La jueza afea a un fondo buitre que acusara sin pruebas a Colau de “confabulación con okupas” y archiva el caso

Atribuir delitos “sin rigor ni precisión alguna” o verter acusaciones “carentes de sustento probatorio”. Así define una jueza de Barcelona la querella que el fondo buitre Vauras Investments presentó contra la alcaldesa, Ada Colau, dos concejales de Barcelona en Comú y una funcionaria del área de Vivienda, por hasta ocho delitos relacionados con la actuación del consistorio en relación a un bloque ocupado por familias vulnerables.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Carmen García no solo archiva de plano la querella de Vauras Investments, sino que también censura el lenguaje y las acusaciones sin pruebas efectuadas por la firma. Entre otras expresiones, el fondo llegaba a sostener que los responsables municipales actuaron “como Robin Hood” y que las familias vulnerables que ocupaban uno de los bloques de su propiedad “se pasearon como Pedro por su casa” por el Ayuntamiento, lo que a su juicio mostraba las “conexiones” de Colau con los “grupos okupas” y la “connivencia” del consistorio con la paralización de desahucios.

Según los querellantes, las autoridades municipales permitieron la “práctica mafiosa” consistente en que seis familias vulnerables ocuparan un inmueble de la calle Lleida de Barcelona, que llegó a convertirse en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en Barcelona y enfrentó a los jueces con el Parlament antes de que los Mossos d'Esquadra lo desalojaran al sexto intento. “Ya no estamos en la Edad Media y esto no es Sierra Morena ni la 'Serra de les Guilleries' y el Ayuntamiento y sus dirigentes no pueden actuar como Serrallonga [un popular bandolero catalán]”, apostillaba Vauras Investiments para justificar el “gravísimo quebranto económico” que, a su juicio, la actuación municipal le había provocado al no poder desahuciar a las familias vulnerables durante meses.

La jueza rechaza las tesis del fondo y concluye que sostener “connivencia” entre el Ayuntamiento y “grupos okupas” para paralizar los desahucios del bloque de la calle Lleida “es una afirmación carente de cualquier sustento probatorio”, al igual que la acusación de “confabulación con grupos okupas” que el fondo realizaba a Colau y al resto de querellados para “permitir” que las familias siguieran ocupando los pisos o pinchar la luz.

Recuerda la magistrada que el freno a los lanzamientos se produjo bien porque los Mossos lo consideraron necesario para “garantizar el orden público”, bien porque los servicios sociales todavía no habían hallado un alojamiento alternativo para las familias de la calle Lleida, una medida “absolutamente indispensable para garantizar la vivienda a quien no la tiene”. No era la primera vez que desde el sector inmobiliario se usaba una querella para combatir decisiones municipales. La teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, llegó a estar investigada a raíz de una denuncia de un grupo hotelero en relación con el veto del consistorio a un hotel de lujo en un solar de Drassanes, pero la jueza también archivó el caso.

Para el concejal de derechos de ciudadanía y del distrito de Sants-Montjuic, Marc Serra, además de mostrar que el Ayuntamiento “no cometió delito alguno” en el caso del bloque de la calle Lleida, el archivo del caso “refuerza la labor de intermediación” del consistorio para evitar desahucios así como las sanciones municipales a los fondos de inversión “que acumulan pisos vacíos o no cumplen con sus obligaciones de conservación o realojo”. El concejal critica además los “elementos distorsionados para atacar la imagen y reputación del Ayuntamiento e intimidar al equipo de gobierno” que Vauras incluía en su querella.

Al margen de los cargos políticos, la concejala de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, hace hincapié en la “gravedad” de la acción legal de Vauras, pues valora que también buscaba “poner en riesgo la carrera”, “desprestigiar” y “difamar” a la trabajadora pública querellada. Pero el archivo del caso, recalca Martín, “refuerza” la labor de la unidad de antiacoso y disciplina del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación, que ya ha impuesto sanciones por valor de 2,1 millones de euros, la mayoría relacionadas con infracciones de grandes propietarios por tener viviendas vacías, mal uso y deficiente conservación de pisos de protección oficial y acoso inmobiliario. “Gracias a la actuación de la unidad se ha conseguido la cesión, expropiación de uso o adquisición de cerca de 200 viviendas, beneficiando 490 personas y cesar el uso turístico ilegal en casi 7.000 viviendas”, agrega Martín.

Tampoco ve la jueza delito alguno en las “presiones” que, según Vauras, hizo el consistorio para que cediera pisos sociales a las familias que ocupan su inmueble. La magistrada remarca que las propuestas de alquiler social por parte de los propietarios a las familias pobres que quiere desahuciar son “obligatorios” en la ley catalana de vivienda y que ningún cargo del Ayuntamiento empleó violencia o intimidación contra representantes del fondo, por lo que no pueden existir los delitos de coacciones y extorsión que Vauras imputaba a Colau, Serra, Martín y la funcionaria querellada.

La magistrada también descarta que los expedientes sancionadores que el Ayuntamiento de Barcelona abrió contra el fondo buitre constituyan un delito de prevaricación, como mantenía Vauras. De hecho la jueza expone que pese al “extenso relato de desencuentros y padecimientos” que hace Vauras de sus litigios con el Ayuntamiento, el fondo no ha señalado de forma concreta qué expediente municipal sería prevaricador. “Las resoluciones prevaricadoras han de ser concretadas, y la querella no lo hace”, agrega el auto.

Respecto a los cinco delitos restantes –infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y usurpación de funciones– la jueza concluye que el fondo buitre “se limita a atribuir su comisión sin rigor ni precisión alguna” a Colau y a los otros tres querellados sin distinguir sus respectivas funciones en el organigrama municipal ni describir “qué actuación concreta” de los políticos encaja en los tipos penales denunciados.