Laura Borràs culpa a ERC y la CUP de la retirada del escaño de Juvillà y rechaza dimitir

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha negado este lunes tener intención de dimitir después de que la Cámara retirase la semana pasada el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, por orden de la Junta Electoral. La jefa del Legislativo catalán ha admitido que ha pensado en dejar su cargo porque tiene “obligación de pensar en todos los escenarios”, pero se ha negado a hacerlo porque, según cree, su estrategia ha sido la mejor posible.

En los micrófonos de Rac1, Borràs ha culpado sin embargo a su predecesor, Roger Torrent, por haber “tomado una decisión que sentó un precedente” en el caso de la retirada del escaño de Quim Torra en enero del año 2020 y también al president de la Generalitat, Pere Aragonès, por no haber “aceptado su propuesta” para mantener el escaño. A la vez, ha asegurado que la CUP, partido del diputado inhabilitado “no ha querido llegar más lejos”, pese a que Juvillà se enteró por la prensa de la pérdida de su escaño.

El relato expuesto por Borràs en la primera entrevista concedida después que el diputado quedara expulsado de la Cámara es que ella propuso al conjunto del independentismo una “desobediencia colectiva” que implicaba a otras instituciones. “No hay manera de defendernos con el reglamento del Parlament”, ha asegurado Borràs. Sin embargo la presidenta ha indicado que el lunes pasado se “rompieron las confianzas” entre su partido, ERC y la CUP, porque “no aceptaron asumir un compromiso público”. De esta forma, ha rechazado toda responsabilidad individual en lo ocurrido.

La presidenta del Parlament ha rechazado hacer comentarios sobre las exigencias que ella había hecho al president del Govern y a la CUP, por “respeto por las negociaciones”, ha dicho. Tampoco ha concretado cuál era el plan “ambicioso y colectivo” que a su parecer era necesario para no retirar el escaño. “La conclusión no es que no se pueda evitar. Es que no se ha querido evitar”, ha cargado contra el resto de formaciones.

“Continúo estando dispuesta a todo”, ha asegurado Borràs cuatro días después de haber dado luz verde a la retirada del acta desde el boletín oficial del Parlament. La presidenta de la Cámara ha asegurado también que los funcionarios del Parlament “tienen la amenaza del Código Penal encima” y habían “recibido presiones”, por lo que el jueves no se abrió el registro, ni se convocó al diputado suspendido, ni se activó el sistema de de votación electrónica. “Los funcionarios saben perfectamente cuáles son las consecuencias de no cumplir unas órdenes que tienen firmeza”, ha dicho Borràs.