Aumentar la vivienda social en Barcelona depende de la coherencia de los grupos políticos municipales

El pasado 23 de febrero el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó con una mayoría casi unánime –todos los partidos, excepto el PP– la moción “Alquiler público Barcelona”, impulsada por una amplia coalición de entidades de la sociedad civil de reconocida trayectoria en la defensa del derecho a la vivienda. Entre ellas estaban la PAH de Barcelona (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona), el Observatorio DESC, el ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible) y el Sindicato de Inquilinos

Para hacer realidad y activar las 4 medidas aprobadas, las entidades y los partidos políticos representados en el Pleno hemos realizado tres reuniones de trabajo los días 11, 24 y 30 de mayo. Las entidades impulsoras hicimos aportaciones elaborando una propuesta avanzada y técnicamente solvente de ejecución y calendario de ahora hasta finales del 2018. Los grupos políticos han aportado también, así como los técnicos de urbanismo y vivienda del propio Ayuntamiento, que han validado todas las propuestas. La hoja de ruta resultante de las reuniones no ha modificado las medidas aprobadas en el Pleno, sino que concreta herramientas jurídicamente sólidas y calendario para hacer realidad las cuatro medidas.

Este lunes, 18 de junio, la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad votará una modificación del Plan General Metropolitano, que es el paso imprescindible para activar la primera medida y una de las más relevantes de entre las que proponemos: destinar el 30% de las viviendas de los edificios de nueva construcción y los sometidos a rehabilitación integral de más de 600 m2 a viviendas protegidas. Para que esta primera medida sea aprobada, de nuevo, necesitamos una mayoría simple de votos, es decir, más votos a favor que en contra.

El próximo lunes podremos ver claramente cuál es la coherencia de todos los grupos políticos municipales que votaron “sí” a las medidas en el Pleno del mes de febrero: Barcelona en Comú, PDeCAT, ERC, PSC, Ciutadans, la CUP y el concejal no adscrito de Demòcratas de Catalunya.

Lo que nos jugamos pues es la posibilidad de aumentar la vivienda protegida en la ciudad construida y consolidada, ya que la Ley de urbanismo actual sólo lo permite en zonas de gran transformación o nuevo suelo urbanizable, una opción muy reducida en nuestra ciudad. Sin embargo, desde el año 2007 la Ley del derecho a la vivienda permite hacerlo, aunque no ha sido utilizado en ninguna parte, aunque es perfectamente aplicable a toda Catalumya. De hecho la propia Ley de Vivienda obliga a disponer de un 15% de vivienda social frente al 1,5% actual. En ciudades como Nueva York o París hace tiempo que se aplica, por ello el parque de vivienda social es del 20% o más y no tenemos noticia de que hayan sufrido ningún “cataclismo”, como quieren hacer creer algunos sectores económicos. Al revés: los resultados son realmente positivos, como es lógico.

Aunque algunas voces del sector inmobiliario ya han puesto el grito en el cielo, esta es una técnica muy consolidada en nuestro urbanismo desde hace años para asegurar la función social de la propiedad. Además, no obliga a los privados a ceder suelo o aprovechamiento urbanístico como ocurre en nuevos crecimientos de la ciudad, sino que permitiría que parte de las nuevas viviendas de la ciudad actual no sean a precio de mercado libre sino a precio de viviendas de protección oficial . Por lo tanto, los privados no dejarían de ganar dinero con su actividad económica, simplemente 1 de cada 5 viviendas las cobrarían a precio más asequible y colaborarían en que acceder a la vivienda sea un derecho y no una quimera en Barcelona.

Con esta medida cada año conseguiremos aproximadamente 400 viviendas a un precio social. ¿Quién puede estar en contra de tener más vivienda a precio asequible en Barcelona?

Desde las entidades que impulsamos todas estas medidas estamos convencidas de que la ciudad, su gente y el derecho a la vivienda no pueden esperar más. Barcelona tiene menos del 2% de vivienda pública y 10 desahucios al día (!), un 85% de ellos derivados de problemas de alquiler. Esto sin contar los “desahucios silenciosos” (familias que van de las viviendas por no renovación de los contratos o por subidas de precios inasumibles) o las familias que al verse en la calle han accedido precariamente a viviendas vacías y que son desahuciadas. Este mismo jueves un vecino de Cornellà se quitó la vida cuando lo iban a desahuciar. No tenía ninguna vivienda social adonde ir.

Por coherencia y respeto al grave problema con la vivienda que está sufriendo la ciudad, a lo que los mismos partidos votaron en el Pleno, y a las entidades que impulsamos la moción, pedimos una vez más la colaboración y compromiso de todos los grupos municipales para asegurar que las medidas sean implementadas lo más rápido posible, empezando por la primera, que debe aprobarse el próximo lunes.

El lunes llega la hora de la verdad. Todo depende ahora de la voluntad de los grupos políticos de Barcelona de aumentar (o no) la vivienda asequible en la ciudad. Tenemos claro que la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y por ello pedimos a los grupos municipales que tengan la responsabilidad y la valentía de apoyar a todas aquellas medidas que mejoren el escenario actual. Empezamos en Barcelona y extendemos esto en toda Catalunya.

Aumentar la vivienda social en Barcelona depende de la coherencia de los grupos políticos municipales: veremos de qué lado está cada uno.