Hace unas semanas se estuvo discutiendo si Carles Puigdemont pediría (o no) asilo en Bélgica y si podía hacerlo. O sí podía, como mínimo, intentarlo. El Protocolo nº 24 sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la UE permite, en casos excepcionales, que una petición de asilo por parte de un nacional de un Estado miembro pueda ser considerado por otro Estado miembro. ¿Y por qué en casos excepcionales? Porque a pesar de que en los últimos años el proyecto europeo se está viendo cada vez más endeble, uno de sus pilares fundamentales sigue siendo el mismo: haber creado un “espacio de libertad, seguridad y justicia”.
Así, el reconocimiento de la necesidad de protección internacional para un nacional de un Estado miembro se entiende excepcional, pues se parte del presupuesto de que la Unión Europea es un espacio de libertad, seguridad y justicia donde los motivos por los cuales se concede el asilo son, por lo tanto, excepcionales: según el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, se considerará una persona como refugiada cuando tenga fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas y no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país de origen a causa de dichos temores. Pero ¿hay un espacio de libertad, seguridad y justicia?
Macron acaba de firmar la Ley Antiterrorista, que algunos han llamado la Patriot Act francesa, comparándola con la ley antiterrorista que EEUU aprobó después de los atentados de 2001. Francia llevaba sumida en un estado de excepción desde noviembre de 2015 después de los atentados en París, y la nueva ley convierte algunas medidas del estado de excepción en permanentes.
Entre otras cosas, la ley prevé que las autoridades administrativas puedan, sin orden judicial, obligar a un sospechoso a que no salga de un municipio durante un periodo determinado y a que vaya a comisaría cada día, a ponerle un brazalete electrónico y a vigilar sus redes sociales y comunicaciones. También permite hacer controles de identidad a un radio de 20 kilómetros de zonas fronterizas - incluyendo aeropuertos y estaciones de tren -, a retener a sospechosos durante 12 horas y a cerrar espacios de culto que se consideren que incitan al odio. Además, permite realizar registros domiciliarios, que pasan a llamarse “visitas domiciliarias”, a casas que puedan hacer levantar “serias sospechas de pensar que pueden ser frecuentados por una persona que representa una amenaza terrorista”.
La respuesta no ha tardado en aparecer: distintas organizaciones de personas racializadas han criticado la ley por estigmatizarlas. Esta ley afectará a personas que no hayan cometido ningún delito y que lo único que tienen en común es ser personas racializadas. Libertad, seguridad y justicia, ¿para quién? Ya hace muchos años que se ha hecho evidente que para las personas no-ciudadanas de los Estados miembros, no. Pero es que ahora, ni para las personas racializadas nacionales de un Estado miembro.
Sin embargo, creo que hacemos un flaco favor, o más bien hacemos un gran favor a quien no queremos hacérselo, al señalar a la Unión Europea como la madre de todos los males. La Unión Europea no existiría si no fuera por los Estados miembros, o mejor dicho, la Unión Europea no es nada si no sus Estados miembros. Que las personas racializadas sean estigmatizadas y perseguidas se debe a la práctica de los Estados. Que haya devoluciones en caliente y que la gente muera intentando llegar a Europa o que muera de frío en las islas griegas se debe a la práctica de los Estados. Que no haya un espacio de libertad, seguridad y justicia también se debe a la práctica de los Estados.
Son estos mismos Estados los que crean y perpetúan lo que Stanley Cohen llamó los folk devils y el pánico moral. Los folk devils son todos esos grupos sociales fuera del statu quo, que desafían o que “se salen” del sistema y el pánico moral es el proceso de definir una “condición, episodio, persona o grupo de personas como una amenaza para los valores y los intereses de la sociedad”. Si la repercusión de esa amenaza aumenta se pueden recuperar los argumentos más retorcidos de control y seguridad.
Y es así cómo la lucha antiterrorista lleva a enfocar la política migratoria desde una óptica penal y criminalizadora. Como dijo José Luis Sampedro, “gobernar con la fuerza del miedo es muy eficaz; el miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga avanzando.”
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