Si al final la mayoría de inmobiliarias consiguen esquivar la medida a corto plazo, Colau ya tiene un responsable: la oposición. En los días de junio en que se debatió la propuesta en el consistorio, PSC y ERC se mostraron favorables al proyecto pero siempre que se retirara la moratoria de licencias que preveían los de BComú. Veían inseguridad jurídica en la idea de Colau de denegar solicitudes que no aceptaran cumplir con el 30% ya desde la aprobación inicial del plan, para cerrar una posible ventana de oportunidad para las inmobiliarias.
Finalmente el partido de gobierno aceptó la exigencia de PSC y ERC para sumar sus apoyos al plan, que finalmente ha recibido también el de PDeCAT y CUP. “Esto se habría evitado si se hubiera incorporado la suspensión de licencias en la aprobación inicial”, ha expresado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz.
