El bienio imprevisible

Con la segunda investidura de Artur Mas Catalunya ha dejado de ser un país previsible, cuando menos en los próximos dos años, tanto en el contexto del escenario español como en el europeo y mundial. El segundo mandato del líder de CiU, que nace bajo la complicidad y tutela de ERC, da paso a un período de incertidumbre jurídico-legal y de provisionalidad política plasmado en los términos del propio pacto de Gobierno. Las bases y el calendario del acuerdo anticipan de facto un período constituyente que hoy por hoy solo concierne a ambas fuerzas aliadas, pese a constituir en términos aritméticos la mayoría absoluta del Parlament.

Este hecho crucial y sin precedentes se extiende desde el ámbito de la actividad económica y empresarial hasta el de la vida cotidiana de sus 7,5 millones de ciudadanos, enfrentados volis nolis a un plan de “transición nacional” que constituye el eje central y hasta la razón de ser de la acción de gobierno. Un Gobierno minoritario, por cierto, con apoyo externo de un partido que, a su vez, actúa de fiscal de la acción del poder. Las consecuencias tangibles e intangibles de este insólito escenario forman parte también del ámbito de “lo desconocido” anunciado por Artur Mas en su manifiesto de la Diada, pero los ecos de la investidura preludian que serán de gran calado en todos los órdenes. Es decir, igualmente imprevisibles.

Un “Estado en ciernes”

La nueva legislatura abierta con la vacilante aunque rotunda reelección de Artur Mas como presidente de la Generalitat nace, sin embargo, virtualmente muerta a priori por la fecha de caducidad impuesta por el propio Oriol Junqueras, al fijar como requisito sine qua non la celebración de la consulta de autodeterminación en el curso del año 2014. A día de hoy es inimaginable pensar en qué términos y perspectivas podrá el nuevo Gobierno elaborar un presupuesto para dicho ejercicio, entre otras muchas incógnitas que se abren a partir de ahora.

Los planes para establecer de antemano una suerte de “Estado en ciernes” mediante la creación de una Hacienda propia, un banco público propio y un sistema de tesorería propio que pondría fin de hecho a la “caja única” de la Seguridad Social, forman parte del alud de incógnitas. Hablamos nada menos que de impuestos y pensiones, así que el desafío no es inocuo ni pequeño teniendo en cuenta que Catalunya representa al menos la cuarta parte de los recursos del Estado en términos de PIB.

Es una evidencia que la confrontación entre el soberanismo catalán liderado hoy por CiU y ERC y el soberanismo español administrado a solas por el PP se alimenta y desarrolla muy especialmente a caballo del pleito fiscal, más allá de cualquier mesianismo o romanticismo patriótico por parte de sus principales protagonistas. La ya histórica ruptura de La Moncloa, el pasado 20 de septiembre, certifica el peso y crudeza de la discordia sobre la gestión y reparto de las finanzas públicas.

¿Legislatura exprés?

La determinación de Mas en llevar adelante su programa político encomendándose a ERC como nuevo socio natural traduce y alienta el desplazamiento del eje de gravedad del catalanismo político, además de garantizar su permanencia en el poder. Sin embargo, su énfasis en ampliar la mayoría favorable a la consulta, dirigida singularmente al PSC, refleja su debilidad política y su vulnerabilidad ante el factor tiempo. La comprometida decisión de Pere Navarro de abstenerse a priori de todas las votaciones relativas a la consulta refleja la apuesta de los socialistas catalanes por una legislatura ‘exprés’, pero acentúa aún más el perfil “constitucionalista” del partido en un momento de fuerte polarización política.

El tiempo no obra ciertamente a favor de Artur Mas, ya que la proximidad de la fecha ya mítica de 2014 acelerará todos los acontecimientos en 2013. La reserva de una virtual prórroga del calendario acordado con Oriol Junqueras es una cautela significativa sobre la incierta evolución de los acontecimientos de aquí a entonces. Pero siempre a favor de la estrategia y los intereses del líder de ERC, que en su estreno parlamentario se ha confirmado como el auténtico capitán de la nave fletada por Artur Mas tras el 11-S para poner rumbo a Itaca.

“Yo o el caos”

El propio President escenificó en su última intervención del debate de investidura una cierta pose de resignación y sacrificio al preguntarse en voz alta ante los diputados: “¿Se imaginan ustedes que pasaría si nosotros también decidiéramos no ser Gobierno”? En realidad era una advertencia ante quienes ya hacen quinielas sobre su duración al frente del Gobierno de la Generalitat. Incluso en el seno de la propia federación nacionalista, según algunos indicios.

