La investigación del caso de irregularidades en el mantenimiento de vehículos de los Bomberos catalanes externalizado a la multinacional sevillana Iturri encara su recta final perfilando una conclusión clara: todo el mundo en la conselleria de Interior conocía que la empresa facturaba a destiempo las reparaciones. Que esto traspase o no la línea del Código Penal será decisión de la jueza instructora.
El actual director general de prevención y extinción de incendios de la Generalitat de Catalunya, Joan Delort, también imputado en el caso aunque entró en el cargo tras denunciarse las irregularidades, ha explicado a la jueza que dentro de la conselleria se conocía que la facturación de Iturri no era la óptima desde hace tiempo. “Era una historia de hace 20 años”, ha resaltado, según fuentes jurídicas.
Las irregularidades se centran en el hecho de que los contratos anuales entre la Generalitat e Iturri eran de una cuantía más baja de lo que en realidad costaban las reparaciones y el mantenimiento de los vehículos. El “agotamiento presupuestario”, detalla la jueza, no se subsanaba, sino que Iturri seguía prestando el servicio. En ejercicios posteriores, y en el marco de otro contrato, Iturri facturaba los servicios que había prestado pero no cobrado el año anterior, lo que exigía “alterar facturas y albaranes”. Lo que no ve la jueza es que en esta mecánica hubiera sobornos.
El alegato de Delort, un veterano de la administración catalana, va en la línea de lo que ha admitido el actual conseller de Interior, el republicano Joan Ignasi Elena, quien aseguró que las “malas praxis” en Iturri “hacía muchos, muchos muchos años que funcionaban”. La investigación se inició tras una denuncia a la Fiscalía del anterior conseller de Interior, Miquel Sàmper (Junts).
En este sentido, el responsable político de los Bomberos catalanes ha trasladado a la jueza una conversación que mantuvo con la exsecretaria general del departamento en la etapa de Sàmper, Elisabeth Abad, previamente a que los dirigentes de Junts denunciaran el caso a la Fiscalía en abril, cuando el Govern ya estaba en funciones a la espera de que Aragonès fuera investido president.
Delort, según fuentes jurídicas, ha explicado que trasladó sus dudas a Abad sobre si no resultaba “precipitado” denunciar el caso sin haber agotado la investigación interna. La respuesta de la secretaria general, según la versión de Delort, fue que se tenía que llevar rápido a la Fiscalía para que los nuevos inquilinos de la conselleria (de ERC) no pudieran reprochar nada a Junts. La pasada legislatura Delort también estaba en Interior, pero dirigiendo el servicio de emergencias 112.
Cabe recordar que otros cargos investigados reprocharon duramente al anterior equipo de Interior que no les llamara para dar su versión del caso y les requiriera únicamente documentación, al contrario de lo que marca el protocolo de información reservada. Y atribuyeron estas prisas al hecho de que estaba a punto de entrar el nuevo conseller de ERC, Joan Ignasi Elena, en la conselleria y que Sàmper quería cerrar rápido la información reservada.
Con la declaración de Delort, ya han comparecido todos los imputados por malversación, fraude a la administración, prevaricación y falsedad documental ante la jueza que investiga las irregularidades en la facturación de las reparaciones a los vehículos de los Bomberos la Generalitat.
La causa está a la espera de recibir varios informes finales de los Mossos d'Esquadra y de una comparecencia de una testigo el próximo mes de octubre, tras lo cual la jueza decidirá si archiva el caso o envía a los responsables a juicio.