Indefensión total. Esto es lo que sentimos muchos ciudadanos al ver cada día como se pisan nuestros derechos, como se atenta contra nuestra salud, como se nos margina a la hora de considerar la toma de una decisión política que nos afectará directamente.
Los ejemplos son muchos, pero hay tres recientes que nos enseñan hasta qué punto este modelo económico depredador nos somete a su dictado. El primero es el ya famoso Dieselgate, donde una multinacional de la automoción ha sido descubierta falseando las medidas de emisiones de sus vehículos diesel. Durante años, al ciudadano se le ha convencido de que este tipo de vehículo es a medio plazo más económico y más ecológico. En realidad han ido empeorando nuestra salud para que unos pocos obtengan un beneficio económico. Y una vez estallado el escándalo, el gobierno español no hace otra cosa que pedir a la UE que autorice vehículos aún más contaminantes para evitar consecuencias negativas para la economía española. Presionada por algunos Estados miembros, la Comisión Europea finalmente ha cedido y ha suavizado los límites de emisiones de estos vehículos.
El segundo ha saltado esta semana con el informe de la OMS que califica como potencialmente cancerígenas las carnes procesadas, levantando una gran polvareda en la opinión pública. Y ahora que mucha gente ha ido abandonando la dieta mediterránea aumentando la ingesta de carne, descubrimos que los procesos a los que la someten a fin de comercializarla son de todo menos inocuos para la salud.
El tercero ya viene de lejos: las políticas energéticas del gobierno central favoreciendo al oligopolio eléctrico que han culminado en la ley de autoconsumo que ha consagrado “el impuesto al sol”. En el país con más horas de radiación solar de toda Europa gastamos 45.000 millones de euros al año en importar combustibles fósiles para generar electricidad, y con el decreto se penaliza a los que quieren producir y autoconsumir energía gratuita y limpia si se conectan a la red para verter gratis su excedente de producción. Pagar para regalar energía que no ha tenido casi coste de producción. El mundo al revés.
Es decir, estamos en un modelo donde todo vale para hacer negocio. Forzamos la naturaleza para producir más de lo necesario, ponemos obstáculos al uso de recursos naturales que nos permitirían ahorrar y reducir las emisiones, manipulamos sin escrúpulos para hacer más atractivos los productos, modificamos los ciclos naturales para aumentar las cosechas y hacerlas más resistentes, mercadean con la salud y en el proceso degradamos los ecosistemas, contaminamos acuíferos y atmósfera y contribuimos de forma significativa a la gran amenaza que tenemos encima: el cambio climático. Por si fuera poco, ni siquiera somos beneficiarios directos de los beneficios económicos, pues la brecha entre los que más tienen y los que menos cada vez es mayor. Y eso por no hablar del TTIP, que merece capítulo aparte.
En este contexto, hacer una transición hacia un modelo económico más justo social y ambientalmente se convierte ya en una necesidad urgente que tenemos que abordar. Ni desde la UE ni desde los gobiernos centrales parece que la quieran impulsar, y de hecho la única solución que proponen para salir de la crisis es el crecimiento, perpetuando el modelo.
Por lo tanto, son los gobiernos locales y la ciudadanía los que deben dar los pasos necesarios para poner en marcha esta transición. Ya hay importantes ciudades europeas que lo hacen, y ahora desde el Ayuntamiento de Barcelona están planteando actuaciones en esta línea que levantan inmediatamente las críticas de oposición y sectores de la ciudadanía. Medidas como promover un operador energético verde, desarrollar la rehabilitación energética de las viviendas, apostar por un modelo de transporte público sostenible y eficiente, recuperar el agua como bien común, establecer una moneda social local, acondicionar los contratos a criterios de justicia social y ambiental, garantizar los suministros básicos, recuperar viviendas vacías para alquiler social, o fomentar la economía solidaria y colaborativa y el comercio de proximidad se enmarcan en esta transición que nos permitirá salir del círculo vicioso del productivismo y el consumo, permitiendo a la ciudadanía apoderarse y empujar a los gobiernos a emprender el camino que les marcamos hacia una sociedad más justa y respetuosa con el medio ambiente.
Los ciudadanos por nuestra parte podemos modificar poco a poco los hábitos haciéndonos socios de cooperativas de consumo, poniendo nuestros ahorros en banca ética, reduciendo nuestro consumo de energía, compartiendo recursos, utilizando el transporte público en la medida de lo posible o reutilizando y reciclando, por mencionar unos cuantos.
Tenemos herramientas para provocar cambios y acabar con la indefensión. Depende de nosotros que las pongamos en práctica.
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