Junts y el PDeCAT se acusan mutuamente de engaño ante el juzgado que decidirá a quién pertenecen las siglas

Trifulca judicial entre JxCat y PDeCAT. El abogado de Junts ha acusado al partido de David Bonvehí de querer “paralizar la vida” de la formación de Carles Puigdemont, durante la vista preliminar de la demanda del PDeCAT contra JxCat por el control de las siglas de 'Junts per Catalunya', este viernes en el juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona. Junts ha defendido que la demanda por las siglas es “fraude de ley”. La letrada del PDeCAT culpó JxCat de “apropiarse del capital político” de la formación de Bonvehí. La representante del PDeCAT ha argumentado que es la dirección y no el Consejo Nacional quien debe decidir sobre la demanda, rebatiendo los argumentos de Junts para que la juez rechace la petición de medidas cautelares, requerida por PDeCAT.

El abogado de Junts ha argumentado que el PDeCAT “no tiene legitimidad” para presentar la demanda contra JxCat. El letrado ha defendido que el partido estaba registrado por tres trabajadores de la formación, y no por su dirección y que, de hecho, el PDeCAT no es “afiliado ni socio” de JxCat. Por lo tanto, el abogado ha pedido a la juez que no conceda las cautelares para que el PDeCAT no puede pedir la nulidad de ninguno de los actos de Junts: “El PDeCAT intenta paralizar la vida de JxCat”, denunció el abogado del partido de Puigdemont.

La defensa de JxCat considera que la demanda del PDeCAT es “fraude de ley”, y ha calculado en 493.200 euros los daños “irreparables” que se causarían a Junts si se suspende la reunión telemática del 27 de junio y se “cierra” el partido . El letrado ha argumentado que tienen 4.110 afiliados que pagan 120 euros anuales de cuota.

La vista preliminar también ha contado con varios testigos. El alcalde de Balenyà, Carles Valls, explicó que participó de forma telefónica en la asamblea que lo eligió como presidente de Junts. Esta reunión permitió que Puigdemont controlara las siglas de JxCat. Tanto Valls como la testigo Montse Morante (JxCat) apuntaron que la asamblea telemática se produjo por teléfono y a través de whatsapp. Morante también ha subrayado que entró como titular de JxCat el 27 de junio ya que el mandato de la dirección de ese momento caducaba entonces.

Pugna por las siglas

Aparte de las abogadas y abogados respectivos, por parte del Partit Demòcrata han asistido a la Ciudad de la Justicia la jefa de los servicios jurídicos del partido, Roser Olóndriz; y las testigos Anna Soriano, Laia Canet y Pol Xart. Por el lado de Junts: Montse Morante, Irene Negro y Toni Morral. La vista ha comenzado con 40 minutos de retraso, con los argumentos de los letrados de las dos partes.

La vista ha abordado las medidas cautelares que solicitaron los servicios jurídicos del PDeCAT. El partido de Bonvehí había pedido bloquear, provisionalmente, el uso de la marca de JxCat por parte del partido de Puigdemont, argumentando “irregularidades” en el cambio de las escrituras de la propiedad de las siglas. El expresidente del Gobierno Artur Mas, que se mantiene al PDeCAT y rechazó sumarse a JxCat, defiende este punto de vista.

Por su parte, Junts defiende que no incumplió ninguna pacto con el PDeCAT sobre el uso de la marca. JxCat culpó al PDeCAT de “judicializar” las negociaciones. Los de Puigdemont argumentan que el 27 de junio se hizo una asamblea telemática que situó Valls como presidente del partido de Junts por Catalunya. Así consiguió Puigdemont hacerse con las siglas, hasta entonces en manos de Bonvehí. El abogado Joaquim Jubert habría orquestado la reunión telemática. El juez deberá dirimir a partir de ahora.

Después de que el diario 'Ara' explicara la demanda del PDeCAT contra Junts, asociados del partido de Bonvehí dieron de baja en masa, empezando por el propio Puigdemont, los presos de Lledoners, y numerosos cargos parlamentarios, locales y comarcales.