Inquilinos a la carga contra el cobro ilegal de honorarios: “Está claro que las leyes no bastan”

Júlia Martínez llegó a su nuevo piso hace unos tres años. Todo parecía bien: iba a pagar poco más de 800 euros de alquiler en un contrato de cinco años. Pero justo antes de firmar se le informó de que tenía que abonar 1.400 euros de honorarios para la administradora de la finca. Ella sabía que poco antes había entrado en vigor el Real Decreto 7/2019, que decreta que los honorarios los debe pagar la propiedad. Pero si no acataba, el contrato se no se cerraba. “Ya tenía la mudanza a medias, ¿qué iba a hacer?”, se pregunta.

Júlia firmó, aunque no se dio por vencida. En seguida se dirigió al Sindicato de Inquilinas de Barcelona y no tardó mucho en saber que no era la única. Descubrió que su finca es una propiedad vertical –todos los pisos pertenecen al mismo dueño– y que a todas sus vecinas les habían cobrado honorarios en contra de lo que dicta la ley. Desde ahí, fueron tirando del hilo. Un hilo que resultó ser una madeja formada por un “entramado de empresas” que ejercen de propietarias y que pertenecen a la misma familia: Monleon-Pagès. Y con todas las fincas gestionadas por la misma gestoría: Rentaz.

Después de meses de investigación y de trabajo puerta a puerta, descubrieron más de 50 fincas en esa situación, todas en Barcelona. Denuncian que el cobro de honorarios es una “estafa” se acerca al medio millón de euros si se suman todos los afectados. “Y eso sólo con los casos que conocemos”, alertan desde el Sindicato. Supieron, asimismo, que además del cobro ilegal de honorarios –tanto en firmas de nuevos contratos como en renovaciones–, la empresa les hacía pagar gastos de limpieza en muchas fincas en las que nadie iba a limpiar y que muchos edificios y viviendas tenían deficiencias y desperfectos que “se alejan de las condiciones de habitabilidad que estipula la ley”, apuntan desde el Sindicato.

Ante estos abusos, consiguieron movilizar a centenares de vecinos y realizaron acciones frente a la sede de la empresa hasta que empezaron a reunirse con ellos. Durante dos meses, inquilinos, empresa y el Sindicato de Inquilinas estuvieron inmersos en negociaciones para llegar a un acuerdo que compensara a los afectados. Y lo consiguieron.

Denuncian el incumplimiento

El pacto, en el que la empresa reconoce que ha cobrado honorarios aunque la ley lo prohíbe, estipula que Rentaz deberá reembolsar los honorarios correspondientes a todos los contratos firmados desde la aprobación del Decreto Ley. La empresa también se comprometió a prestar servicio de limpieza, a resolver las deficiencias de las fincas y a dejar por escrito el estado del piso en el momento de la firma del contrato para facilitar el retorno de la fianza.

La empresa incluso aceptó a engrosar la caja de resistencia del Sindicato de Inquilinas con 50.000 euros en concepto de 'comisión de negociación'. “Es un cobro muy común entre los sindicatos que participan en negociaciones colectivas”, asegura Carme Arcarazo, portavoz del colectivo. “Fue un acuerdo histórico, una victoria en toda regla como nunca antes se había visto en el sindicalismo de vivienda”, asegura.

Todo ello a cambio de que el Sindicato se comprometiera a dejar de movilizarse, a no interponer ninguna demanda, a no hacer público el nombre de la propiedad, y a mantener el acuerdo sujeto a una cláusula de confidencialidad. Entonces, ¿por qué conocemos el nombre de la familia Monleon-Pagès y los detalles del pacto? “Básicamente porque la empresa ha incumplido su parte”, resumen desde el Sindicato.

El acuerdo establecía que la propiedad debía enviar una comunicación a todas las personas que habían firmado un contrato con ellos desde la aprobación del Real Decreto. Luego, estas debían enviar una documentación y, a partir de ahí, el dinero se les había de devolver en un plazo de 60 días naturales. “Pero enseguida vimos que no iban a cumplir”, explica Anna Vallejo, miembro del equipo legal del Sindicato y participante en las negociaciones.

Desde este colectivo denuncian que hay personas que ni siquiera han recibido la comunicación en que la propiedad les informa que tienen derecho a recuperar su dinero. Y, de las que sí han sido avisadas, pocas han acabado recuperando el dinero. De hecho, el Sindicat estima que sólo el 14% de los afectados han sido resarcidos. Una de ellas es Júlia. Ella recibió sus 1.400 euros, pero superado el plazo de 60 días, con lo que –según el acuerdo firmado– la empresa debería haberla compensado con unos intereses de demora que no le han ingresado.

Vuelta a la movilización

Júlia se sabe afortunada, porque hay centenares que siguen esperando. Como Patricia Mestres. Ella se enteró de la situación cuando el Sindicato llamó a su puerta. De hecho, su intención antes de que la contactaran era irse del piso por el mal estado en el que estaba. “Goteras, humedades e incluso un agujero en el techo”, enumera esta joven, que se lamenta de que jamás contestaron sus correos y llamadas quejándose. El silencio de propiedad y administradora es una de las quejas recurrentes entre sus inquilinos y, de hecho, este medio ha sido incapaz de contactar a ninguna de ellas para la realización de este reportaje.

Tras la firma del acuerdo, fue cuestión de tiempo que arreglaran el agujero en el techo de Patricia. No así las humedades o las goteras y, además, todavía no ha recuperado los 1.130 euros que pagó de honorarios por su piso de 670 de alquiler. A ella le gustaría irse a un lugar mejor, pero hay diversas cosas que la retienen. Primero, quiere ahorrar porque para poder pagar la fianza de su nuevo hogar, ya que “Rentaz jamás devuelve el dinero depositado por unos pisos que ya están fatal cuando entras”, asegura.

Además, quiere quedarse para plantar batalla. “En mi finca, mis vecinos no son muy activos”, dice, apesadumbrada, consciente de que solo “la acción colectiva” podrá dar solución a su situación. También lo creen así en el Sindicato y lamentan que a Rentaz y a Monleon-Pagès “les preocupe la imagen para firmar el acuerdo, pero no tanto como para cumplirlo”, apunta Arcarazo.

Estas activistas por la vivienda están dispuestas a llegar “hasta donde haga falta” para “constatar el incumplimiento constante de las victorias legales conseguidas”, asegura la portavoz del Sindicato. Por eso, este sábado han realizado una asamblea con todas las vecinas afectadas y han decidido emprender acciones legales.

Desde el Sindicato insisten en que, para evitar fraudes, el sindicalismo de vivienda debería tener la misma implantación que el laboral. De esta manera, dicen, se podrían reconocer derechos como el de contar con un convenio colectivo –como el que firmaron ellos con Rentaz–, las negociaciones colectivas, el derecho a huelga si la propiedad no cumple o que se permita acompañar a un inquilino a la firma del contrato. “O, para empezar, que exista una inspección y que las administradoras sancionen a las empresas que incumplen las leyes. Iremos a por todas porque está claro que con legislar no es suficiente”, sentencia Arcarazo.