Un juez avala que el Ayuntamiento de Mataró obligue a una familia a hacerse pruebas PCR y aislarse

El Ayuntamiento de Mataró podrá obligar a los miembros de una familia, cuatro adultos y tres menores, a someterse a pruebas PCR y a aislarse pese a que los afectados se nieguen. El juzgado de lo contencioso número 16 de Barcelona ha avalado a las autoridades del municipio a tomar esta medida de fuerza, al considerar que son “adecuadas y proporcionales” para garantizar la salud pública y entendiendo que no hay formas menos lesivas de sus derechos individuales para conseguirlo.

Las autoridades locales de la ciudad catalana dictaron una resolución que obligaba a esta familia a someterse a pruebas y guardar cuarentena después de que una de las personas convivientes, un hombre adulto, diera positivo en una PCR. Sin embargo, una vez conoció que estaba infectado por COVID-19, el Ayuntamiento asegura que el hombre no cumplió con las medidas de aislamiento y que, además, varias personas que conviven con él se negaron tanto a hacerse test como a confinarse en su domicilio.

Al entender que estas medidas representaban una restricción de la libertad para los siete vecinos afectados, el Ayuntamiento las envió al juzgado. Ahora el juez da luz verde al confinamiento y testado forzoso, al entender que es una medida “necesaria, adecuada y proporcional al fin perseguido, que consiste en la protección de la salud pública mediante el control y limitación de la propagación de la enfermedad contagiosa COVID-19”, asegura el auto.

Respecto a la familia del positivo, el juez ratifica también las mismas obligaciones. “Son medidas, también, necesarias, al no existir otras igualmente eficaces para alcanzar tal fin; habiéndose demostrado necesaria su imposición como medidas cautelares al no haber sido respetadas voluntariamente”, asegura el magistrado.

Asimismo, el auto recuerda que si el Ayuntamiento puede imponer esta medida es porque la Generalitat, el pasado 4 de agosto, decidió delegar en las autoridades locales la competencia sancionado que hasta el momento solo se tenía a nivel autonómico.

Pese a que el magistrado da luz verde a todas las peticiones del Ayuntamiento, en su escrito subraya que las autoridades de Mataró han sido poco concretas al informarle del lugar donde se realizará el aislamiento y también sobre cuánto tiempo se extenderá. Por ello reclama ser informado de cualquier nueva decisión que el ayuntamiento tome sobre esto. Del mismo modo observa que hubiera sido preferible que las personas sobre las que recae la obligación hubieran sido identificadas, pero entiende que no ha sido posible y añade que ese no es motivo suficiente para rechazar las medidas sanitarias.