El 9-N ya es historia. Según los números de la vicepresidenta del Gobierno Joana Ortega han votado y lo siguen haciendo algo más de 2.300.000 de ciudadanos. De estos votantes, 1.860.000 han apostado por la independencia. Podían participar en esta consulta cerca de 6,2 millones de ciudadanos y ciudadanas. Cada uno ha analizado los resultados como le ha parecido o interesado.
Una vez ejercido el “derecho a decidir” y llegado a cero el cronómetro que el ANC y Òmnium Cultural instalaron en la plaza de Sant Jaume algo hay que hacer. Es evidente que Mariano Rajoy no rectificará y se sentará con Artur Mas para negociar un referéndum que pregunte de nuevo a los catalanes si quieren separarse de España. Y también es evidente que ni el Gobierno ni el Parlamento catalanes actuales harán una declaración unilateral de independencia (DUI).
Todo apunta a que la opción más lógica es la celebración de unas elecciones que permitan determinar si en el nuevo Parlamento hay una mayoría absoluta de diputados independentistas. Esta mayoría podría hacer una DUI, pero sería una apuesta arriesgada, que generaría un nivel de tensión enorme. Además, difícilmente contaría con el reconocimiento de la comunidad internacional.
Que el PSC apoye a CiU para que saque adelante los presupuestos del año que viene es una hipótesis tan factible numéricamente como impensable políticamente, a no ser que Miquel Iceta tenga veleidades suicidas.
Queda la vía escocesa. La del Partido Nacional Escocés. Que el gobierno catalán, avalado por esa mayoría parlamentaria, convenza al gobierno español de que hay que celebrar el referéndum que hasta entonces le había negado. ¿Qué puede hacer pensar que haya un cambio de actitud por parte del Ejecutivo central? Nada. Pero faltarán pocos meses para que se celebren elecciones generales en España. Muy probablemente, en el Congreso se formarán nuevas mayorías. Un nuevo Gobierno y un Gobierno catalán con mayoría absoluta independentista son la combinación que debería hacer factible la consulta pactada y con garantías democráticas que no ha sido posible todavía.
No es una apuesta apasionante para los que quieren la independencia ya. No está escrito en ningún lado que el nuevo Gobierno español siga los pasos de los conservadores británicos de David Cameron. Ni los resultados del 9N garantizan que en un referéndum sobre la independencia de Cataluña ganaran los que son partidarios de ella.
Es posibilismo puro y duro.
Pero es lo que hay. Guste o no guste.
El 9-N ya es historia. Según los números de la vicepresidenta del Gobierno Joana Ortega han votado y lo siguen haciendo algo más de 2.300.000 de ciudadanos. De estos votantes, 1.860.000 han apostado por la independencia. Podían participar en esta consulta cerca de 6,2 millones de ciudadanos y ciudadanas. Cada uno ha analizado los resultados como le ha parecido o interesado.
Una vez ejercido el “derecho a decidir” y llegado a cero el cronómetro que el ANC y Òmnium Cultural instalaron en la plaza de Sant Jaume algo hay que hacer. Es evidente que Mariano Rajoy no rectificará y se sentará con Artur Mas para negociar un referéndum que pregunte de nuevo a los catalanes si quieren separarse de España. Y también es evidente que ni el Gobierno ni el Parlamento catalanes actuales harán una declaración unilateral de independencia (DUI).