La evocación de la fórmula “yo o el caos” fue notoria. De hecho parece ser la única razón de peso en la comprometida posición de CiU junto a ERC frente al endiablado mapa político de Catalunya, fruto de la triple combinación de la desafección política, el aventurerismo de la clase política catalana y, sin duda, la incompetencia del poder central. Además de reiterar su invitación a formar entre todos –salvo PP y Ciutadans– alrededor de CiU y ERC la “mayoría excepcional” que no le fue confiada en solitario en las urnas, Mas casi imploró ayuda para conseguir que el Gobierno central y las Cortes encuentren un marco legal que permita la celebración de la consulta al amparo de la ley.

El clima que se respira en la capital del Estado no invita precisamente al optimismo. La prensa más hostil ha echado mano de los peores augurios para la Generalitat, hasta el extremo de agitar el fantasma de la inhabilitación del president, la intervención económica de Catalunya y hasta la anulación de la autonomía política. El apocalíptico despliegue de argumentos procede del sector más duro del PP alimentado ideológicamente por la FAES, pero no es de esperar que el entorno de Mariano Rajoy ceda a la habitual parsimonia del presidente ante los problemas más crudos. Catalunya es cosa aparte.

No cabe duda que Artur Mas está expuesto a un proceso de combustión política que se suma al enorme desgaste sufrido en las urnas. El tono, el gesto y hasta alguna alusión del propio president desde la tribuna del Parlament acreditan esta circunstancia. Sin ir más lejos, el riesgo de implosión de la federación formada con la UDC de Duran i Lleida aumentará a diario hasta el 31 de diciembre de 2013, fecha que pondrá definitivamente en marcha el fatídico temporizador de la consulta. A no ser, claro está, que CiU y ERC acordasen detener el reloj in extremis a la vista de la situación política y/o económica y social del país.

Una vía de salida

Sin embargo, la situación política y social de Catalunya trasciende ya con creces la figura del líder de CiU y presenta contornos irreversibles que conducen de forma inexorable a consultar a la ciudadanía en referéndum. El catedrático Francisco Rubio Llorente, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y ex presidente del Consejo de Estado, lanzó el pasado octubre desde El País la fórmula de la iniciativa legislativa que la Constitución reconoce al Parlament para que la Cámara catalana presente ante el Congreso una proposición de ley orgánica de autorización de dicho referéndum. Sin embargo, la posición irreductible del PP y el PSOE hacen intransitable actualmente este camino con una mínima esperanza de éxito.

Los precedentes son inequívocos. Es cierto que el lehendakari Ibarretxe naufragó allí mismo ante la pétrea oposición de los dos grandes partidos estatales, pero no por ello Catalunya debería orillar el único camino practicable conforme al actual marco institucional, sin necesidad de ignorar, violentar o reformar la Constitución.

Sea como fuere, actuar contra la corriente de fondo verificada en Catalunya en las urnas puede aplazar el problema, pero a costa de agravarlo nuevamente sine die. Guste o no guste y por complejo que pueda resultar, España ha de asumir que una de sus comunidades históricas plantea sin lugar a dudas una cuestión de soberanía para pronunciarse democráticamente sobre su encaje constitucional. Si España lo desoye –y mucho más si lo combate– arrastrará por tiempo indefinido el fracaso del gran proyecto común de 1978.

Con la segunda investidura de Artur Mas Catalunya ha dejado de ser un país previsible, cuando menos en los próximos dos años, tanto en el contexto del escenario español como en el europeo y mundial. El segundo mandato del líder de CiU, que nace bajo la complicidad y tutela de ERC, da paso a un período de incertidumbre jurídico-legal y de provisionalidad política plasmado en los términos del propio pacto de Gobierno. Las bases y el calendario del acuerdo anticipan de facto un período constituyente que hoy por hoy solo concierne a ambas fuerzas aliadas, pese a constituir en términos aritméticos la mayoría absoluta del Parlament.

Este hecho crucial y sin precedentes se extiende desde el ámbito de la actividad económica y empresarial hasta el de la vida cotidiana de sus 7,5 millones de ciudadanos, enfrentados volis nolis a un plan de “transición nacional” que constituye el eje central y hasta la razón de ser de la acción de gobierno. Un Gobierno minoritario, por cierto, con apoyo externo de un partido que, a su vez, actúa de fiscal de la acción del poder. Las consecuencias tangibles e intangibles de este insólito escenario forman parte también del ámbito de “lo desconocido” anunciado por Artur Mas en su manifiesto de la Diada, pero los ecos de la investidura preludian que serán de gran calado en todos los órdenes. Es decir, igualmente imprevisibles.