De las 10 víctimas mortales en incendios en el hogar registradas en Catalunya durante el primer trimestre de 2014, un total de 7 se pueden atribuir directa o indirectamente a los efectos de la pobreza. Estos datos los hacía públicos hace pocos días UGT-Bomberos, a la vez que señalaba la dificultad para disponer de datos de calidad por falta de transparencia. Un informe presentado el pasado julio con datos aportados por los 12 municipios con más población de Catalunya mostraba que gracias a la Ley 24/2015 se han conseguido parar 4.399 cortes de suministro. Pero no perdamos de vista que el riesgo de pobreza en Catalunya afecta al 19% de la población. Son datos que nos muestran la dimensión de la problemática a la que debemos hacer frente y cómo esta ley puede ser de utilidad si se aplica.
Hay leyes que se crean con voluntad de lograr transformar nuestra sociedad buscando que sea más justa porque hay quien considera que hay derechos que deben garantizarse. Es el caso de la Ley 24/2015 que se aprobó por unanimidad en el Parlament por iniciativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC para evitar la pobreza energética y la emergencia habitacional. Una ley que el PP llevó al Tribunal Constitucional y éste redujo su capacidad de incidencia, pero no tocó la parte dedicada a la llamada pobreza energética.
Tan importante como la ley es quién y cémo la garantiza, los mecanismos para hacerla efectiva. Si una ley tiene como objetivo que las personas no sufran la pobreza energética no debe confundirse con que el objetivo sea multar a las empresas que no actúen correctamente. No basta con multar a posteriori. Se debe hacer aplicar la ley para conseguir que sea el instrumento que obligue a todo el mundo que tiene algo que ver con la pobreza a actuar y así evitar los efectos dolorosos que ya conocemos demasiado bien. Esto, principalmente, es responsabilidad de gobiernos y administraciones públicas en la medida en que tienen competencias fundamentales para legislar y hacer aplicar las leyes. Las empresas no tienen estas responsabilidades, pero tienen otros que no siempre cumplen.
Una sociedad que hace leyes para garantizar derechos debería tener como una de sus prioridades valorar si esto se consigue o no. Y si no se consigue buscar las maneras necesarias para hacer efectivas estas leyes. Si no se hace así casi podríamos decir que es peor que si estas leyes no existieran. Si no estuvieran sabríamos que no disponemos de legislación en este ámbito. Pero ahora podemos pensar que ya lo hemos logrado y no es así. Desde que se hizo público el caso de la vecina de Reus a quien se había cortado la electricidad y se iluminaba con velas que habrían sido la causa del incendio que acabó con su vida, se han cruzado algunas acusaciones sobre en quién recae la responsabilidad de la muerte. Un tuit de Gabriel Rufián, representante de ERC en el Congreso de los Diputados, inició una polémica en Twitter que se prolongó durante todo el día. La respuesta que se le dio desde la cuenta de la PAH buscaba señalar la responsabilidad del gobierno de la Generalitat de Cataluña en que esta ley no garantice su objetivo. Tenemos demasiada confusión (voluntaria o involuntaria) en el debate público sobre qué leyes están vigentes y a qué y a quién obligan en este ámbito. Esto ya dura demasiados meses.
Hay quien considera que Twitter es un problema para la política y quien le reconoce grandes aportaciones. En el cruce de tuits entre la Rufián y la PAH, y en los que siguieron, se pueden ver alguna de sus características, en mi opinión, más positivas: la capacidad para interactuar, tratar cuestiones que nos preocupan y buscar aclaraciones. El primer tuit de Rufián necesitaba ser desarrollado y aclarado para entender la problemática que se quería hacer presente y así hay quien lo hizo. Pero estos cruces también nos muestran algunas de las malas prácticas, en mi opinión, que en Twitter toman vuelo: falta de respeto personal y por las ideas, argumentación poco elaborada o falaz... Los tuits siguieron y siguieron durante todo el día haciendo presente diferentes voces y argumentos. También acusaciones sobre las que convendría reflexionar; por ejemplo, con motivo de la convocatoria de concentración para el martes 16 en la Plaza Sant Jaume de Barcelona. Por ejemplo, la del eurodiputado de Convergència Democràtica de Catalunya Ramon Tremosa.
La PAH y la APE son colectivos que se declaran apartidistas, no confundir con apolíticos o antipolíticos. Han entendido que sus luchas no se pueden identificar con ninguna opción concreta. El hecho de que Barcelona en Comú haya nacido con gente proveniente de la PAH, que dejó la PAH para hacerlo, no debería poner en cuestión la autonomía de la PAH. En las diferentes PAH hay gente de diversos partidos. La autonomía de la movilización ante todo y la capacidad de relacionarse con todo el mundo para lograr sus objetivos como guía. Dicho esto, también son críticos y lo son especialmente con las administraciones, los partidos, las entidades financieras o las empresas que entienden que más se alejan de aquellos derechos que quieren garantizar.
Recordemos una vez más que el Gobierno de Mariano Rajoy y su partido, el PP, han intentado frenar toda iniciativa legislativa que buscara garantizar estos derechos. Cuando se acusa a la PAH y la APE de querer atacar a la Generalitat, de no movilizarse en las sedes de las empresas, se olvida, y no se debería hacer, la trayectoria de las dos organizaciones de movilización apartidista que han criticado abiertamente tanto a la Generalitat, como al Ayuntamiento, como al Gobierno, como al Tribunal Constitucional, como al PP, al PSOE... Y que siempre se han mostrado críticas con las empresas, las entidades financieras, y han ocupado sus sedes en acciones reivindicativas de presión.
La PAH y la APE nacieron con la voluntad de hacer frente a la vulneración de unos derechos que las administraciones públicas y los distintos gobiernos no estaban garantizando. Tenemos que reconocer que buena parte de lo que en los últimos años se ha podido hacer para aliviar las condiciones de vida precarias asociadas a no tener garantizados los derechos de acceso a la vivienda y los suministros básicos ha sido gracias a la PAH y la APE. Y así lo reconocen personas desde ámbitos muy diferentes. Si alguien considera que la PAH o la APE han dicho algo incorrecto, han formulado alguna acusación fuera de lugar, sería constructivo que se aclarara. Pero entrar en luchas de barro no nos aportará nada. Si lo que nos preocupa es la vida de las personas, las urgencias son muchas y vamos demasiado tarde. Intentemos no perdernos.
¿Quién tiene responsabilidades sobre la pobreza energética existente? La APE y la PAH lo tienen claro. Se debe pedir a la Generalitat y a los municipios que apliquen completamente la Ley 24/2015 que debería permitir acabar con la pobreza energética. Se debe pedir que trabajen en un frente común para denunciar la irresponsabilidad de las empresas suministradoras en la aplicación de soluciones estructurales, como una tarifa social adaptada a la situación económica de cada hogar, que implique la garantía de suministro a todas las familias vulnerables. Se debe poder decir esto y a la vez cuestionar las decisiones del Tribunal Constitucional, del Gobierno del PP... Perdernos en valorar a quién se critica un poco más o un poco menos, a contar cuántas acciones se realizan en plaza Sant Jaume o en la sede de las empresas, nos aleja claramente de los objetivos.
Si lo que nos preocupa es la vida de las personas, el debate debería ser sobre qué podríamos estar haciendo para evitar la pobreza y sus efectos. No estamos teniendo este debate ni tantos otros necesarios. Nunca se debe perder de vista quién tiene competencias que se puedan ejercer y la manera de ejercerlas. Como siempre nos recuerdan la APE y la PAH: hay vidas en juego.
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